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Presidencia desmiente contratos de 23.000 millones vinculados a Verónica Alcocer: "No corresponde a la realidad"
El Ejecutivo aclara que los pagos a fotógrafo y asesor de imagen son mensuales y que los montos señalados por medios están descontextualizados
La Presidencia de la República emitió un comunicado oficial en la noche de este sábado para desmentir una investigación periodística que señala la existencia de contratos por cerca de 23.000 millones de pesos relacionados con el entorno de la primera dama, Verónica Alcocer. Según la Casa de Nariño, las cifras publicadas por la revista Semana "no corresponden a la realidad" y carecen de rigor técnico al sumar presupuestos plurianuales de comunicación con honorarios individuales.
El Gobierno detalló que los contratos suscritos con RTVC entre 2022 y el inicio de 2026 suman un total de 22.500 millones de pesos, lo que equivale a un promedio de 5.000 millones de pesos anuales. Estos recursos, según el comunicado, están destinados a cubrir las necesidades globales de divulgación de la Presidencia y no a servicios exclusivos de una sola persona, desvirtuando así la tesis de un gasto multimillonario enfocado únicamente en la imagen de la primera dama.
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En cuanto a los contratos específicos de Mauricio Vélez (fotógrafo) y Fady Flórez (asesor de imagen), la Presidencia especificó que sus asignaciones mensuales son de 25 millones y 10 millones de pesos, respectivamente. Vélez ejerce la dirección audiovisual y coordinación del equipo fotográfico, mientras que Flórez se desempeña como asesor de imagen y coordinador de protocolo estético para la Presidencia, funciones de las cuales entregan informes de actividades mensualmente.
El Ejecutivo aclaró que ambos profesionales prestan sus servicios a través de la Cooperativa SAVI, entidad encargada de la producción audiovisual para el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE). Esta cooperativa mantiene vínculos contractuales con RTVC desde el año 2004, una estructura que se ha preservado desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe en respeto a los trabajadores de la antigua Inravisión.
La comunicación oficial también enfatizó que la Presidencia no ha sido notificada por la Fiscalía General de la Nación sobre ninguna investigación en curso relacionada con estos contratos. Al respecto, el Gobierno hizo un llamado a la "ética y responsabilidad periodística", anunciando que se interpondrán acciones legales para exigir la rectificación de la información que consideran errónea y lesiva para la imagen institucional.
Andrés Camilo Hernández, coordinador de Comunicaciones Estratégicas y Digitales de la Presidencia, confirmó que ya se radicó una solicitud formal de rectificación ante el medio de comunicación. Hernández sostuvo que los servicios de producción audiovisual funcionan bajo estrictos lineamientos de la Secretaría de Prensa para cubrir los eventos oficiales del mandatario y del DAPRE, cumpliendo con todos los requisitos de ley.
Finalmente, la Casa de Nariño reiteró que la producción de contenidos es una labor "impecable, eficiente y oportuna" que responde a la estrategia de comunicaciones del Estado. Con esta respuesta, el Gobierno busca cerrar la polémica sobre el uso de recursos públicos en viajes internacionales y servicios personales, defendiendo la transparencia en la contratación de su equipo de apoyo logístico y estético.
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