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Murió en España el abogado Manuel Sánchez, el delator del carrusel de la contratación de Bogotá
Fue testigo clave contra Samuel Moreno, falleció en Madrid por complicaciones de cáncer, había obtenido inmunidad tras delatar a más de 20 implicados.
El abogado Manuel Hernando Sánchez Castro, uno de los principales delatores del carrusel de la contratación de Bogotá y testigo de la Fiscalía General de la Nación en los procesos judiciales contra exfuncionarios, políticos y contratistas vinculados con ese escándalo de corrupción, murió en las últimas horas en España, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio asociado con el cáncer que padecía, según información confirmada por la Agencia de Periodismo Investigativo (API).
Sánchez Castro alcanzó notoriedad nacional después de reconocer su participación en las irregularidades de contratación pública que comprometieron a la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas y de convertirse en uno de los colaboradores de la justicia que suministraron información sobre la distribución de contratos, el pago de comisiones ilegales, la financiación de campañas políticas y las relaciones entre funcionarios públicos y empresarios.
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Su nombre quedó vinculado a uno de los mayores escándalos de corrupción de Bogotá, descubierto durante la administración de Moreno Rojas, quien gobernó la capital entre enero de 2008 y mayo de 2011, cuando fue suspendido de sus funciones.
El abogado fue una de las personas que lograron acceder a beneficios judiciales a cambio de revelar información sobre la estructura que operaba alrededor de distintas entidades distritales. Sus declaraciones involucraron a dirigentes políticos, contratistas y funcionarios que habían participado en procesos de adjudicación de obras y prestación de servicios financiados con recursos públicos.
El 19 de julio de 2013, después de varios meses de conversaciones con la Fiscalía, Sánchez Castro suscribió un principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir. La decisión fue conocida públicamente el 22 de julio de ese año y posteriormente recibió control judicial.
El acuerdo le permitió obtener inmunidad penal en el ámbito de la conducta cobijada por el beneficio, a cambio de proporcionar información, entregar elementos de prueba y declarar contra otros involucrados en las investigaciones. Su colaboración quedó bajo la supervisión de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
La decisión fue adoptada durante la administración del fiscal general Eduardo Montealegre Lynett. Sánchez Castro se convirtió así en uno de los testigos de cargo de la investigación, junto con otros protagonistas del escándalo, entre ellos los contratistas Emilio Tapia y Julio Gómez.
El beneficio judicial adquirió particular relevancia porque el abogado no se limitó a aportar información sobre terceros. También reconoció su intervención en actividades ilícitas relacionadas con contratos distritales y explicó ante los investigadores los mecanismos utilizados para distribuir recursos y beneficiar económicamente a los integrantes de la organización.
En septiembre de 2013 ya había entregado declaraciones sobre las relaciones entre los contratistas y el círculo político del entonces alcalde Samuel Moreno, así como sobre las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral y el funcionamiento de entidades distritales.
Su testimonio comprendió información sobre el papel del exsenador Iván Moreno Rojas, hermano del exalcalde, y sobre las relaciones de distintos concejales, intermediarios y empresarios con la contratación de Bogotá.
Las investigaciones también abordaron el funcionamiento del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), el Fondo de Vigilancia y Seguridad y contratos relacionados con el sector de la salud.
La colaboración de Sánchez Castro se extendió a actuaciones judiciales en las que declaró bajo juramento y describió episodios de los que aseguró haber tenido conocimiento directo. Su condición de testigo permitió reconstruir reuniones entre políticos y empresarios, acuerdos para distribuir contratos y mecanismos de entrega de recursos provenientes de la contratación estatal.
Sánchez Castro nació en Bogotá y creció en el barrio Muzú, en el sur de la capital, dentro de una familia dedicada, entre otras actividades, a la venta de alimentos. Su trayectoria profesional comenzó en el ámbito jurídico y posteriormente estuvo vinculada con la administración pública, la actividad política, el ejercicio diplomático y la asesoría en contratación estatal.
