Enfrentamientos entre disidencias desatan crisis humanitaria en Cartagena del Chairá

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente por la situación humanitaria que atraviesa el municipio de Cartagena del Chairá, en el oriente del Caquetá, donde la confrontación entre dos estructuras disidentes ha intensificado los riesgos para la población civil.

Según el organismo, la disputa territorial entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, comandado por alias Calarcá, y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, liderado por alias Iván Mordisco, ha derivado en confinamientos, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad que afectan principalmente a comunidades rurales del Bajo Caguán.

La entidad advirtió que los riesgos que había señalado desde 2024 hoy se están materializando. Entre las principales afectaciones se encuentran homicidios, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como ataques indiscriminados contra la población civil.

Uno de los episodios recientes ocurrió el 28 de enero de 2026, cuando el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez anunció un “paro armado” en el municipio. La medida se sumó a otra declarada en diciembre de 2025, lo que incrementó la presión sobre la vida cotidiana de los habitantes.

Las restricciones de movilidad no son nuevas. Desde octubre del año pasado, en sectores del Bajo Caguán se han impuesto limitaciones que han alterado las actividades productivas, el acceso a alimentos y la atención en salud. También se han registrado dificultades para que niños y jóvenes asistan a clases.

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La Defensoría subrayó que estas comunidades ya enfrentaban brechas históricas en infraestructura y presencia estatal, lo que agrava el impacto del confinamiento prolongado. Además de las afectaciones económicas, la entidad alertó sobre consecuencias en la salud mental y el tejido social de las familias.

Frente a este panorama, el organismo exigió a los grupos armados excluir de manera estricta a la población civil de las hostilidades y respetar las normas del derecho internacional humanitario. Asimismo, instó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar medidas urgentes, coordinadas y con enfoque diferencial para garantizar la protección y atención integral de las personas en riesgo.

La Defensoría anunció que mantendrá seguimiento permanente a la evolución de la situación en la región, mientras las comunidades del Bajo Caguán permanecen en medio de una disputa que mantiene en jaque la estabilidad del territorio.

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