Gobernador de La Guajira advierte fracaso de la “paz total” por aumento de violencia y crimen

La situación de orden público en La Guajira atraviesa un momento crítico marcado por la expansión de estructuras ilegales, el incremento de delitos y el impacto directo sobre la población civil y la actividad económica.

Así lo advirtió el gobernador del departamento, Jairo Alfonso Aguilar, quien aseguró que la política de “paz total” no ha producido resultados efectivos en esta región del país.

El mandatario afirmó que existe una preocupación creciente por el fortalecimiento de organizaciones armadas en el territorio.

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Según explicó, durante los últimos dos años estos grupos han consolidado su presencia, extendiendo su accionar hacia zonas urbanas y sectores vulnerables.

“El departamento enfrenta una situación compleja. La política de paz total ha sido un fracaso en La Guajira”, sostuvo Aguilar, al señalar que el fenómeno se refleja en el aumento de homicidios, extorsiones y disputas entre estructuras criminales.

Presencia de múltiples estructuras armadas

El gobernador detalló que en el departamento operan diferentes organizaciones, entre ellas las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada —conocidas como “Los Pachenca”—, disidencias de las Farc, el ELN y otros grupos criminales.

Estas estructuras no solo mantienen confrontaciones por el control territorial, sino que también buscan dominar economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando, actividades que históricamente han tenido incidencia en la región fronteriza.

En el caso de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, autoridades han señalado que esta organización controla corredores estratégicos para el tráfico de estupefacientes y está vinculada a delitos como extorsión, secuestro y homicidio en el norte del país.

Operativos recientes dan cuenta de la magnitud de su actividad. En abril de 2026, una acción conjunta de las Fuerzas Militares permitió neutralizar a nueve integrantes de la red de seguridad de uno de sus cabecillas en zona rural de Uribia, afectando de manera significativa su capacidad operativa.

De igual forma, en marzo de este año, autoridades rescataron a 25 personas que habían sido secuestradas por este grupo en La Guajira, lo que evidencia la persistencia de este delito en la región.

El gobernador Aguilar advirtió que el crecimiento de estas organizaciones ha derivado en un aumento de delitos de alto impacto.

Según indicó, la extorsión y los homicidios han registrado un incremento, al igual que las confrontaciones entre bandas por el control de territorios.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la captación de jóvenes en barrios vulnerables, quienes son vinculados a estas estructuras mediante incentivos asociados a economías ilegales.

Las zonas más afectadas, de acuerdo con el mandatario, son Riohacha y Maicao, donde la dinámica delictiva ha comenzado a alterar la vida cotidiana de los habitantes y el desarrollo de actividades comerciales.

Este panorama coincide con advertencias de organismos nacionales e internacionales que han señalado una expansión de grupos armados en distintas regiones del país, con control territorial y afectaciones a la población civil, especialmente en áreas donde la presencia institucional es limitada.

La política de “paz total”, impulsada por el Gobierno nacional desde 2022, busca establecer diálogos y acuerdos con diferentes actores armados para reducir la violencia y avanzar hacia su desmantelamiento.

Sin embargo, en regiones como La Guajira los resultados han sido cuestionados. Aunque se han abierto espacios de conversación con organizaciones como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra para su sometimiento a la justicia y el desescalamiento de acciones armadas, los avances han sido limitados frente a la persistencia de delitos y la expansión territorial.

Informes recientes también advierten que, pese a estos esfuerzos, la violencia ha continuado en varias zonas del país, con disputas entre grupos ilegales por el control de rutas y economías ilícitas.

Ante este escenario, el gobernador Aguilar señaló que se han adoptado medidas para reforzar la seguridad, entre ellas la instalación de un Gaula élite en Riohacha y Maicao, así como el aumento del pie de fuerza con la llegada de más de 60 uniformados.

Estas acciones buscan responder a hechos recientes, como los secuestros exprés reportados en el departamento, que, según el mandatario, suman al menos siete casos en los últimos meses.

No obstante, Aguilar advirtió que la respuesta institucional debe ser más contundente y coordinada. Subrayó la necesidad de fortalecer los mecanismos de inteligencia, agilizar las órdenes judiciales y mejorar la articulación entre entidades del Estado.

Uno de los principales retos señalados es la condición fronteriza del departamento. La cercanía con Venezuela permite a los grupos armados movilizarse con rapidez, lo que dificulta las operaciones de las autoridades.

“En menos de 15 minutos se puede cruzar la frontera”, explicó el gobernador, al indicar que la falta de cooperación binacional limita las acciones contra estas organizaciones.

El mandatario concluyó que la situación actual representa un retroceso frente a las condiciones de seguridad que el departamento había experimentado en años anteriores.

“Esto no se vivía desde hace más de una década”, afirmó, al insistir en la necesidad de decisiones de Estado que combinen acciones de seguridad con programas sociales dirigidos a la población joven, con el fin de prevenir su vinculación a estructuras criminales.

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