Decreto redefine el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá

El Gobierno nacional oficializó nuevas reglas para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá con la expedición del Decreto 0545 de 2026, una norma que establece lineamientos obligatorios para Bogotá, 30 municipios de la región, autoridades ambientales y desarrolladores de proyectos públicos y privados.

La medida busca consolidar un modelo de ordenamiento territorial basado en la protección del agua y los ecosistemas estratégicos, y deberá ser incorporada en los planes de ordenamiento territorial (POT), los instrumentos metropolitanos y el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Bogotá.

Según el Gobierno, la decisión responde al deterioro ambiental registrado durante las últimas décadas en la Sabana de Bogotá, donde la expansión urbana y los cambios en el uso del suelo han provocado pérdida de ecosistemas, fragmentación ambiental, disminución de áreas rurales y agropecuarias, afectaciones al ciclo hídrico y reducción de la conectividad ecológica.

Entre las principales disposiciones del decreto se encuentra la priorización de la restauración de ecosistemas clave para la protección del recurso hídrico. Para ello, las autoridades ambientales deberán impulsar programas de recuperación en microcuencas abastecedoras, páramos, bosques andinos, humedales, reservas forestales, corredores ecológicos y en el río Bogotá junto con sus afluentes.

La normativa también contempla mecanismos de financiación y gestión del suelo destinados a facilitar la adquisición, conservación o restauración de predios ubicados en áreas ambientales estratégicas. Asimismo, promueve la participación de comunidades, organizaciones sociales, productores rurales, universidades y actores privados en los procesos de restauración ecológica.

Uno de los puntos más relevantes del decreto es la protección de los ecosistemas de bosque andino y subxerofitia andina. Las corporaciones autónomas regionales tendrán un plazo de 24 meses para identificar, delimitar y cartografiar oficialmente estas áreas, además de definir zonas de conservación y restauración que garanticen la conectividad ecológica.

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En materia hídrica, la norma refuerza la protección de los humedales de la Sabana de Bogotá. Las autoridades deberán elaborar inventarios oficiales, delimitar estos ecosistemas y formular planes de manejo orientados a su conservación, rehabilitación y restauración.

Además, el decreto fija un plazo máximo de dos años para realizar el acotamiento de las rondas hídricas del río Bogotá y de sus principales afluentes. La medida busca prevenir nuevas intervenciones sobre zonas ambientalmente sensibles y reducir riesgos asociados a inundaciones y otros eventos relacionados con el manejo del agua.

Los municipios también estarán obligados a incorporar estas delimitaciones y ecosistemas estratégicos dentro de sus estructuras ecológicas principales y reflejarlas en los procesos de revisión o actualización de sus POT.

La normativa incluye igualmente lineamientos para el mantenimiento de humedales, priorizando intervenciones manuales sobre las mecanizadas, el control de especies invasoras, la siembra de especies nativas, la protección de áreas de anidación de fauna y el monitoreo permanente de la calidad del agua, los sedimentos y la biodiversidad.

Asimismo, el decreto impulsa estrategias de adaptación al cambio climático basadas en ecosistemas, promoviendo el uso de áreas de alto valor ambiental como herramientas para disminuir riesgos derivados de inundaciones, eventos climáticos extremos y degradación de los recursos naturales.

No obstante, la expedición de la norma reabre el debate sobre el equilibrio entre desarrollo urbano y protección ambiental. En 2025, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó reparos frente a una propuesta similar impulsada por el Gobierno nacional, argumentando que podría generar incertidumbre sobre proyectos de vivienda, movilidad e infraestructura, además de afectar la autonomía territorial de Bogotá y los municipios de la Sabana.

La implementación del decreto y la postura que adopten las administraciones locales serán determinantes para definir el alcance de una medida que transforma las reglas de planificación territorial en una de las regiones con mayor crecimiento urbano y presión ambiental del país.

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