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Defensoría alerta sobre grave crisis humanitaria en Buenaventura por enfrentamientos armados
Más de 4.000 personas están en riesgo por la disputa entre el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc, según la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre un grave deterioro humanitario en Buenaventura, donde más de 4.000 personas están siendo afectadas por enfrentamientos entre el ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc. La defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió la alerta luego de una visita de verificación junto a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), señalando la alarmante situación de las comunidades del Bajo Calima.
Durante la visita, Marín explicó que la presencia y disputa armada entre estos grupos ilegales ha impactado directamente al Consejo Comunitario de Bajo Calima y al resguardo indígena wounaan de Santa Rosa de Guayana. Las comunidades, que habían retornado a sus territorios tras desplazamientos anteriores, ahora enfrentan nuevamente condiciones de violencia, afectando su vida, integridad y dignidad.
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La Defensoría documentó hechos graves como homicidios selectivos, presencia de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados, reclutamiento forzado de menores, desapariciones y violencia sexual. Estos hechos fueron advertidos en la alerta temprana 039 de 2023, sin que se haya logrado una respuesta efectiva para mitigar los riesgos.
Marín enfatizó que los líderes sociales continúan ejerciendo su labor en medio de amenazas, estigmatización y una limitada presencia institucional. Las comunidades afectadas exigen garantías para un retorno digno y seguro, y aseguran que no desean volver a vivir un nuevo ciclo de desplazamiento forzado.
La situación en Buenaventura refleja un panorama más amplio de inseguridad en el Valle del Cauca y el Cauca, donde confluyen diferentes actores armados ilegales que buscan controlar economías ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico y la trata de personas. La Defensoría hizo un llamado urgente al Estado para reforzar la presencia institucional y proteger a las comunidades en riesgo.
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