Acuerdo de reparación a Hollman Morris genera polémica por beneficios que asumiría el próximo gobierno

El acuerdo de reparación suscrito entre el Estado colombiano y el periodista Hollman Morris ha generado controversia por los beneficios contemplados para él y su familia, así como por el hecho de que parte de su ejecución recaería sobre el próximo gobierno.

El Gobierno nacional ofreció este martes excusas públicas a Hollman Morris, actual gerente de RTVC, y a su familia por los actos de persecución y hostigamiento que sufrió entre 2004 y 2009.

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El acto de reconocimiento se realizó en la Casa de Nariño como parte de un Acuerdo de Solución Amistosa ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, relacionado con denuncias de persecución, amenazas, hostigamientos y vigilancia ilegal que, según el expediente, sufrió Morris entre 2004 y 2009, cuando dirigía el programa Contravía.

La reparación también cobija a su esposa, Patricia Casas, y a sus hijos, Daniela y Felipe Morris Casas. 

Entre las medidas de reparación acordadas se encuentra la producción de una serie audiovisual sobre el caso, que deberá ser realizada y costeada por el sistema de medios públicos y estrenada dentro del año siguiente a la firma del acuerdo, con una ejecución que podría extenderse hasta por cinco años.

El documento también contempla auxilios educativos para los dos hijos de Morris. Cada uno podrá acceder a recursos para cursar programas técnicos, tecnológicos, universitarios o de posgrado en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación, con cobertura de matrícula de hasta 11 salarios mínimos (SMMLV) por semestre.

Adicionalmente, tendrán apoyos de sostenimiento, dependiendo del lugar donde estudien: de dos (2) SMMLV si la Institución de Educación Superior se encuentra en el municipio de residencia del beneficiario o cuatro (4) SMMLV si la Institución de Educación está fuera del municipio de residencia del beneficiario.

De igual manera, el acuerdo prevé la inclusión de Felipe Morris en el Registro Único de Víctimas para tramitar exención del servicio militar, así como atención psicológica o psiquiátrica para la familia y un esquema de seguimiento cada cuatro meses durante dos años.

En cuanto a la indemnización económica, el documento establece que su monto será definido posteriormente conforme a la Ley 288 de 1996, sin precisar aún el valor total que asumirá el Estado, aunque precisa que se descontarán los pagos ya recibidos para evitar una doble compensación.

La firma del acuerdo, realizada pocas semanas antes del cambio de gobierno, ha despertado cuestionamientos debido a que varias de las obligaciones pactadas, incluidos los recursos para la serie y otros beneficios, deberán ser ejecutadas durante la administración del presidente electo Abelardo De La Espriella.

La reparación también ha generado debate por coincidir con las denuncias por presunto acoso laboral y sexual que enfrenta actualmente Hollman Morris, situación que ha llevado a distintos sectores a cuestionar el mensaje institucional que representa este reconocimiento público.

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