Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán por presuntos vínculos con grupos terroristas

Colombia rompió formalmente relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, tras señalar razones relacionadas con la seguridad nacional y hemisférica, presuntos vínculos del Gobierno iraní con organizaciones terroristas y narcoterroristas y una serie de hechos que, según las autoridades colombianas, deterioraron la confianza entre ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este 24 de septiembre que la decisión había sido adoptada desde el pasado 19 de septiembre, como parte de las medidas del Gobierno colombiano frente a asuntos de seguridad y lucha contra el crimen transnacional.

Lea también (David Murcia se retracta de señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella)

Según la Cancillería, entre los elementos considerados para tomar la determinación están los “presuntos vínculos del Gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país”.

El Gobierno colombiano indicó que estos señalamientos hicieron parte de las consideraciones que llevaron a poner fin a las relaciones diplomáticas con Teherán.

A estos se sumaron otros hechos que, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, afectaron la confianza de Colombia en las autoridades iraníes.

La Cancillería mencionó entre sus argumentos las “violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el Gobierno iraní en su territorio”, así como ataques que, según Colombia, fueron verificados contra países que no forman parte del conflicto en Medio Oriente.

Otro de los aspectos incluidos por el Gobierno colombiano corresponde al bloqueo del estrecho de Ormuz. La Cancillería también hizo referencia a la obstrucción por parte de las autoridades iraníes a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, organismo encargado de verificar el alcance del programa nuclear de Irán.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la suma de estas circunstancias produjo un deterioro de la relación entre Bogotá y Teherán y llevó al Gobierno colombiano a adoptar la decisión de romper los vínculos diplomáticos.

“Los hechos descritos deterioraron la confianza de Colombia con el Gobierno de la República Islámica de Irán”, señaló la Cancillería al comunicar la determinación.

El Ministerio explicó que la medida se encuentra enmarcada en los principios que orientan la política exterior del actual Gobierno, particularmente en asuntos relacionados con la seguridad nacional, la seguridad hemisférica y la posición de Colombia frente a las organizaciones vinculadas con el crimen transnacional.
Pese a la ruptura de las relaciones diplomáticas, Colombia mantendrá los vínculos consulares con Irán.

La Cancillería aclaró que la determinación anunciada no implica el rompimiento de las relaciones consulares entre los dos países.

El Ministerio sustentó esta diferencia en las disposiciones contempladas en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y en el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

“Lo anterior no significa la ruptura de relaciones consulares”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores al explicar el alcance de la decisión adoptada por Colombia.

Con la ruptura de los vínculos diplomáticos, la Dirección de Protocolo de la Cancillería colombiana quedará encargada de informar a las autoridades de la República Islámica de Irán sobre el procedimiento que deberá seguirse a partir de la decisión.

El Gobierno colombiano también reiteró que la defensa de la soberanía nacional continuará como uno de los ejes de su política exterior y señaló que sus actuaciones diplomáticas estarán dirigidas a la protección de los intereses del país.

En ese marco, Colombia aseguró que su diplomacia buscará proteger las fronteras nacionales, rechazar cualquier forma de injerencia externa y defender a los ciudadanos colombianos y los intereses del país ante la comunidad internacional.

Una de las voces que durante años ha denunciado la situación de los derechos humanos en Irán es Masih Alinejad, periodista, escritora y activista iraní exiliada, quien ha documentado la represión contra mujeres, niñas, manifestantes y personas de la comunidad LGBTI.

Alinejad ha centrado parte de su trabajo en las restricciones impuestas a las mujeres por la República Islámica y en las consecuencias que enfrentan quienes desafían las normas establecidas por las autoridades.

Alinejad ha denunciado que las niñas iraníes están sometidas desde los siete años a las disposiciones sobre el uso obligatorio del hiyab y que las mujeres que se niegan a cumplirlas pueden enfrentar detenciones, procesos judiciales, prisión y castigos corporales.

La activista sostiene que el velo obligatorio no constituye para ellas únicamente una norma sobre vestimenta, sino un instrumento mediante el cual el Estado controla aspectos de la vida cotidiana de las mujeres.

La periodista ha señalado además que las restricciones no terminan con el uso obligatorio del velo. En sus intervenciones públicas ha denunciado limitaciones para las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad iraní y ha recordado que quienes desafían las normas pueden ser perseguidas por las autoridades.

