Consuelo González pide a exjefes de las Farc revelar qué pasó con los secuestrados desaparecidos en el Huila

La participación de integrantes del antiguo Secretariado de las Farc en labores de búsqueda de personas desaparecidas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, abrió una controversia entre víctimas del conflicto que cuestionan tanto el lugar escogido para desarrollar la actividad restaurativa como el alcance de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los antiguos comandantes de esa guerrilla.

Desde el 21 de septiembre, exintegrantes de la cúpula de las Farc comenzaron a ejecutar las sanciones propias ordenadas dentro del Caso 01, relacionado con la política de secuestros y otras graves privaciones de la libertad.

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En Pitalito participan Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel, mientras Pablo Catatumbo y Julián Gallo fueron asignados inicialmente a actividades de memoria en Bogotá.

La intervención en el cementerio huilense, coordinada técnicamente por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), contempla la adecuación del terreno, excavaciones manuales, tamizado y otras tareas de apoyo a los equipos especializados.

Los exintegrantes de las Farc no cumplen funciones forenses. El propósito inicial es contribuir a la recuperación e identificación de cuerpos de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Sin embargo, la presencia de los antiguos comandantes en el camposanto provocó reparos entre algunas víctimas de las Farc en el sur del Huila. Una de las voces que intervino en la discusión fue Consuelo González de Perdomo, excongresista que permaneció secuestrada por esa guerrilla durante más de seis años y fue liberada en enero de 2008.

González pidió que los antiguos integrantes de las Farc que se encuentran en Pitalito entreguen información concreta sobre personas secuestradas cuyo paradero continúa sin establecerse.

En particular, mencionó los casos de Silvio Burbano, Mariano Sánchez, Idelfonso Orozco, Javier Chimbaco Vargas y Erik Alejandro Samboní.

Según González, se trata de ciudadanos de Pitalito y Acevedo que fueron secuestrados por las Farc y sobre quienes sus familias continúan reclamando información.

Señaló que en algunos de esos casos se habría pagado rescate y recordó que Javier Chimbaco Vargas, soldado, fue obligado a salir de su vivienda en la vereda El Recuerdo.

La excongresista planteó que los antiguos guerrilleros presentes en Pitalito deberían indicar los lugares donde podrían encontrarse los restos de esas personas o explicar qué ocurrió con ellas.

Su petición puso en el centro de la controversia una de las principales demandas de los familiares de desaparecidos: que el cumplimiento de las sanciones restaurativas esté acompañado por información que permita establecer el destino final de las víctimas.

Otros familiares han formulado cuestionamientos similares sobre la ubicación elegida. Albaluz Polanco, víctima acreditada que busca a su hijo Mauricio Polanco, secuestrado y desaparecido por las Farc, ha sostenido que las personas desaparecidas por esa guerrilla en la región no necesariamente fueron sepultadas en el cementerio de Pitalito.

Según información conocida durante el proceso judicial, las Farc solían dejar o enterrar a algunas víctimas en los lugares donde murieron, por lo que sectores de víctimas reclaman información territorial precisa de quienes participaron o tuvieron conocimiento de esos hechos.

La dimensión de la búsqueda en Huila supera la intervención que actualmente se realiza en el cementerio. La JEP tiene conocimiento de 14 personas que fueron secuestradas por las Farc en ese departamento y continúan desaparecidas.

Además, al menos 254 hechos de secuestro ocurrieron en territorio huilense y 262 víctimas acreditadas ante la jurisdicción residen allí. De acuerdo con cifras de la Unidad de Búsqueda citadas en el desarrollo de la intervención, en todo Huila existen registros de 1.762 personas dadas por desaparecidas.

La controversia también volvió a poner bajo discusión la naturaleza y duración de las sanciones dictadas contra quienes integraron el último Secretariado de las Farc. La JEP los declaró responsables en el Caso 01 por crímenes relacionados con la política de secuestros.

La propia sentencia aborda conductas calificadas como crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellas torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos.

Las sanciones no corresponden a penas ordinarias de prisión. Rodrigo Londoño y Pablo Catatumbo recibieron ocho años de sanción propia; Jaime Alberto Parra, siete años, diez meses y dos días; Milton de Jesús Toncel, siete años, ocho meses y 25 días; Pastor Alape, seis años, 11 meses y 22 días; Julián Gallo, seis años, y Rodrigo Granda, cinco años.

Este modelo de sanción ha sido cuestionado por sectores de víctimas y críticos de la justicia transicional, que consideran insuficiente que los máximos responsables no sean enviados a prisión por la gravedad y magnitud de los crímenes reconocidos.

La JEP, por su parte, aplica el régimen establecido en el Acuerdo de Paz para quienes reconocieron verdad y responsabilidad, basado en sanciones restaurativas acompañadas de restricciones efectivas de derechos y libertades.

Esa diferencia entre la justicia penal ordinaria y el sistema transicional explica buena parte del debate que vuelve a rodear el caso de Pitalito.

Durante el cumplimiento de las sanciones, los comparecientes deben permanecer en las zonas territoriales determinadas por la JEP, desarrollar las actividades durante los horarios establecidos y someterse a restricciones de movilidad.

Tampoco pueden salir del país y están sujetos a monitoreo electrónico permanente. Las sanciones incluyen, además de la búsqueda de desaparecidos, proyectos de desminado humanitario, memoria histórica, infraestructura y protección ambiental.

El Caso 01 comprende más de 21.000 víctimas de secuestros atribuidos a las Farc. La JEP estableció responsabilidades de los antiguos integrantes del Secretariado por una política que incluyó la privación de la libertad de civiles para obtener recursos mediante rescates y el secuestro de integrantes de la Fuerza Pública y civiles con fines de intercambio, además de crímenes cometidos durante los cautiverios.

Así, mientras los antiguos comandantes cumplen en Pitalito la primera fase visible de las sanciones restaurativas, familiares y víctimas reclaman que su presencia en el territorio se traduzca en resultados concretos.

La exigencia se concentra ahora en obtener información que permita ubicar a quienes fueron secuestrados y nunca regresaron, esclarecer las circunstancias de su desaparición y entregar sus restos a las familias cuando hayan muerto.

La petición de Consuelo González resume ese reclamo: que quienes pertenecieron a las Farc y poseen información sobre desaparecidos del sur del Huila aporten nombres, lugares y datos verificables que conduzcan a establecer qué ocurrió con ellos.

Para las familias que continúan buscando, la discusión sobre el cementerio de Pitalito no se limita al lugar donde los antiguos comandantes cumplen una sanción, sino a si ese proceso permitirá avanzar efectivamente en una de las deudas que dejó el conflicto: conocer el destino de las personas que fueron secuestradas y jamás volvieron a sus hogares.

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