Estudió Derecho en la Universidad Católica de Colombia y cursó estudios de especialización en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario y en Alta Dirección del Estado en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Su formación jurídica estuvo relacionada con las actividades que desarrolló posteriormente como asesor de entidades territoriales y empresas interesadas en contratar con el Estado.
En 1990 fue nombrado alcalde de la localidad bogotana de Antonio Nariño durante la administración del alcalde mayor Juan Martín Caicedo Ferrer. Su llegada al cargo estuvo relacionada con el movimiento político encabezado por Carlos Julio Gaitán, dirigente liberal cercano al expresidente Ernesto Samper Pizano.
Su paso por la Alcaldía Local estuvo acompañado de controversias. En diciembre de 1991 fue declarado insubsistente por la administración distrital, después de presentar una renuncia que no fue aceptada. Durante su gestión había enfrentado diferencias con comerciantes del sector y cuestionamientos por episodios relacionados con su comportamiento fuera de las funciones oficiales.
Posteriormente continuó vinculado con el Partido Liberal. Participó en actividades políticas locales, fue vicepresidente del comité de campaña presidencial de Ernesto Samper en Antonio Nariño durante 1994 y ejerció como edil de esa localidad entre 1994 y 1996.
En ese periodo consolidó su relación política y personal con Orlando Parada Díaz, quien años después llegaría al Concejo de Bogotá y también sería investigado por hechos relacionados con el carrusel de la contratación. La amistad entre ambos se prolongó durante más de dos décadas y posteriormente fue abordada por Sánchez durante sus declaraciones ante la justicia.
Su trayectoria también incluyó una etapa en el servicio exterior colombiano. Trabajó en el Consulado de Colombia en Nueva York durante el gobierno de Ernesto Samper, en una representación diplomática vinculada inicialmente con Carlos Julio Gaitán, quien se desempeñaba como cónsul general.
Después de regresar a Colombia, Sánchez Castro intentó llegar al Congreso de la República en las elecciones de 1998. Aspiró a la Cámara de Representantes por Bogotá, como fórmula del entonces senador Rodrigo Rivera Salazar, pero no consiguió una curul. Su candidatura obtuvo 5.521 votos.
En esa época su nombre también figuró en registros de sanciones disciplinarias divulgados por la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente aspiró a la Secretaría General del Senado, aunque retiró su candidatura antes de la elección.
Tras esos intentos electorales concentró su actividad en el ejercicio del derecho y la contratación pública. En 2002 creó la firma Manuel Sánchez Abogados Consultores y Asociados, mediante la cual prestó servicios de asesoría jurídica a entidades públicas y particulares.
Entre las entidades con las que estuvo relacionada su actividad profesional figuraron Acción Social, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Gobernación de Cundinamarca y administraciones territoriales como las de Tunja, Barranquilla y Bogotá. También tuvo vínculos profesionales con la Contraloría General de la República y con empresas privadas interesadas en licitaciones públicas.
Su trabajo comprendió la estructuración de procesos contractuales, la representación de proponentes, la revisión de documentos de licitación y la asesoría en asuntos de derecho administrativo. Paralelamente escribió sobre contratación estatal y participó en conferencias y espacios académicos relacionados con esa especialidad.
Uno de los episodios que posteriormente llamó la atención de los investigadores estuvo relacionado con las obras del Hospital de Meissen. En 2006, su firma intervino en actividades de asesoría vinculadas con la contratación de la interventoría para la construcción de instalaciones hospitalarias.
Años después, el excongresista Germán Olano Becerra declaró ante la justicia que Sánchez Castro había participado en reuniones con dirigentes políticos y contratistas en las que se discutían asuntos de contratación del sector salud. Según esa versión, algunos de los encuentros se desarrollaron en el apartamento del abogado.
