Auditoría a la DNI revela presunto uso político de la inteligencia durante el gobierno Petro

Una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) dejó al descubierto presuntas irregularidades en el manejo de información reservada, fallas de seguridad, posibles infiltraciones, cuestionamientos sobre el uso de gastos reservados y actuaciones que habrían tenido motivaciones políticas durante el gobierno de Gustavo Petro, según reveló Semana.

De acuerdo con la publicación, las conclusiones preliminares de la auditoría señalan que la DNI perdió niveles de confiabilidad, sufrió problemas en sus sistemas tecnológicos y registró situaciones que habrían comprometido información sensible para la seguridad del Estado.

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Semana indicó que entre los asuntos que ahora están bajo revisión aparecen posibles accesos indebidos a información, participación de agentes extranjeros y pérdida de capacidades institucionales.

Como parte de las investigaciones fueron puestos bajo cadena de custodia 147 terabytes de información, 40 computadores, cinco teléfonos celulares y varias tabletas.

Según Semana, ese material será entregado a la Fiscalía para que determine si existen conductas con relevancia penal y establezca las responsabilidades correspondientes.

Fuentes de la DNI consultadas bajo reserva por el medio hablaron incluso de un posible “concierto para delinquir”. De acuerdo con la publicación, al menos el 20 % de los más de 500 funcionarios de la entidad comenzó a suministrar información sobre hechos ocurridos durante los cuatro años anteriores.

Uno de los puntos examinados corresponde a la organización que tuvo la DNI durante el gobierno Petro. Según la información, dentro de la entidad funcionaron, por una parte, los equipos encargados de las labores ordinarias de inteligencia y, por otra, un grupo de “contrainteligencia de Estado” que reportaba al entonces presidente y al director de la agencia.

La reorganización de la entidad quedó consignada en el Decreto 1077 del 23 de agosto de 2024, firmado durante la administración Petro.

Funcionarios citados describieron ese componente de contrainteligencia como un “hoyo negro” que tuvo acceso a información reservada manejada entre 2022 y mediados de 2026, incluidos asuntos relacionados con sectores de oposición y la campaña presidencial.

La auditoría también revisa la relación entre la DNI, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Según la publicación, se investigan posibles extralimitaciones en la utilización de información privada correspondiente a opositores, periodistas y funcionarios.

Otro de los asuntos que deberá esclarecer la justicia es si desde la DNI se desarrollaron actuaciones destinadas a intervenir en la campaña presidencial.

Se señaló que las investigaciones deberán determinar si existieron expedientes con información reservada sobre candidatos y si alguno de ellos fue objeto de actividades de inteligencia.

El equipo auditor identificó además un supuesto mecanismo mediante el cual se generaba una amenaza contra determinada persona, posteriormente se le asignaba un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o de la Policía y, mediante ese dispositivo, se recopilaba información sobre el protegido.

La auditoría considera que esta práctica habría servido para desarrollar labores de infiltración.

Ante los hallazgos, el presidente De La Espriella ordenó revisar la estructura de la DNI, depurarla, modernizarla y recuperar sus capacidades.

De acuerdo con las fuentes citadas, la instrucción busca corregir el supuesto uso de la entidad “para fines políticos y delictivos”.

El Gobierno también proyecta incorporar temporalmente a expertos de las Fuerzas Militares y de la Policía para fortalecer las capacidades de la agencia. Asimismo, pretende restablecer y ampliar la cooperación internacional con organismos como la DEA, la CIA, el FBI, el Mossad y el MI6, además de fortalecer la participación colombiana en el Escudo de las Américas y el Grupo Egmont.

La nueva administración de la DNI recibió igualmente la instrucción de concentrarse en la “anticipación y neutralización” de amenazas relacionadas con espionaje, subversión y narcotráfico transnacional. Esa tarea quedó bajo responsabilidad del general retirado Jorge Andrés Zuluaga, quien asumió la dirección de la entidad.

