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Solicitan medidas cautelares para proteger al alcalde electo de Santa Marta ante amenazas

Carlos Pinedo Cuello fue amenazado de muerte el 20 de octubre de 2023 en su sede política.

Carlos Pinedo Cuello
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 12/12/2023 - 13:08 Créditos: Cuenta X @CarlosPinedoC

En el contexto político de Santa Marta, el abogado Víctor Mosquera ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington DC en beneficio del alcalde electo, Carlos Pinedo Cuello. Esta solicitud tiene como objetivo principal proteger los derechos fundamentales del funcionario electo, enfocándose en su vida, integridad personal y derecho a la igualdad.

Amenazas de muerte contra el alcalde electo

La petición, presentada por Mosquera, hace hincapié en un incidente alarmante. Según el documento, el alcalde electo, Carlos Alberto Pinedo Cuello, fue amenazado de muerte el 20 de octubre de 2023 en su sede política. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado identificar a los responsables de esta amenaza, generando una seria preocupación en el entorno político local.

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Irregularidades en la inscripción de candidatos

Además de las amenazas, la solicitud destaca irregularidades en el proceso de inscripción de candidatos. Se señala que el partido político Fuerza Ciudadana realizó una inscripción extemporánea de un nuevo candidato, Jorge Agudelo Apreza. La situación se agrava al mencionar que en ese momento aún estaba inscrita como candidata la hermana del gobernador Caicedo, Patricia Caicedo, quien se encontraba inhabilitada para la inscripción. La solicitud recalca que los recursos interpuestos no se resolvieron, y los términos establecidos no se cumplieron adecuadamente.

Otro punto de preocupación expresado en la solicitud es el rechazo a presiones indebidas por parte del presidente de la República de Colombia, manifestadas a través de redes sociales. Estas presiones estarían vinculadas con decisiones judiciales que impidieron una candidatura, alegando incumplimientos de requisitos legales, ya sea por inhabilidad familiar o extemporaneidad. La solicitud argumenta que este tipo de presiones va en contra de la convención, recordando que Colombia es un Estado Democrático.

 

 

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