Detalles de la revocatoria de visa a EE.UU. a Euclides Torres y Martha Peralta bajo nueva política contra la corrupción

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de las visas del contratista colombiano Euclides Antonio Torres Romero, de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y de sus familiares inmediatos, como parte de una nueva política de restricciones migratorias dirigida contra ciudadanos extranjeros que, según el Gobierno estadounidense, socaven gobiernos elegidos democráticamente mediante actos de corrupción o actividades relacionadas con el narcotráfico en países del hemisferio occidental.

La medida fue comunicada oficialmente por Thomas “Tommy” Pigott, portavoz del Departamento de Estado, a través de la Oficina del Portavoz, en un pronunciamiento titulado “Restricciones de visa para ciudadanos extranjeros que socavan gobiernos elegidos democráticamente en países del hemisferio occidental”.

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El Gobierno del presidente Donald Trump señaló que los funcionarios extranjeros corruptos ya no podrán ingresar libremente a Estados Unidos y explicó que las decisiones anunciadas hacen parte de los compromisos asumidos para defender la gobernabilidad democrática en el hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico.

Según el Departamento de Estado, esos compromisos fueron adquiridos durante la Cumbre de Doral y posteriormente reafirmados en la declaración de los líderes de Escudo de las Américas del 22 de septiembre.

El Gobierno estadounidense recordó que esa declaración contempla la coordinación de sanciones, designaciones y acciones financieras contra terroristas y delincuentes que socaven la seguridad, el Estado de derecho y la democracia.

En desarrollo de esos compromisos, el Departamento de Estado anunció una nueva política de restricciones de visas bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, conocida como INA por sus siglas en inglés.

La nueva política restringe la expedición o conservación de visas para ciudadanos extranjeros y sus familiares inmediatos cuando, según las autoridades estadounidenses, socaven un gobierno elegido democráticamente mediante actos de corrupción o actividades de narcotráfico en la región.

El Departamento de Estado advirtió que socavar un gobierno elegido democráticamente constituye una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y sostuvo que ese tipo de actuaciones no será tolerado.

Washington señaló, además, que la política constituye un mecanismo de carácter permanente que permitirá a Estados Unidos actuar con rapidez, en coordinación con sus socios internacionales, a medida que se desarrollen nuevas evidencias.

El Departamento de Estado informó que comenzó inmediatamente a adoptar medidas bajo esta política en respaldo de otros participantes de Escudo de las Américas: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En el caso de Bolivia, la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visa a 12 ciudadanos bolivianos y a sus familias. El Departamento de Estado revocó las visas existentes de Martin Daniel Irusta Flores, identificado como fiscal superior; Albania Chane Caballero Saavedra, jueza primera de investigación anticorrupción y violencia contra la mujer en el departamento de Santa Cruz; Alberto Zeballos Flores, fiscal jefe de Santa Cruz, y Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de instrucción penal en el departamento de Santa Cruz.

También fueron revocadas las visas de Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional; Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, actual fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca; Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional; Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional; Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Juzgado Primero de Instrucción Penal de La Guardia; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía boliviana, y José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.

La medida estadounidense comprende igualmente a las familias de las 12 personas mencionadas.

El Departamento de Estado agregó que otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no poseen visas estadounidenses, junto con sus familias, quedaron, en términos generales, impedidos para recibir visas.

En Colombia, la Administración Trump adoptó medidas para imponer restricciones de visa a dos ciudadanos colombianos y sus familias.

El primero es Euclides Antonio Torres Romero, a quien el Departamento de Estado identificó como un empresario privado propietario de un conglomerado que opera principalmente en los sectores de energía, semaforización y alumbrado público.

La segunda es Martha Isabel Peralta Epieyú, identificada por el Gobierno estadounidense como senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS.

El Departamento de Estado informó que fueron revocadas las visas existentes de Euclides Antonio Torres Romero y Martha Isabel Peralta Epieyú, así como las correspondientes a sus familias.

En Ecuador, la Administración Trump tomó medidas para imponer restricciones de visa a dos ciudadanos ecuatorianos y sus familias. El Departamento de Estado informó que revocó las visas de las dos personas objeto de las medidas, aunque en el pronunciamiento no reveló sus identidades.

En Perú, la Administración Trump adoptó medidas para imponer restricciones de visa a un ciudadano peruano y a su familia.

El afectado es Juan Carlos Núñez Matos, identificado por el Departamento de Estado como juez del Primer Juzgado Constitucional de Lima. Washington revocó la visa vigente del funcionario y las visas correspondientes a su familia.

El Departamento de Estado explicó que todas estas actuaciones relacionadas con la nueva política de restricciones migratorias fueron adoptadas bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

De acuerdo con la explicación contenida en el pronunciamiento, esta disposición impide el ingreso a Estados Unidos de aquellas personas cuya entrada o cuyas actividades propuestas puedan tener consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior estadounidense.

El comunicado del 28 de septiembre incluyó, además, una medida adicional contra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien el Departamento de Estado designó públicamente por su participación en lo que calificó como “corrupción significativa”.

Como consecuencia de esta designación, Mariaca y sus familiares inmediatos quedaron, en términos generales, impedidos para ingresar a Estados Unidos.

El Departamento de Estado indicó que Mariaca fue elegido en 2024 para un periodo de seis años como fiscal general durante el mandato del presidente Luis Arce, a quien el pronunciamiento estadounidense calificó como un mandatario de extrema izquierda.

Mariaca había ocupado previamente un cargo como fiscal general de Santa Cruz, según la descripción contenida en el comunicado.

En este caso, Washington formuló señalamientos específicos contra el funcionario boliviano.

El Departamento de Estado afirmó que Mariaca abusó de sus cargos públicos mediante la solicitud y aceptación de sobornos para facilitar el narcotráfico y que ayudó a delincuentes violentos a evadir la acción de la justicia.

Según el Gobierno estadounidense, esas actuaciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Donald Trump para combatir el “narcoterrorismo” y, al mismo tiempo, socavan las instituciones democráticas que Bolivia, como participante de Escudo de las Américas, trabaja por fortalecer.

El Departamento de Estado aseguró que el mensaje del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, es que “los funcionarios corruptos —y los delincuentes a quienes protegen— no son bienvenidos en Estados Unidos”.

La designación pública contra Roger Mariaca fue adoptada bajo la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026, correspondiente a la División F de la Ley Pública 119-75.

El Departamento de Estado explicó que la sección 7031(c) exige al secretario de Estado designar, pública o privadamente, a funcionarios extranjeros y a sus familiares inmediatos cuando el secretario disponga de información creíble sobre su participación en actos de corrupción significativa o en una grave violación de los derechos humanos.

El pronunciamiento establece así dos mecanismos jurídicos diferentes. El primero corresponde a la nueva política de restricciones de visa amparada en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, utilizada de manera inmediata para adoptar medidas relacionadas con ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y sus familias.

Dentro de ese grupo se encuentran los colombianos Euclides Antonio Torres Romero y Martha Isabel Peralta Epieyú, cuyas visas existentes fueron revocadas junto con las de sus familias.

El segundo mecanismo corresponde a la designación pública del fiscal general boliviano Roger Mariaca por su presunta participación en corrupción significativa, adoptada bajo la sección 7031(c).

El Departamento de Estado presentó toda la actuación como parte de la estrategia de la Administración Trump para coordinar sanciones, designaciones y acciones financieras contra personas que, según Washington, afecten la seguridad, el Estado de derecho y la democracia en el hemisferio occidental, y para responder a los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y ratificados por los participantes de Escudo de las Américas el 22 de septiembre.

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