La auditoría encontró problemas adicionales relacionados con el personal vinculado a la DNI durante el gobierno anterior. Por lo menos la mitad de los funcionarios que ingresaron durante ese periodo fueron señalados en el informe por problemas de idoneidad o confiabilidad. Algunos habrían reprobado pruebas de polígrafo o no cumplían determinados requisitos para desempeñarse dentro de la agencia.

Más de 100 trabajadores fueron clasificados con niveles de riesgo “crítico” o “alto”. El informe señala que algunos podrían tener intención de provocar “daño grave” desde el interior de la entidad. Parte de ese personal ya fue retirado como consecuencia del plan de choque implementado por el actual Gobierno.

Entre las situaciones detectadas aparece además la permanencia dentro de la DNI de una persona que tendría una orden de captura vigente y que, según la información publicada, todavía no ha podido ser desvinculada.

El informe también alerta sobre funcionarios que tendrían posibles vínculos con grupos armados organizados. Diez de ellos fueron clasificados como personas con alto riesgo de fuga de información.

En materia tecnológica, la auditoría concluyó que el sistema de ciberseguridad de la DNI es “vulnerable”. Se documentaron accesos no autorizados a información física, digital y verbal, además de debilidades en los protocolos para ingresar a las instalaciones y controlar activos institucionales.

Los investigadores revisan igualmente casos de funcionarios con doble nacionalidad colombiana y venezolana.

Según la auditoría existen sospechas sobre algunos registros civiles debido a que determinadas personas aparecen inscritas en Colombia apenas dos horas después de su nacimiento, situación que forma parte de las verificaciones en curso.

Otro capítulo de la auditoría se concentra en una posible injerencia extranjera. La publicación sostiene que existe una “sospecha fundada” sobre la presencia en Colombia de agentes de inteligencia procedentes de Rusia, Irán, Cuba y Venezuela que habrían tenido incidencia sobre la institución.

La investigación también revisa dos viajes realizados a Rusia. Por lo menos dos grupos, cada uno integrado por hasta diez personas de la DNI, habrían recibido entrenamiento en ese país durante 2025.

Según la información, la capacitación habría estado relacionada con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB.

Los informes de auditoría hablan de un “uso indebido de la entidad” y señalan que durante la administración anterior la DNI habría sido utilizada para vincular personal que no cumplía con las condiciones requeridas por una agencia de inteligencia.

En el componente tecnológico, el documento concluye que la gestión de seguridad digital necesita una “transformación estructural total” y advierte sobre deficiencias de infraestructura en los niveles estratégico, táctico y técnico, además de la necesidad de intervenir los sistemas de gobernanza, arquitectura y protección de la información.

La revisión también encontró presuntas irregularidades en los gastos reservados. Uno de los casos corresponde al software biométrico ABIS, adquirido por 580 millones de pesos para verificar huellas dactilares y controlar pagos realizados a fuentes de información.

Según la auditoría, el sistema nunca funcionó adecuadamente y actualmente no existe claridad completa sobre las personas que recibieron determinados recursos.

Un documento confidencial señala que algunos informantes eran identificados mediante códigos y habrían creado empresas y fundaciones de fachada.

También menciona el caso de una agente de contrainteligencia identificada como N. D., quien enfrenta un proceso relacionado con 20 millones de pesos y que, según el documento, únicamente habría justificado 20.000 pesos.

La auditoría examinó además la compra de un dron realizada en octubre de 2023 por aproximadamente 9.000 millones de pesos.

El equipo sufrió un accidente en el Catatumbo y fue declarado pérdida total. Según las conclusiones, el aparato no cumplía las especificaciones técnicas y debió ser operado por personal de la Fuerza Aérea debido a que su utilización no correspondía a las funciones propias de la DNI.