Alinejad impulsó campañas como My Stealthy Freedom y White Wednesdays, mediante las cuales mujeres iraníes comenzaron a enviar fotografías y videos en los que aparecían sin el velo obligatorio como forma de protesta.

La situación alcanzó repercusión internacional después de la muerte de Mahsa Jina Amini, de 22 años, en septiembre de 2022, después de haber sido detenida por la denominada Policía de la Moral por la forma en que llevaba el hiyab.

Alinejad convirtió el caso en uno de los principales ejemplos de sus denuncias sobre el trato que reciben las mujeres y calificó las normas sobre el velo obligatorio como uno de los pilares del sistema de control impuesto por la República Islámica.

La activista también ha denunciado la muerte de adolescentes y jóvenes durante las protestas. Entre los casos que ha mencionado está el de Nika Shakarami, de 16 años, quien participó en las manifestaciones de 2022 y fue hallada muerta después de desaparecer.

Alinejad ha denunciado igualmente el caso de Hadis Najafi, una joven de 20 años que murió durante las protestas. Según la periodista, las familias de algunas víctimas también han sido sometidas a presiones por parte de las autoridades iraníes.

Alinejad ha denunciado, además, detenciones de estudiantes y menores durante las jornadas de protesta, así como el encarcelamiento de mujeres que participaron en manifestaciones contra el Gobierno.

También ha advertido sobre denuncias de tortura, violencia sexual, desapariciones, confesiones forzadas y condenas dictadas contra personas detenidas durante las movilizaciones.

La periodista ha afirmado que mujeres detenidas durante las protestas han sufrido violencia sexual dentro de las cárceles. También ha denunciado que manifestantes han sido golpeados, sometidos a torturas y procesados ante tribunales que posteriormente han impuesto condenas de prisión o pena de muerte.

Estas denuncias sobre tortura, violaciones y otras formas de violencia sexual durante la represión de las protestas de “Mujer, Vida, Libertad” también han sido documentadas por organismos internacionales de derechos humanos.

Otro de los grupos sobre los que Alinejad ha llamado la atención es la comunidad LGBTI. La activista ha denunciado que las personas homosexuales y otras personas de esta comunidad no pueden desarrollar libremente su vida en Irán y se enfrentan a persecución por su orientación sexual o identidad de género.

Ha advertido que las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo pueden ser castigadas con penas que incluyen azotes y, en determinados supuestos establecidos por la legislación iraní, la pena de muerte.

Alinejad también ha señalado que las personas LGBTI pueden verse obligadas a ocultar su orientación sexual ante el riesgo de persecución estatal y rechazo social.

Según sus denuncias, algunas personas enfrentan no solo las sanciones previstas por el Estado, sino amenazas dentro de sus propias familias y comunidades. La activista ha sostenido que homosexuales y otras personas de la comunidad LGBTI pueden enfrentar azotes, encarcelamiento y ejecución por conductas relacionadas con su vida privada.

La represión contra quienes protestan contra el Gobierno iraní constituye otro de los ejes de las denuncias de Alinejad.

La periodista ha señalado que las autoridades han utilizado detenciones, condenas de prisión y ejecuciones para contener las movilizaciones.

También ha denunciado que familiares de personas muertas durante las protestas han sido detenidos o perseguidos después de reclamar investigaciones y justicia.

Alinejad ha relatado que algunos manifestantes condenados a muerte han sido sometidos a procesos judiciales cuestionados por organizaciones defensoras de derechos humanos y que las autoridades han utilizado confesiones obtenidas bajo presión.

También ha denunciado restricciones de internet durante las protestas, una medida que, según sostiene, dificulta que imágenes y testimonios sobre la actuación de las fuerzas de seguridad lleguen al exterior.

La propia Alinejad ha sido objeto de acciones atribuidas por autoridades estadounidenses al Gobierno iraní debido a su actividad periodística y política en el exilio. Estados Unidos ha investigado planes para secuestrarla y asesinarla en territorio estadounidense.

La activista ha sostenido que estas acciones forman parte de una política destinada a intimidar a opositores y periodistas iraníes incluso fuera del país.

Otras noticias