Gobierno declara emergencia económica y social en ocho departamentos por graves inundaciones

El Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del norte y noroeste del país, tras las severas inundaciones y eventos climáticos registrados entre enero y febrero de 2026. La medida quedó consignada en el Decreto 0150 del 11 de febrero y tendrá una vigencia de treinta días calendario.

La declaratoria cobija a Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, y otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para adoptar medidas urgentes y destinar los recursos presupuestales necesarios para atender la crisis.

De acuerdo con el decreto, el fenómeno fue provocado por el desplazamiento anómalo de un frente frío hacia latitudes más bajas, potenciado por un jet subtropical y la interacción de varios sistemas atmosféricos, según análisis del Ideam, la Dimar y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La situación generó lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en la región Caribe.

El balance oficial reporta 65 emergencias en 61 municipios, principalmente por inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa y vendavales. En total, 69.235 familias y 252.233 personas resultaron afectadas. Se registran 10 fallecidos y tres heridos.

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Las cifras dan cuenta de 19.798 hectáreas productivas dañadas, 110.831 hectáreas de cultivos afectadas y más de 11.900 viviendas averiadas, además de 4.158 destruidas. También presentan daños 111 vías, 39 puentes vehiculares, 19 peatonales, 38 acueductos y 91 centros educativos. Córdoba y Antioquia concentran la mayor parte de los damnificados.

El impacto en el sector agropecuario es significativo, especialmente entre pequeños productores. Según el documento, el 94,7 % de los predios afectados corresponde a sistemas de doble propósito y el 65,2 % pertenece a pequeños productores que dependen exclusivamente de esta actividad.

En materia de infraestructura hídrica, embalses como Urrá y Playas superaron el 103 % de su volumen máximo, lo que obligó a realizar descargas controladas. El área hidrográfica del Caribe registró en enero precipitaciones equivalentes al 289 % del promedio histórico, y en algunos sectores de febrero las lluvias superaron entre el 130 % y el 180 % de los niveles habituales.

El sector educativo reportó un aumento acelerado de sedes afectadas, pasando de 426 a 763 en apenas tres días. En salud, 15 centros de atención presentan daños y 729 instalaciones sanitarias están en riesgo de inundación.

El Invías documentó 173 emergencias viales y 140 movimientos en masa, con 107 cierres totales y 66 parciales. A esto se suma el deterioro de la infraestructura eléctrica y el riesgo sistémico del sector en la región Caribe, donde se concentran deudas superiores a 2,5 billones de pesos.

El Gobierno argumentó que la magnitud de la emergencia supera la capacidad operativa y presupuestal ordinaria, con más de 687.000 personas en riesgo de afectación directa. Además, advirtió que existe una probabilidad superior al 50 % de enfrentar periodos de sequía en el segundo semestre, lo que podría agravar la crisis energética y productiva.

Con la declaratoria, el Ejecutivo podrá expedir decretos con fuerza de ley orientados a transferencias monetarias, nuevas fuentes de financiación y ajustes normativos en sectores como energía, vivienda, agua, saneamiento y telecomunicaciones. Una vez finalice el estado de emergencia, el Congreso será convocado para ejercer control político sobre las medidas adoptadas.

Según el Gobierno, las decisiones tendrán carácter transitorio y estarán limitadas a la superación de la crisis que afecta a buena parte de la región Caribe y el noroccidente del país.

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