Misión de la ONU en Colombia podría terminar el 31 de octubre: más de 450 organizaciones alertan

La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia podría finalizar sus actividades el próximo 31 de octubre, en medio de las discusiones sobre la renovación de su mandato y la posibilidad de eliminar el seguimiento internacional a los compromisos relacionados con la reforma rural integral, uno de los componentes del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las antiguas Farc en noviembre de 2016.

La eventual terminación del organismo depende de las decisiones que adopte el Consejo de Seguridad de la ONU, encargado de establecer sus funciones, determinar los mecanismos de verificación y aprobar las prórrogas correspondientes. Hasta el momento, la posibilidad de poner fin a la misión corresponde a un escenario en discusión y no a una decisión definitiva del organismo internacional.

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Según información conocida por Caracol Radio, el futuro de la misión se está examinando de manera reservada en las instancias superiores del Gobierno colombiano. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron a ese medio que todavía no se ha definido si la propuesta que se someterá a consideración del Consejo de Seguridad buscará retirar exclusivamente el componente de verificación de tierras o planteará la terminación de la misión.

Entre las posibilidades mencionadas se encuentra que Estados Unidos promueva una modificación del mandato para excluir el seguimiento a la reforma rural. Sin embargo, no se ha confirmado la presentación formal de una iniciativa estadounidense en ese sentido ni existe, con la información disponible, una resolución aprobada que establezca el retiro de ese componente.

La discusión ocurre cuando se aproxima el décimo aniversario del Acuerdo Final de Paz, suscrito el 24 de noviembre de 2016, y cuando persisten dificultades relacionadas con la seguridad de los antiguos combatientes, la protección de líderes sociales, el acceso a la tierra y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano.

La Misión de Verificación fue creada mediante la Resolución 2366 de 2017 del Consejo de Seguridad, como parte del acompañamiento internacional a la implementación del acuerdo. Su labor ha consistido en verificar compromisos específicos, presentar informes periódicos y mantener interlocución con las autoridades, los antiguos integrantes de las Farc y las comunidades de las regiones afectadas por el conflicto armado.

El alcance de sus funciones ha cambiado desde su establecimiento. Inicialmente, la misión concentró su trabajo en la reincorporación política, económica y social de los excombatientes y en las garantías de seguridad previstas en el acuerdo. Posteriormente, el Consejo de Seguridad amplió su mandato para incluir el seguimiento a las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a aspectos de la reforma rural integral.

La Resolución 2694 de 2023 autorizó la ampliación de las tareas de verificación para incorporar el seguimiento a la implementación de la reforma rural integral y al capítulo étnico del acuerdo. Estas funciones complementaron las labores que el organismo desarrollaba desde años anteriores y ampliaron su presencia institucional en los territorios.

Las modificaciones posteriores del mandato redujeron el alcance de algunas actividades de verificación, circunstancia que explica la importancia de las decisiones que deberá adoptar el Consejo de Seguridad durante octubre.

La eliminación de nuevas responsabilidades podría modificar sustancialmente la estructura y las operaciones del organismo, aunque la supresión de un componente no implica automáticamente su desaparición.

En medio de esta situación, más de 450 organizaciones y representantes de sectores sociales colombianos prepararon una comunicación dirigida a la embajadora de Grecia ante las Naciones Unidas, Aglaia Balta, representante permanente de ese país y presidenta del Consejo de Seguridad durante octubre de 2026.

La carta, fechada el 9 de octubre de 2026, plantea la necesidad de conservar el acompañamiento internacional y advierte sobre los riesgos que representaría debilitar los mecanismos de seguimiento cuando todavía existen obligaciones pendientes del Acuerdo de Paz.

El documento reúne organizaciones indígenas, campesinas, afrocolombianas, plataformas de derechos humanos, representantes de víctimas, organizaciones de mujeres, antiguos combatientes y colectivos vinculados a los procesos de implementación del acuerdo.

Entre las organizaciones que aparecen como firmantes se encuentran la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI), la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI-Comunes), la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Fundación Hasta Encontrarlos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

También figuran la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), organizaciones de comunidades afrocolombianas y distintas plataformas nacionales y regionales de defensa de los derechos humanos.

