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Procuraduría destituyó e inhabilitó a exsecretaria de El Playón por suministro de agua no apta para consumo

El organismo de control concluyó que durante varios meses de 2022 y 2023 la comunidad recibió agua con altos niveles de riesgo sanitario.

Dania Katherine Sandoval Cote
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 18/05/2026 - 10:44 Créditos: Dania Katherine Sandoval Cote. Tomada de Alcaldía de El Playón

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años y cinco meses a Dania Katherine Sandoval Cote, exsecretaria de Planeación e Infraestructura de El Playón, tras establecer presuntas irregularidades en el suministro de agua potable para la comunidad.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante la gestión de la exfuncionaria, entre 2020 y 2023, se habría distribuido agua no apta para el consumo humano, poniendo en riesgo la salud de los habitantes del municipio santandereano.

La decisión fue adoptada en fallo de primera instancia por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Bucaramanga, luego de determinar que la entonces secretaria omitió sus funciones de supervisión, control y monitoreo sobre el proceso de potabilización y distribución del recurso hídrico.

Según la investigación disciplinaria, durante varios meses de 2022 y comienzos de 2023 el agua entregada a la población registró altos niveles en el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA), indicador utilizado para medir las condiciones sanitarias del recurso.

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La Procuraduría señaló que el suministro fue catalogado en distintos periodos como “inviable sanitariamente” o de “alto riesgo” para el consumo humano.

Para el ente de control, la situación representó una amenaza grave para la salud pública de los habitantes de El Playón, debido a que no se habrían tomado las medidas necesarias para garantizar la adecuada potabilización del agua.

El organismo concluyó que Sandoval Cote incurrió en una falta gravísima cometida con culpa gravísima, razón por la cual impuso la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La decisión corresponde a un fallo de primera instancia y aún puede ser apelada dentro del proceso disciplinario.

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