Galán pide revisar ley que permitiría a vehículos eléctricos livianos circular en ciclorrutas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió al Gobierno nacional revisar con detenimiento el proyecto de ley aprobado por el Congreso que permitiría a vehículos eléctricos livianos de hasta 1.000 vatios de potencia circular por las ciclorrutas del país. La iniciativa, que aún espera la firma del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley, ha generado polémica por sus posibles implicaciones en materia de seguridad vial.

Galán manifestó su respaldo a la movilidad sostenible, pero advirtió que la norma puede representar un riesgo tanto para los conductores de estos vehículos como para los usuarios habituales de las ciclorrutas, en su mayoría ciclistas.

“Decimos sí a la movilidad sostenible, pero con seguridad vial. Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que realice un análisis de conveniencia previo a la sanción de la ley, frente a los riesgos inminentes y graves que puede conllevar en materia de seguridad vial”, señaló el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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El proyecto de ley permitiría que bicicletas eléctricas, monopatines y otros vehículos de baja potencia compartan el espacio de las ciclorrutas, lo cual, según el alcalde, debe hacerse con plena garantía de integración al sistema de movilidad, sin que represente un peligro para ningún actor vial.

“Es deber de las autoridades asegurar una integración de estos vehículos al sistema de movilidad, pero sin que su uso represente un riesgo para sus conductores ni para las personas que usan la bicicleta”, agregó Galán.

El llamado del alcalde se da en medio de un creciente debate sobre la regulación del uso de vehículos eléctricos en entornos urbanos. Mientras algunos sectores defienden la medida como un avance hacia ciudades más sostenibles, otros advierten sobre la falta de infraestructura adecuada y normas claras que garanticen una convivencia segura en el espacio público.

La sanción presidencial del proyecto aún está pendiente, y dependerá ahora del análisis técnico y político que haga el Ejecutivo sobre los efectos de su implementación.

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