Walter Mendoza pide al presidente Abelardo De La Espriella reabrir diálogos de paz con la CNEB

José Vicente Lesmes, conocido como Walter Mendoza y uno de los jefes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), pidió al presidente Abelardo De La Espriella abrir un nuevo escenario de diálogo con esa organización armada y aseguró que está dispuesto a avanzar hacia la dejación de las armas y el tránsito a la vida civil.

La solicitud fue planteada mediante una carta enviada al jefe de Estado, en la que Mendoza manifestó que la estructura mantiene su voluntad de paz pese a la decisión del Gobierno de terminar la mesa de conversaciones que había sido instalada durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

La petición se produjo después de que De La Espriella ordenara cerrar el proceso con la CNEB, dentro de las decisiones adoptadas por su Gobierno para poner fin a las mesas y espacios sociojurídicos que permanecían activos desde la denominada política de paz total. El Ejecutivo argumentó que no encontró evidencias suficientes de una voluntad real de paz y reinserción a la vida civil por parte de las organizaciones involucradas.

La decisión también implicó retirar el reconocimiento a los negociadores de la Coordinadora y posteriormente revocar la designación de los representantes del Gobierno que participaban en el proceso. Asimismo, el Ejecutivo dispuso terminar la Zona de Ubicación Temporal establecida en el Valle del Guamuez, Putumayo.

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Mendoza, quien participó como jefe negociador de la CNEB durante el Gobierno Petro, sostuvo en su comunicación que todavía existen condiciones para retomar las conversaciones y planteó al presidente la posibilidad de establecer un diálogo sociojurídico que tenga como beneficiarios principales a las víctimas del conflicto armado.

El jefe de la organización afirmó que Colombia no puede continuar otros 50 años en guerra y sostuvo que una nueva confrontación produciría más víctimas, desplazamientos, desarraigo y afectaciones para las comunidades.

Entre los planteamientos formulados al Gobierno está el reconocimiento de las víctimas como eje de un eventual proceso. Mendoza sostuvo que la reparación debe traducirse en obras dirigidas a las comunidades, entre ellas escuelas, placas huellas, centros deportivos, templos religiosos y redes eléctricas.

También mencionó trabajos realizados con comunidades de Nariño, Cauca y Putumayo y pidió que las decisiones del Estado no afecten las obras que, según su versión, se desarrollaron en esos territorios.

“Señor presidente, no cometan el error de destruir lo que ya está construido; son las víctimas que reclaman verdad, reparación y no repetición”, expresó Mendoza en la carta, al advertir que una eventual destrucción de esos proyectos produciría una nueva afectación a las comunidades.

El dirigente de la CNEB aseguró además que durante los 17 meses de conversaciones con el Gobierno Petro se registró una reducción de la violencia en las zonas donde tenía presencia la organización. Según su versión, la delincuencia disminuyó hasta en un 90 % y se produjeron cambios en municipios como Tumaco.

Mendoza afirmó que ese municipio recuperó condiciones de tranquilidad después de años de violencia y señaló que una ofensiva militar y policial podría generar consecuencias para la población, entre ellas desplazamientos, desarraigo y nuevas víctimas.

La CNEB surgió después de su separación de la Segunda Marquetalia, organización encabezada por Iván Márquez, y mantiene presencia principalmente en el sur del país.

Entre sus estructuras se encuentra Comandos de Frontera, cuyo jefe es Geovany Andrés Rojas, alias Araña, señalado por las autoridades de actividades relacionadas con economías ilegales vinculadas con la coca y el narcotráfico.

Mendoza cuestionó tanto el acuerdo de paz de La Habana como la estrategia aplicada posteriormente por el Gobierno Petro para negociar con diferentes organizaciones armadas. Sobre esta última sostuvo que intentar establecer conversaciones simultáneas con distintos grupos terminó, según sus palabras, en un “entrampamiento y traición”.

A pesar de esas críticas, afirmó que la CNEB mantiene el compromiso de no atacar a la fuerza pública ni a la infraestructura del Estado, condicionado al respeto por la vida y las comunidades de los territorios donde hace presencia.

La organización también recordó la situación de 99 de sus integrantes que dejaron las armas en la Zona de Ubicación Temporal de Putumayo y asumieron compromisos para erradicar cultivos ilícitos.

Ese grupo ya había enviado una comunicación a De La Espriella antes de su posesión presidencial para solicitar respaldo al proceso de tránsito a la vida civil.

Dentro de las solicitudes dirigidas al Ejecutivo, la CNEB planteó que se realicen visitas de funcionarios a los territorios para verificar el desarrollo de los compromisos alcanzados durante las conversaciones y propuso crear una comisión o delegación que permita establecer un canal institucional de comunicación con el Gobierno.

La organización pidió además incluir en una eventual agenda asuntos relacionados con verdad, justicia, reparación, resocialización, reintegración y reincorporación a la vida civil, dentro de los mecanismos jurídicos establecidos por el Estado.

Mendoza aseguró que está dispuesto a entregar información sobre lo ocurrido durante el conflicto, pero señaló que esa participación debe desarrollarse dentro de un marco jurídico que también permita avanzar en la reparación de las víctimas.

Su abogada, Angélica María Martínez, explicó que la comunicación dirigida al presidente busca dejar constancia de la voluntad de paz de Mendoza y sostuvo que durante las conversaciones adelantadas con el Gobierno anterior hubo acercamientos y acciones de reparación en las zonas donde la organización tenía presencia.

La defensora afirmó que la CNEB considera necesario establecer una norma jurídica que permita definir las condiciones del proceso y los mecanismos de reparación. Mendoza, por su parte, insistió en que existe espacio para retomar una negociación pese a la reactivación de órdenes de captura en su contra.

Mientras la organización reclama la reapertura de los contactos, las operaciones contra sus estructuras continúan. En Putumayo fueron capturados cuatro presuntos integrantes de Comandos de Frontera señalados de secuestro y concierto para delinquir.

También se han desarrollado acciones contra esa estructura en Ecuador, donde las autoridades han atribuido al grupo actividades en la zona fronteriza.

El Gobierno, hasta el momento referido en la información, no ha anunciado la reapertura de la mesa. La administración De La Espriella mantiene la decisión de terminar el proceso con la CNEB y los demás escenarios heredados de la política de paz total. La Presidencia confirmó que la medida comprende la finalización de los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos que continuaban vigentes.

Mendoza recibió una respuesta de la Jefatura de Despacho de la Presidencia, que trasladó su solicitud al Ministerio de Justicia, encabezado por Iván Cancino. Esa cartera tiene prevista la presentación ante el Congreso del proyecto de ley de sometimiento anunciado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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