Procuraduría reitera prohibición de contratar en año electoral tras decreto del MinTrabajo

La Procuraduría General de la Nación reiteró la obligatoriedad de cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley de Garantías Electorales, tras conocerse el decreto expedido por el Ministerio de Trabajo que contempla la creación de 1.141 nuevos cargos temporales en esa cartera.

El organismo de control advirtió que la norma prohíbe la celebración de contratos estatales durante los cuatro meses previos a las elecciones legislativas y presidenciales, un periodo que comenzó a regir desde el 8 de noviembre del año anterior.

El pronunciamiento del Ministerio Público se produjo luego de que el decreto emitido por el Ejecutivo generara debate en diversos sectores, especialmente por su cercanía con la etapa preelectoral.

Aunque la creación de cargos se enmarca en las funciones propias de la administración pública, la Procuraduría recordó que estas decisiones deben observar los límites que impone el marco normativo vigente, el cual busca evitar el uso de la contratación estatal como instrumento con fines electorales.

En el documento emitido por la Procuraduría se reitera que las decisiones relacionadas con el recurso humano en el sector público no deben interpretarse como una vía para eludir las restricciones legales impuestas por la Ley 996 de 2005.

La entidad explicó que las actuaciones de los nominadores deben ajustarse a los principios constitucionales y legales, en especial aquellos que rigen la función pública, sin que ello implique desconocer el periodo de limitaciones establecido por la norma electoral.

Asimismo, se instó a los órganos de control interno de las entidades públicas a intensificar las labores de seguimiento y acompañamiento durante este periodo, con el objetivo de detectar oportunamente posibles irregularidades que puedan derivar en investigaciones disciplinarias.

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La Procuraduría señaló que el incumplimiento de la Ley de Garantías puede dar lugar a procesos sancionatorios contra funcionarios que, en ejercicio de sus competencias, adopten decisiones contrarias al régimen legal vigente.

En el caso específico del Ministerio de Trabajo, fuentes consultadas por medios de comunicación indicaron que la meta institucional es adelantar la vinculación de entre 300 y 500 personas antes del 31 de enero, fecha límite para realizar contrataciones antes de la entrada en vigor plena de las restricciones previstas para el ciclo electoral.

Dicha intención, sin embargo, ha sido objeto de críticas por parte de algunos actores políticos, quienes cuestionan la oportunidad del decreto en vísperas de los comicios al Congreso y la Presidencia.

Desde la cartera laboral se ha insistido en que la medida responde a necesidades operativas y no obedece a motivaciones proselitistas. Sin embargo, la coincidencia con el calendario electoral ha generado cuestionamientos sobre el posible uso de la contratación temporal como herramienta para influir en el escenario político, lo cual está expresamente prohibido por la legislación colombiana.

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