Durante los últimos cuatro años, la entidad destinó anualmente entre 7.000 y 10.000 millones de pesos a gastos reservados, aproximadamente. El desembolso más alto se produjo en 2025, durante la campaña presidencial.

Dentro de ese rubro, la auditoría detectó el uso de al menos 350 millones de pesos para misiones que, según el informe, no correspondían a las competencias de la Dirección de Contrainteligencia. Entre los asuntos mencionados aparecen los casos de alias Papá Pitufo, la denominada paz urbana en Medellín, alias el Mocho Olmedo y el periodista Enrique Tapias.

La auditoría también revisa la situación de una sede de la DNI en Funza, Cundinamarca. El inmueble terminó costando cerca de 40.000 millones de pesos y todavía no había sido entregado.

El informe denuncia además el proceder de los exdirectores de la DNI.

Otro episodio bajo investigación corresponde a la vinculación de una inspectora de la DNI que anteriormente había sido jueza en Tolima.

Su tarea habría sido establecer si existía información sobre una eventual participación del gobierno de Iván Duque en las muertes de varios jefes de las disidencias de las Farc ocurridas en territorio venezolano.

Las pesquisas incluyeron los casos de Jesús Santrich, Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa; Miguel Botache, alias Gentil Duarte, y alias Romaña, así como el atentado contra Iván Márquez ocurrido en junio de 2022 en Venezuela.

Las autoridades también deberán establecer si dentro de la DNI existió algún favorecimiento hacia narcotraficantes mencionados como Julio Lozano, J Firma, Boyaco Sinaloa, Tonto Contreras y Runcho, además de alias Falcón y Fortuna, señalados de tener relación con el Clan del Golfo, y miembros de las disidencias de las Farc.

La revista aseguró que parte de esa información proviene de fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La investigación publicada por Semana también aborda actuaciones que habrían involucrado a la DNI, la Uiaf y la Dian en la recopilación de información sobre personas consideradas opositoras al gobierno Petro.

Una fuente de la Uiaf aseguró al medio que se habrían realizado escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos sobre el entonces fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal Martha Mancera.

La misma fuente señaló que entre las personas que habrían sido objeto de monitoreo figuraban la entonces procuradora Margarita Cabello; el excontralor Carlos Felipe Córdoba; los generales retirados Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas; los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe; María Fernanda Cabal; Paloma Valencia; Miguel Uribe Turbay; Jenny Rozo; el abogado y columnista Ramiro Bejarano, y varios periodistas, entre ellos Vicky Dávila.

La auditoría y los testimonios también pusieron la atención sobre René Guarín, quien llegó a la Uiaf en octubre de 2022 como subdirector y permaneció allí hasta junio de 2023.

Se aseguró que Guarín tenía acceso a bases de datos relacionadas con productos financieros, información cambiaria, abonados celulares, registros notariales, vehículos, pensiones y movimientos migratorios.

La misma fuente afirmó que Guarín habría extraído información de los servidores para trabajarla de manera remota, una práctica prohibida dentro de la entidad.

Antes de su salida, según ese testimonio, los servidores de la Uiaf permanecieron fuera de servicio durante tres meses y técnicos externos ingresaron a trabajar en los sistemas.

Guarín llegó posteriormente, en agosto de 2023, a la Casa de Nariño como jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de la Información, cuando Carlos Ramón González dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Además se señaló al entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, como una de las figuras relevantes dentro de la reorganización del sistema de inteligencia durante el gobierno Petro. Velásquez ocupó la cartera entre 2022 y 2025 y, según la publicación, buscó centralizar el manejo de la inteligencia en la DNI con apoyo de la Uiaf y la Dian.

Con los resultados de la auditoría, la administración de Abelardo De La Espriella ordenó una depuración de la Dirección Nacional de Inteligencia y el fortalecimiento de sus capacidades.

Los documentos, dispositivos y archivos recopilados serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para que determinen si las conductas señaladas constituyen delitos y establezcan las responsabilidades individuales correspondientes.

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