ANI alerta por ola de robos y atentados en vías concesionadas del país

La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, advirtió sobre una serie de robos y atentados que han impactado de manera reiterada varios proyectos viales concesionados en el país, afectando su operación y desarrollo.

Uno de los hechos más recientes se presentó en la concesión Popayán–Santander de Quilichao. En la madrugada del 11 de febrero de 2026, personal técnico fue víctima de un robo en ese corredor. Según el reporte oficial, los delincuentes se llevaron uno de los vehículos asignados al proyecto y el equipo RSP, herramienta utilizada para medir la Rugosidad IRI, indicador clave para evaluar el estado de las carreteras y su incidencia en la seguridad vial.

La entidad recordó que el 30 de enero ya se había registrado un hurto en esa misma concesión, cuando fue robada una camioneta vinculada al proyecto. Ambos casos hacen parte de los registros de afectaciones que la ANI viene consolidando en distintos corredores.

Los incidentes no se limitan al suroccidente del país. El 15 de diciembre de 2025 se reportó un atentado contra la estación de peaje La Lizama, en Barrancabermeja, Santander. Meses antes, en octubre de 2025, el Proyecto Ruta del Sol Sector 3 fue escenario de un ataque armado: hombres ingresaron a un frente de obra, intimidaron al personal y quemaron maquinaria y equipos.

La ANI señaló que otras concesiones también han resultado afectadas, entre ellas la Troncal del Magdalena S2, que conecta Santa Marta, Riohacha y Paraguachón, así como proyectos en el corredor Antioquia–Bolívar y el peaje de Villa Rica, en la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca.

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A este panorama de seguridad se suman dificultades derivadas de las condiciones climáticas. La entidad indicó que las lluvias recientes han provocado desbordamientos de ríos, pérdida de banca, colapso de puentes e inundaciones en corredores ubicados en Nariño, el Urabá antioqueño, Córdoba y Magdalena.

Según la Agencia, estas situaciones comprometen la transitabilidad en vías estratégicas para la conexión regional y el transporte de bienes y personas, lo que puede generar impactos en la actividad económica.

En su pronunciamiento, la ANI reiteró su rechazo frente a los hechos violentos y aseguró que mantiene seguimiento permanente a las afectaciones reportadas en las concesiones, mientras se adelantan las acciones correspondientes para restablecer las condiciones de operación en los proyectos viales.

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