Petro arremete contra fiscales en Medellín y anticipa beneficios para capos de bandas en Itagüí

La más reciente visita del presidente Gustavo Petro a Medellín encendió una nueva controversia por su postura frente a la Fiscalía General de la Nación y su discurso en favor de otorgar beneficios jurídicos a líderes de bandas criminales del Valle de Aburrá.

Desde la tarima instalada en La Alpujarra, donde compartió espacio con voceros de grupos ilegales, el mandatario no solo extendió una invitación pública a la fiscal general Luz Adriana Camargo para visitar la cárcel de Itagüí, sino que criticó abiertamente la labor de fiscales en la capital antioqueña, sugiriendo una supuesta falta de independencia y persecución a sus aliados políticos.

“Tener el alcalde una asesora que fue fiscal dándole órdenes a los fiscales de Antioquia para que pongan presos a sus enemigos políticos. No, señor. Eso se llama dictadura, no democracia”, afirmó Petro, sin mencionar nombres, pero en clara alusión a disputas recientes entre el exalcalde Daniel Quintero y el actual mandatario local Federico Gutiérrez.

Uno de los anuncios más polémicos del presidente fue su propuesta de revisar posibles beneficios judiciales para los líderes de bandas criminales si acceden a una dejación total de armas y actividades ilegales, como parte de su política de paz total. Según Petro, dichos beneficios se analizarían dentro del marco legal actual, aunque no descartó la necesidad de “presión popular” para impulsar una nueva legislación si fuera necesario.

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“Si ella (la fiscal) quiere, es libre... yo como presidente de Colombia la invitaré a la cárcel para examinar las posibilidades de beneficios jurídicos”, expresó el jefe de Estado, aludiendo directamente a una eventual alianza institucional para concretar su plan en Medellín.

La propuesta, sin embargo, llega en un momento de alta sensibilidad jurídica y política, especialmente cuando aún persisten dudas sobre la Mesa de Paz de Itagüí, las condiciones del sometimiento, el tratamiento de bienes de los capos y la llamada figura del “punto final”, que busca unificar procesos judiciales pendientes.

Mientras tanto, sectores políticos, organizaciones civiles y expertos han criticado el tono del mandatario, señalando que presionar públicamente a fiscales puede atentar contra la independencia judicial y generar una peligrosa confusión entre la política criminal del Estado y acuerdos con actores ilegales.

El presidente también advirtió que quienes no colaboren con su proyecto de pacificación podrían ser considerados “enemigos” de su iniciativa, lo que aumentó las preocupaciones sobre el uso del poder presidencial para desacreditar instituciones judiciales.

A menos de un año del final de su mandato, el presidente Petro enfrenta el reto de mostrar resultados concretos en su apuesta por la paz urbana, en medio de crecientes tensiones institucionales y críticas por su cercanía con estructuras criminales que aún no han demostrado voluntad real de transformación.

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