Tomás Uribe denuncia persecución política en juicio contra su padre, el expresidente Álvaro Uribe

El 28 de julio de 2025 se conocerá si la jueza Sandra Liliana Heredia absuelve o condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal. En la última audiencia, el exmandatario insistió en su inocencia y solicitó ser absuelto, asegurando que su intención siempre fue esclarecer hechos y no manipular declaraciones.

Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente, defendió públicamente a su padre a través de su cuenta en la red social X. En su publicación, compartió un documento en el que propone debatir el caso en espacios académicos, laborales y familiares para visibilizar lo que considera un proceso judicial injusto. “Está en juego la democracia”, escribió.

En el texto, Tomás Uribe expone cuatro puntos que, según él, evidencian fallas estructurales en el caso. El primero se titula “Lawfare contra Uribe” y argumenta que se trata de una estrategia política iniciada durante el gobierno de Juan Manuel Santos y continuada bajo la administración de Gustavo Petro.

Lea también: (Ejército halló 117 cilindros que iban a ser usados como explosivos en Tumaco)

El segundo punto señala una presunta persecución política por parte de dos actores clave: Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia y exfiscal general, e Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y parte civil en el proceso. A ambos los señala como impulsores de una acusación con fines políticos.

El tercer argumento se centra en la supuesta manipulación de pruebas. Según el documento, las grabaciones presentadas como evidencia fueron alteradas y los testigos habrían sido desacreditados. Uno de los audios clave proviene de una interceptación telefónica realizada en 2018, que la defensa considera ilegal.

Por último, Tomás Uribe asegura que el juicio busca neutralizar políticamente a su padre, a quien describe como “el único líder que puede unir a la oposición democrática”. Sostiene que impedir su participación política antes de las elecciones de 2026 sería el verdadero objetivo del proceso.

La defensa del expresidente ha reiterado que Álvaro Uribe no ofreció beneficios a testigos y que el proceso judicial responde a una estrategia diseñada por sus opositores para dañar su imagen pública. El equipo jurídico insiste en que la actuación del exmandatario se dio en el marco de la legalidad y sin intención de interferir en la justicia.

Otras noticias