La comunicación solicita al Consejo de Seguridad mantener la atención sobre la implementación integral del acuerdo, recuperar la prioridad del seguimiento al capítulo étnico y fortalecer el acompañamiento a los territorios donde persisten la violencia, la exclusión y las dificultades de acceso a las instituciones del Estado.

Las organizaciones consideran que la continuidad de la verificación internacional resulta necesaria para evaluar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad, la justicia transicional, la reforma rural y las garantías de participación política.

Uno de los principales argumentos de las organizaciones está relacionado con el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La carta señala que, de acuerdo con cifras atribuidas a la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y el 31 de agosto de 2026 fueron asesinadas 1.777 personas pertenecientes a estos sectores, de las cuales 112 murieron durante los primeros ocho meses de 2026.

Los firmantes sostienen que estas cifras reflejan las dificultades que enfrenta la implementación del acuerdo en materia de protección de las comunidades y garantías para quienes participan en actividades de defensa de los derechos humanos y construcción de paz.

También solicitan fortalecer los mecanismos de prevención colectiva, las medidas de protección para antiguos combatientes y las garantías de seguridad de las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas y comunitarias.

La comunicación advierte que, diez años después de la firma del acuerdo, distintas regiones continúan afectadas por la presencia de grupos armados, economías ilegales y disputas territoriales que comprometen la seguridad de sus habitantes.

En ese contexto, las organizaciones consideran necesario combinar las medidas de seguridad con una mayor presencia de las instituciones civiles del Estado, inversiones en infraestructura, acceso a servicios públicos y alternativas económicas para las comunidades rurales.

Otro de los asuntos planteados es la continuidad de las instituciones que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, particularmente la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Los firmantes manifiestan preocupación por las propuestas de reducción presupuestal que podrían afectar el funcionamiento de ambas entidades y solicitan garantizar los recursos necesarios para sus actividades.

La carta insiste en que las sanciones restaurativas impuestas por la JEP y las labores de búsqueda de desaparecidos requieren condiciones institucionales, financieras y de seguridad que permitan cumplir los compromisos establecidos en el acuerdo.

La preocupación tiene como antecedente la decisión adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2025, cuando aprobó la Resolución 2798, mediante la cual prorrogó el mandato de la misión hasta el 31 de octubre de 2026, pero retiró de sus funciones la verificación de las sanciones propias de la JEP y el seguimiento al capítulo étnico.

La decisión fue aprobada con 13 votos favorables y dos abstenciones. Aunque garantizó un año adicional de funcionamiento, modificó las responsabilidades del organismo y concentró sus actividades en tres componentes: reincorporación de excombatientes, garantías de seguridad y reforma rural integral.

En aquella oportunidad, la Cancillería colombiana manifestó su preocupación por la exclusión de la justicia transicional y del capítulo étnico, aunque reiteró que ambas materias continuaban siendo obligaciones del Estado colombiano, independientemente de su seguimiento por parte de Naciones Unidas.

Las organizaciones que suscriben la nueva comunicación piden revisar esas modificaciones y recuperar la verificación de los compromisos relacionados con las comunidades indígenas y afrocolombianas, las mujeres y las víctimas del conflicto armado.

Según el documento, la implementación del capítulo étnico continúa por debajo del 20 %, una estimación presentada por los firmantes que refleja, a su juicio, el retraso en las medidas destinadas a garantizar los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto.

La carta también señala que durante el último año se habría registrado el asesinato de 50 líderes indígenas y afrocolombianos, situación que consideran especialmente preocupante ante la reducción del seguimiento internacional a los compromisos adquiridos con estos sectores.

En materia de desaparición forzada, las organizaciones citan cifras de la UBPD según las cuales aproximadamente 137.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en Colombia desde 1965. De ese universo, más de 34.000 casos corresponderían a los últimos diez años, de acuerdo con los datos incluidos en la comunicación.

Los firmantes consideran que estas cifras justifican mantener los mecanismos de acompañamiento internacional a la búsqueda de desaparecidos y fortalecer la atención a sus familiares.

