Senado avanza en discusión de reforma laboral con posturas divergentes frente al Ejecutivo

La senadora Angélica Lozano, en calidad de presidenta de la Comisión Cuarta del Senado de la República, se pronunció este martes en relación con el proceso legislativo que actualmente cursa la reforma laboral.

En Caracol Radio, la congresista explicó los fundamentos del texto debatido y aprobado en su comisión, al tiempo que se refirió a las críticas emitidas por el presidente Gustavo Petro respecto a algunos aspectos incluidos en el proyecto.

De acuerdo con la congresista, el articulado en discusión mantiene una continuidad sustancial con la versión previamente avalada por la Cámara de Representantes.

Según sus estimaciones, el 80 % del contenido aprobado en su comisión reproduce lo ya tramitado en esa corporación legislativa.

En consecuencia, Lozano calificó el texto como una propuesta legislativa estructurada, que atiende asuntos de fondo dentro del marco jurídico y político vigente.

Señaló, además, que el trámite legislativo continuará su curso con el paso del proyecto a la plenaria del Senado, donde se anticipan nuevas discusiones, observaciones y votaciones por parte de los distintos sectores políticos.

Durante su intervención, la senadora manifestó que el proceso ha sido respetuoso de las competencias del Congreso y subrayó que la autonomía parlamentaria ha sido ejercida en el análisis de cada disposición.

Aseguró que cualquier divergencia entre las visiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo se resolverá mediante los procedimientos ordinarios previstos en la ley, en especial a través del voto en las sesiones plenarias.

Uno de los puntos de mayor controversia ha sido la regulación del trabajo por horas. El presidente Gustavo Petro ha manifestado su oposición a esta modalidad, al considerar que se asemeja a mecanismos que precarizan las condiciones laborales.

En una reciente declaración, el jefe de Estado sostuvo que esta figura representa una forma moderna de explotación laboral, sin corresponder a estándares de empleo digno. No obstante, Lozano respondió a tales afirmaciones indicando que se trata de una interpretación inexacta.

En su análisis, afirmó que el trabajo por horas ya se encuentra contemplado en la legislación laboral vigente desde hace varias décadas.

En concreto, hizo referencia al artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuya redacción se establece la posibilidad del contrato por tiempo parcial, modalidad que, según dijo, ha estado en funcionamiento sin haber sido derogada ni sustituida por la reforma en curso.

Lozano señaló que el texto aprobado en su comisión no introduce una liberalización del trabajo por horas, sino que reitera disposiciones legales existentes en el ordenamiento colombiano desde 1990, con antecedentes incluso en normas expedidas en la década de 1950.

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De acuerdo con su versión, lo que se pretende con la reforma es establecer mecanismos más precisos de regulación que permitan formalizar vínculos laborales y garantizar condiciones mínimas a quienes desempeñan actividades por tiempo limitado o de forma intermitente.

En otro tramo de la entrevista, la senadora se refirió al ambiente político que rodea el trámite de la iniciativa. Reconoció que existen diferencias sustanciales entre las propuestas del Gobierno Nacional y los ajustes introducidos por las mayorías en el Congreso, pero descartó que tales discrepancias impliquen una ruptura institucional.

Destacó que el Congreso actúa dentro de sus competencias y que, en virtud de su autonomía constitucional, no está obligado a replicar de manera idéntica las propuestas del Ejecutivo. Añadió que los cambios y modificaciones realizados a lo largo del proceso de debate obedecen a deliberaciones técnicas y jurídicas que buscan equilibrio entre las garantías laborales y la sostenibilidad del empleo.

Finalmente, Lozano reiteró que el Senado continuará la discusión de la reforma en la sesión plenaria, donde se espera que se sometan a votación las proposiciones, artículos y bloques normativos que componen el articulado completo.

Indicó que la decisión última sobre el contenido del texto corresponderá al voto mayoritario de los senadores, en consonancia con los principios de deliberación y decisión democrática establecidos en la Constitución Política.

La iniciativa, radicada por el Gobierno Nacional y modificada posteriormente por las comisiones del Congreso, ha generado un amplio debate en distintos sectores políticos, gremiales y sindicales.

El texto plantea una transformación estructural en las normas que regulan las relaciones de trabajo en el país, con el objetivo —según su exposición de motivos— de garantizar mayor formalización, estabilidad y protección a los trabajadores.

