Fiscalía inspeccionó Alcaldía de Puerto Colombia por cesión gratuita de predios a particulares

La Fiscalía General de la Nación adelantó una inspección judicial en la Alcaldía de Puerto Colombia, Atlántico, como parte de las investigaciones relacionadas con la cesión gratuita de dos predios a particulares durante la administración del entonces alcalde Steimer Mantilla, en 2017.

De acuerdo con información conocida por El Heraldo, la diligencia se cumplió este viernes en la sede de la administración municipal y estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes recopilaron documentación jurídica, técnica y administrativa relacionada con las actuaciones adelantadas para la transferencia de los terrenos.

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El procedimiento busca establecer la trazabilidad de los actos administrativos mediante los cuales los predios salieron del patrimonio municipal y fueron entregados a particulares. Durante la inspección, el equipo investigador solicitó documentos correspondientes al periodo en el que Mantilla ejerció como alcalde de Puerto Colombia.

La Fiscalía seccional Atlántico explicó que el procedimiento corresponde a “una actuación investigativa orientada al acopio y aseguramiento de elementos materiales probatorios y evidencia física relevantes para la investigación”.

El ente investigador también precisó que este tipo de procedimientos no depende de acuerdos previos con las entidades en las que se practican. “Las inspecciones judiciales no constituyen citas concertadas, sino órdenes investigativas de obligatorio cumplimiento”, señaló la Fiscalía.

Uno de los terrenos objeto de las actuaciones corresponde a un lote de más de 5.300 metros cuadrados derivado de la división del predio conocido como Pajonal. El inmueble fue adjudicado a Francisco Javier Pizarro Guerra mediante la figura de vivienda de interés social.

A mediados de septiembre, la Alcaldía de Puerto Colombia informó que había hecho efectiva la revocatoria del acto administrativo mediante el cual se realizó la cesión de ese terreno.

El segundo caso está relacionado con un predio ubicado en la carrera 20 con calle 2, con una extensión aproximada de 33.000 metros cuadrados, que fue entregado a Alfredo Manuel Montoya Hoyos.

Según las estimaciones conocidas sobre el inmueble, su valor supera los $10.000 millones.

Las actuaciones de la Fiscalía se desarrollan mientras permanecen activos varios procesos relacionados con la transferencia de terrenos en Puerto Colombia.

La Fiscalía 36 Seccional de Barranquilla, adscrita a la Unidad contra la Fe Pública, Patrimonio Económico, Orden Económico Social y Otros, tiene a su cargo una investigación por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público por la cesión de un predio de 5.082 metros cuadrados.

Según los registros disponibles en el portal de la Fiscalía, dentro de ese proceso se adelantaron actuaciones los días 3 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre.

De manera paralela, la Fiscalía 53 de la Unidad de Patrimonio Económico adelanta otra investigación por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público relacionada con la cesión de predios en el municipio.

Las investigaciones también han sido objeto de solicitudes para acelerar las actuaciones. Durante las últimas semanas, Camacol, la Fundación Protransparencia y los abogados Fernando Borda y Alfonso Camerano pidieron a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, agilizar los trámites relacionados con una denuncia presentada en marzo de 2023 por el entonces alcalde Wilman Vargas.

Esa denuncia está relacionada con la apropiación de un terreno de 33.637 metros cuadrados y hace parte de las actuaciones que actualmente se encuentran bajo revisión de las autoridades.

La jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica de Puerto Colombia, Liliana Rojas González, explicó al medio que la inspección realizada por la Fiscalía guarda relación con hechos detectados por la actual administración municipal y puestos en conocimiento de las autoridades.

“Ellos están recopilando las pruebas de los hechos que narró la misma administración al evidenciar unos actos presuntos que generaron una transferencia de dominio. (…) En virtud de ello, nuestro equipo interdisciplinar se encuentra en disposición y colaborando con la entrega de toda la información que lleva a esclarecer esos hechos”, manifestó Rojas González.

La funcionaria señaló que la administración municipal ha adelantado acciones dirigidas a recuperar el patrimonio público involucrado en estos procedimientos y a determinar las circunstancias en las que se produjeron las transferencias.

“Todo nuestro personal técnico, jurídico y administrativo se encuentra, desde las diferentes oficinas, en la búsqueda y en el esclarecimiento de estos hechos, porque somos nosotros los principales dolientes y víctimas en esta situación. En ese sentido, estamos comprometidos en la recuperación de nuestro espacio público”, agregó.

Además de las investigaciones de la Fiscalía, otras entidades han adoptado medidas sobre los inmuebles. Después de un llamado del presidente Abelardo De la Espriella, la Superintendencia de Notariado y Registro suspendió temporalmente los efectos de decisiones administrativas anteriores relacionadas con el folio de matrícula inmobiliaria n.º 040-477286, correspondiente a un terreno de más de 5.000 metros cuadrados.

La Superintendencia también ordenó el bloqueo preventivo del inmueble mientras se revisan los procedimientos administrativos y registrales adelantados sobre el terreno.

Por otra parte, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla inició una actuación administrativa para verificar la situación jurídica de otros inmuebles que, en conjunto, suman 33.637 metros cuadrados.

La revisión comprende los predios identificados con los folios de matrícula inmobiliaria 040-445183, 040-445198, 040-609789, 040-625766 y los comprendidos entre el 040-630731 y el 040-630735.

La Alcaldía de Puerto Colombia también informó que impartió instrucciones administrativas para preservar los terrenos mientras las autoridades determinan su situación jurídica. Las medidas están dirigidas a impedir construcciones, mejoras u otras actuaciones materiales de ocupación sobre los inmuebles durante el desarrollo de los procedimientos.

La inspección judicial practicada por el CTI se suma así a las actuaciones que adelantan la Fiscalía, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla y la administración municipal frente a los predios cedidos a particulares en Puerto Colombia.

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