Las declaraciones de Olano mencionaron la presencia de Samuel Moreno, Julio Gómez y otros participantes en conversaciones relacionadas con hospitales públicos y la distribución de espacios de influencia dentro de la administración distrital.
La Fiscalía también examinó las relaciones profesionales de Sánchez con contratistas vinculados con obras hospitalarias y las posibles irregularidades en procesos de selección de interventores. Entre las instituciones mencionadas en las investigaciones figuraron los hospitales de Meissen, Simón Bolívar y otras entidades de la red hospitalaria de Bogotá.
El nombre del abogado volvió a aparecer durante las investigaciones sobre la financiación de la campaña que llevó a Samuel Moreno a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de octubre de 2007.
Según las declaraciones que Sánchez entregó posteriormente a la Fiscalía, él mismo había participado en la consecución de recursos y en la coordinación de aportes de empresarios interesados en respaldar políticamente a Moreno.
En sus versiones señaló que diferentes contratistas se acercaron al proyecto electoral y participaron en actividades de financiación. Entre los nombres mencionados en esas investigaciones figuraron William Vélez, Andrés Jaramillo, Julio Gómez, Emilio Tapia y otros empresarios vinculados con contratos públicos.
Sánchez declaró que la financiación de la campaña había incluido aportes en efectivo y mediante cheques, y sostuvo que los recursos comprometidos superaban los 10.000 millones de pesos. La defensa de Samuel Moreno cuestionó esas afirmaciones y sostuvo que la campaña había cumplido con las disposiciones electorales y reportado sus ingresos ante las autoridades competentes.
Las relaciones entre Sánchez y el círculo político del exalcalde también estuvieron marcadas por disputas relacionadas con el manejo de entidades distritales.
De acuerdo con las declaraciones recogidas durante las investigaciones, una vez Samuel Moreno asumió la Alcaldía surgieron diferencias entre varios contratistas e intermediarios interesados en tener participación en procesos contractuales.
En esos enfrentamientos aparecieron los nombres de los abogados Álvaro Dávila y Manuel Sánchez, así como del contratista Julio Gómez. Las versiones judiciales señalaron disputas por la influencia en el Instituto de Desarrollo Urbano y en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).
Según Germán Olano, Sánchez perdió participación en algunos de esos espacios después de que otros integrantes del grupo político y empresarial consolidaron sus relaciones con la administración Moreno.
Entre tanto, el abogado continuó representando intereses privados en procesos de contratación. En 2009 actuó en representación de una empresa que participó en una controvertida licitación de refrigerios escolares de Bogotá. Ese episodio derivó en enfrentamientos con otros abogados y cuestionamientos sobre las actuaciones de los proponentes.
También intervino como asesor de participantes en procesos relacionados con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de la capital, presentó derechos de petición e intervino en actuaciones administrativas de licitaciones.
En enero de 2012, las investigaciones sobre el carrusel de la contratación alcanzaron directamente a Sánchez Castro. La Fiscalía examinó las declaraciones que lo vinculaban con reuniones de políticos y contratistas, los aportes a la campaña de Samuel Moreno y su relación con procesos de contratación del sector salud.
En ese momento, el abogado negó haber participado en una organización dedicada a obtener beneficios ilegales de la contratación pública. Por el contrario, sostuvo que había denunciado irregularidades y se presentó como una persona interesada en esclarecer los hechos.
Sin embargo, en 2013 modificó su posición frente a las investigaciones y aceptó colaborar con la Fiscalía mediante el principio de oportunidad.
Una de sus declaraciones más conocidas ocurrió durante el juicio contra el exconcejal Orlando Parada Díaz en agosto de 2014.
En esa diligencia, Sánchez reconoció que había participado en una organización que obtenía beneficios económicos de los contratos distritales. Durante su testimonio manifestó: “Participamos en una empresa criminal”.
También relató la relación personal que mantenía con Parada, a quien conocía desde sus primeros años en la política local. Ambos habían compartido actividades profesionales y políticas, y Parada era padrino de uno de sus hijos.