La reforma, que avanza actualmente en el Senado tras haber sido discutida en la Cámara de Representantes, incorpora ajustes en temas relacionados con la contratación, el despido, las jornadas laborales, los recargos por trabajo nocturno, el derecho a la sindicalización, entre otros aspectos. Estos son algunos de los principales cambios que contiene el proyecto:

Contratación y estabilidad laboral

Uno de los pilares de la propuesta es la modificación al esquema de contratación laboral. El texto busca limitar el uso extensivo de contratos de prestación de servicios en actividades permanentes y establece como regla general la contratación directa a término indefinido, con excepción de labores de carácter ocasional o transitorio.

De igual forma, se introducen medidas que dificultan el despido sin justa causa. Se fortalecen las garantías de estabilidad reforzada para mujeres embarazadas, personas con discapacidad, trabajadores próximos a pensionarse y víctimas de violencia. El proyecto establece que, en estos casos, los empleadores deberán contar con autorización judicial para terminar los contratos.

Jornada laboral y recargos

La reforma propone restablecer el recargo nocturno a partir de las 6:00 p. m., en lugar de las 9:00 p. m. como rige actualmente. También plantea el pago de recargo por trabajo dominical y festivo desde la primera jornada trabajada, eliminando el esquema actual que solo lo reconoce cuando se laboran más de dos domingos al mes.

Asimismo, el proyecto busca limitar la posibilidad de pactar jornadas laborales por fuera de los horarios convencionales, salvo en casos previamente autorizados por el Ministerio de Trabajo. Se reitera que la jornada máxima debe ser de 8 horas diarias y 48 semanales, respetando los descansos legales.

Trabajo por horas y tiempo parcial

Uno de los puntos más discutidos ha sido la reglamentación del trabajo por horas. El proyecto no crea una nueva figura, pero regula con mayor precisión las condiciones del trabajo a tiempo parcial, ya contemplado en el artículo 147 del Código Sustantivo del Trabajo.

La norma busca evitar abusos en la aplicación de esta modalidad e insiste en que, independientemente del tiempo laborado, el empleador debe garantizar acceso a la seguridad social y prestaciones sociales proporcionales.

Protección a la actividad sindical

La iniciativa contempla ajustes normativos para fortalecer la libertad sindical. Se incluyen disposiciones orientadas a facilitar la negociación colectiva en empresas donde haya más de un sindicato y se extienden los beneficios de los convenios colectivos a todos los trabajadores de la empresa, sin importar su afiliación sindical.

También se prevé la creación de un registro único de organizaciones sindicales y de las convenciones colectivas, con el fin de mejorar la trazabilidad de los acuerdos laborales.

Plataformas digitales y nuevas formas de trabajo

El texto incluye un capítulo específico sobre los trabajadores que prestan servicios mediante plataformas tecnológicas.

Se plantea que estas personas sean reconocidas como trabajadores subordinados, con derecho a todas las garantías laborales, a menos que se pruebe expresamente que son verdaderos contratistas independientes.

La norma obliga a las plataformas a asumir la afiliación a seguridad social y a garantizar condiciones de salud y seguridad en el trabajo.

Inspección y sanciones

Para asegurar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, el proyecto refuerza las facultades de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo.

Se plantea la creación de un sistema nacional de inspección laboral y se aumenta el monto de las sanciones por incumplimiento de normas laborales, con el fin de desincentivar la informalidad y la evasión.

Debate político y reacciones

La discusión del articulado ha evidenciado diferencias de enfoque entre el Gobierno Nacional y algunos sectores del Congreso.

Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de aprobar el texto original sin modificaciones sustanciales, varios legisladores han introducido enmiendas con el argumento de equilibrar los derechos laborales con las necesidades del sector empresarial y la sostenibilidad del empleo.

En declaraciones recientes, la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, afirmó que el 80 % del texto aprobado en su comisión coincide con lo avalado por la Cámara de Representantes, y defendió que se trata de una reforma “de fondo”, que puede ser votada de forma democrática en la plenaria.

Por su parte, sectores empresariales han expresado preocupación por el impacto económico de algunos artículos.

Voceros gremiales han advertido que los nuevos recargos y restricciones a la contratación podrían afectar el crecimiento del empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

En contraste, centrales obreras y organizaciones sindicales han respaldado la iniciativa, al considerarla un avance en la garantía de derechos fundamentales de los trabajadores.

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