Ataques con drones en Cajibío: más de 600 familias denuncian asedio de la Jaime Martínez

Más de 600 familias del corregimiento de Ortega, en zona rural de Cajibío, Cauca, permanecen en medio de una situación de seguridad marcada por ataques con explosivos, utilización de drones, disparos, quema de viviendas y denuncias sobre reclutamiento de menores de edad atribuidas a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

Ante lo que ocurre en la zona, habitantes y representantes de las comunidades se trasladaron hasta Popayán para solicitar una mayor intervención de la fuerza pública. Los pobladores llegaron al Cantón Militar General José Hilario López, donde funciona la sede de la Tercera División del Ejército Nacional, con el propósito de exponer la situación que enfrentan y pedir el incremento de las operaciones militares en el corregimiento.

Según los testimonios entregados por los habitantes, los integrantes del grupo armado han utilizado drones para lanzar artefactos explosivos, además de morteros improvisados conocidos como tatucos.

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Las comunidades también denunciaron disparos contra sectores poblados y acciones que han obligado a campesinos a abandonar sus viviendas.

Los hechos han ocasionado daños en inmuebles de la zona. De acuerdo con las denuncias de los líderes comunitarios, algunas viviendas fueron incendiadas durante las acciones armadas y varias familias han tenido que salir de sus lugares de residencia ante el riesgo de nuevos ataques.

Uno de los voceros que se desplazó hasta Popayán explicó que los habitantes permanecen expuestos a diferentes modalidades de ataque y aseguró que la capacidad de la fuerza pública desplegada en el sector resulta insuficiente frente al número de integrantes de la estructura armada.

“Están atacando con drones, tatucos y toda clase de explosivos. Le han disparado a la gente civil con niños presentes, han quemado casas y se han tomado completamente el corregimiento. Hay más de 600 familias sumidas en la zozobra y la fuerza pública no da abasto”, manifestó uno de los representantes de la comunidad.

Las denuncias de los habitantes también incluyen retenciones y agresiones contra personas que residen en el corregimiento. Según los testimonios entregados por los pobladores, algunos civiles habrían sido retenidos y sometidos a torturas por integrantes del grupo armado.

En medio de los ataques, un habitante resultó herido el martes 11 de agosto después de ser alcanzado por la explosión de un artefacto lanzado desde un dron. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima recibió inicialmente atención por parte de enfermeros de combate del Ejército.

Posteriormente, el hombre fue evacuado en helicóptero hasta Popayán para ser trasladado a un centro asistencial donde pudiera recibir atención médica.

A las acciones con explosivos se suman las denuncias relacionadas con menores de edad. Los líderes comunitarios informaron sobre la retención de dos jóvenes en la vereda La Palma y señalaron que hasta el momento desconocen su paradero.

La situación ha generado preocupación entre las familias de Ortega, que también advierten sobre el riesgo de reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de la estructura armada que mantiene presencia en este sector de Cajibío.

Frente a los hechos registrados en la zona, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional adelantan operaciones junto con la Fuerza Aérea Colombiana. Las acciones buscan contener los ataques, proteger a los habitantes y recuperar el control de los sectores afectados por la presencia del grupo armado.

Sin embargo, los representantes de las comunidades solicitaron que se amplíe el despliegue de unidades terrestres y el apoyo aéreo.

Según los pobladores, los integrantes de la estructura Jaime Martínez continúan llegando al corregimiento a través de diferentes corredores viales y zonas montañosas, mientras las tropas que se encuentran en el área deben atender los ataques.

La petición de los habitantes que viajaron hasta Popayán está dirigida a conseguir un incremento de la presencia militar que permita proteger a las familias y contener las acciones armadas que se vienen registrando en las veredas y demás sectores del corregimiento.

El Ejército Nacional señaló que las actuaciones atribuidas a la estructura Jaime Martínez constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

La institución indicó que integrantes del grupo armado han utilizado instalaciones educativas y viviendas habitadas para protegerse y realizar ataques contra las tropas.

De acuerdo con la información militar, esta forma de actuación expone a estudiantes, docentes y habitantes de las comunidades a los enfrentamientos. El Ejército sostuvo que el uso de estos lugares desconoce los principios de distinción y precaución establecidos por el Derecho Internacional Humanitario.

Las autoridades militares mantienen operaciones en el sector con el objetivo de recuperar la movilidad por los corredores viales del corregimiento y enfrentar a los integrantes de la estructura armada que permanecen en el municipio.

El Ejército también informó que continuará utilizando sus capacidades institucionales para proteger a la población, restablecer las condiciones de seguridad y recuperar el control territorial en las áreas de Cajibío afectadas por las acciones del grupo armado, dentro del marco constitucional y con respeto por los derechos humanos.

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