Regreso de Ciro Ramírez al Senado divide al Congreso

El posible retorno de Ciro Ramírez al Senado, tras la revocatoria de la medida de aseguramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, ha reavivado el debate sobre la idoneidad de que congresistas vinculados a procesos judiciales ejerzan funciones legislativas. Aunque el dirigente del Centro Democrático continúa procesado por presunta corrupción, su defensa argumenta que, al no existir condena, se encuentra habilitado legalmente para ocupar su escaño.

Ramírez fue privado de la libertad en diciembre de 2023 por su presunta participación en el caso conocido como Las Marionetas, que investiga una red de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos estatales durante la transición entre gobiernos. La Corte Suprema ordenó su liberación el pasado 2 de mayo, pero dejó en manos de la mesa directiva del Senado la decisión sobre su reincorporación al cargo.

La defensa del congresista ya presentó una solicitud formal para que se inicien los trámites que permitan su retorno al Senado. El argumento central es que la ausencia de una condena penal le permite ejercer derechos políticos plenos. Sin embargo, la decisión final depende de la presidencia del Congreso, que deberá interpretar el alcance legal y político de su situación judicial actual.

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El anuncio ha generado reacciones encontradas en el espectro político. Desde su propio partido, el concejal Daniel Briceño expresó rechazo a su regreso, aduciendo que la permanencia de funcionarios investigados en cargos públicos socava la credibilidad institucional. “Cualquier intento de regreso al Senado debe ser rechazado. El país requiere mensajes coherentes”, afirmó a través de su cuenta en X.

En la misma línea, la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, calificó de “vergüenza” que Ramírez pueda legislar mientras enfrenta acusaciones de corrupción. En su opinión, permitir su regreso envía un mensaje de tolerancia institucional frente a conductas que deberían ser sancionadas ejemplarmente por el sistema judicial y político.

Mientras se espera la decisión de la mesa directiva del Senado, el caso de Ramírez reabre una discusión de fondo sobre los límites éticos y jurídicos del ejercicio público en Colombia, especialmente en contextos donde los procesos judiciales aún están en curso. El desenlace tendrá implicaciones no solo legales, sino también políticas, en un Congreso cada vez más presionado por la opinión pública y por los estándares de transparencia institucional.

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