La declaración incluyó información sobre contratos de la Unidad de Mantenimiento Vial y el mecanismo utilizado para entregar comisiones a intermediarios políticos.
Sánchez afirmó que había suscrito un contrato por 794 millones de pesos con Javier Mejía, vinculado con la firma Patria, para dar apariencia contractual a recursos que, según su testimonio, correspondían a comisiones ilegales por una adjudicación de aproximadamente 43.000 millones de pesos.
Según su versión, esos recursos estaban relacionados con la participación de dirigentes políticos en decisiones de contratación de la Unidad de Mantenimiento Vial.
También declaró que la designación de Iván Hernández Daza como director de esa entidad, en marzo de 2009, estuvo precedida por acuerdos políticos en los que participaron concejales con influencia sobre determinados cargos administrativos.
En su testimonio mencionó a Orlando Parada, Andrés Camacho e Hipólito Moreno, así como a empresarios y funcionarios que, según sus afirmaciones, intervenían en la adjudicación de contratos y el pago de comisiones.
Las declaraciones del abogado formaron parte de los elementos examinados en diferentes procesos penales relacionados con el carrusel de la contratación.
En una sentencia del 20 de abril de 2023, correspondiente al proceso contra el exsenador Néstor Iván Moreno Rojas, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia incorporó testimonios que mencionaban expresamente a Manuel Sánchez como participante en las actividades que precedieron al funcionamiento del esquema de corrupción.
En esa providencia, identificada con el radicado 45906, se recogieron declaraciones sobre los aportes políticos y económicos destinados a respaldar la elección de Samuel Moreno, así como sobre la distribución posterior de espacios de contratación entre personas relacionadas con su administración.
El expediente también incorporó declaraciones del contratista Julio Gómez, quien mencionó a Manuel Sánchez y Emilio Tapia como intermediarios que facilitaban acuerdos entre contratistas para acceder a procesos de adjudicación.
Además de su participación en los procesos del carrusel, Sánchez Castro intervino en otra controversia pública durante la administración del alcalde Gustavo Petro Urrego.
En enero de 2014 presentó una declaración extraproceso ante la Notaría 28 de Bogotá en la que afirmó conocer la existencia de presuntas maniobras destinadas a obstaculizar la gestión del entonces mandatario distrital.
El abogado sostuvo que empresarios, políticos y contratistas habrían participado en reuniones orientadas a afectar el funcionamiento de la administración Petro y, particularmente, la implementación del programa Basura Cero.
Según su declaración, algunas de esas reuniones se realizaron en su oficina y estuvieron relacionadas con la operación del servicio de aseo de Bogotá.
Sánchez aseguró que había escuchado conversaciones sobre posibles estrategias para afectar la prestación del servicio de recolección de residuos y generar dificultades a la administración distrital.
Sus señalamientos también involucraron a integrantes del Concejo de Bogotá y a funcionarios de organismos de control, quienes rechazaron públicamente las acusaciones.
Parte de esas declaraciones fue remitida a la Fiscalía y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en medio de la controversia por la destitución e inhabilidad de Gustavo Petro, ordenadas entonces por la Procuraduría General de la Nación.
Las afirmaciones de Sánchez fueron cuestionadas por algunos de los señalados, entre ellos el entonces personero de Bogotá, Ricardo Cañón, quien negó haber participado en actuaciones destinadas a perjudicar al alcalde.
La trayectoria de Manuel Hernando Sánchez Castro quedó vinculada a varios de los expedientes sobre corrupción administrativa que se desarrollaron después del descubrimiento del carrusel de la contratación.
Su actividad como abogado, asesor de contratación estatal, exfuncionario distrital y antiguo integrante del servicio diplomático le permitió establecer relaciones con dirigentes políticos, administraciones públicas y empresarios que posteriormente aparecieron mencionados en investigaciones penales.
Se espera que su cuerpo sea repatriado a Colombia en los próximos días.
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