La reforma rural integral constituye otro de los asuntos centrales de la discusión sobre la continuidad de la misión. Este componente contempla el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la infraestructura rural, el fortalecimiento de la producción agropecuaria y la ejecución de programas destinados a reducir las desigualdades históricas entre el campo y las ciudades.

El seguimiento internacional incluye la revisión de los avances en la distribución y formalización de tierras, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes nacionales previstos en el Acuerdo de Paz.

La comunicación de las organizaciones reconoce avances durante la administración anterior, entre ellos la incorporación de más de 800.000 hectáreas al Fondo de Tierras. Sin embargo, señala que esa cantidad representa menos del 27 % de la meta de tres millones de hectáreas contemplada en el acuerdo.

El documento advierte, además, que numerosos beneficiarios de los programas agrarios enfrentan dificultades para obtener títulos definitivos de propiedad debido a trámites administrativos y procedimientos de formalización pendientes.

Los firmantes sostienen que la entrega de tierras debe acompañarse de créditos, asistencia técnica, vías rurales, infraestructura productiva, acceso a mercados y servicios públicos que permitan desarrollar actividades económicas sostenibles.

La carta también hace referencia a las dificultades adicionales que enfrentan las comunidades de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, donde las labores de recuperación y reconstrucción coinciden con los compromisos de implementación de la reforma rural.

En otro apartado, las organizaciones expresan preocupación por las propuestas de reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato como mecanismo de erradicación de cultivos ilícitos.

Según los firmantes, el eventual regreso de estas operaciones podría generar nuevos conflictos sociales y riesgos para las comunidades rurales. Por ello, solicitan mantener las estrategias de sustitución de cultivos y promover alternativas económicas legales para las familias que dependen de estas actividades.

La comunicación plantea que el narcotráfico debe abordarse como un fenómeno transnacional y que las políticas destinadas a combatirlo requieren cooperación internacional, fortalecimiento institucional y programas de desarrollo rural.

El documento también aborda la participación política como uno de los compromisos del Acuerdo de Paz y sostiene que los mecanismos democráticos deben continuar ampliándose para facilitar la representación de las comunidades históricamente afectadas por la violencia.

Las organizaciones consideran que los compromisos de seguridad, reforma rural, justicia transicional, participación política y protección de los grupos étnicos forman parte de un mismo proceso y que su cumplimiento requiere seguimiento institucional e internacional.

Por su parte, la Secretaría General de Naciones Unidas mantiene el mecanismo de presentación de informes periódicos al Consejo de Seguridad sobre la implementación del mandato.

El representante especial del secretario general y jefe de la misión, Miroslav Jenča, está encargado de exponer los avances y dificultades registrados en el país.

La agenda del Consejo de Seguridad para octubre contempla una sesión de seguimiento a Colombia y el examen de un proyecto de resolución sobre la renovación del mandato antes de su vencimiento.

La discusión tendrá como referencia el informe trimestral del secretario general, distribuido a los integrantes del organismo el 25 de septiembre.

La decisión corresponderá a los 15 integrantes del Consejo de Seguridad. Para aprobar una resolución sobre un asunto sustantivo se requieren al menos nueve votos favorables y que ninguno de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— ejerza su derecho de veto.

Grecia, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo durante octubre, tendrá un papel en la conducción de las sesiones y en la organización de los debates, aunque la decisión sobre el futuro de la misión será adoptada por el conjunto de sus integrantes.

La eventual eliminación del componente de reforma rural reduciría nuevamente el alcance de la verificación internacional. No obstante, las funciones relacionadas con la reincorporación de los antiguos integrantes de las Farc y las garantías de seguridad forman parte del mandato vigente y cualquier modificación de estas responsabilidades requeriría una decisión expresa del Consejo.

La continuidad de la misión también debe diferenciarse de la permanencia de otras agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que trabajan en Colombia.

Una eventual terminación de la Misión de Verificación no significaría necesariamente la salida del sistema de la ONU del país ni la desaparición de sus programas humanitarios, de desarrollo y derechos humanos.

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