EE.UU. revela presunto pacto entre Maduro y “Timochenko” para pagar deuda de droga con armas y explosivos

Nicolás Maduro habría negociado con Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como “Timochenko”, y otros comandantes de las antiguas Farc la entrega de armas, minas y recursos provenientes de operaciones petroleras para saldar una deuda relacionada con el narcotráfico.

Así lo sostiene la nueva acusación presentada este jueves 8 de octubre de 2026 por la Fiscalía de Estados Unidos contra el depuesto mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

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El documento judicial, de 30 páginas, describe una presunta reunión celebrada en 2013, después de la muerte del presidente Hugo Chávez, en la que Maduro y Flores habrían discutido compromisos económicos con integrantes de la dirección de las Farc.

Entre los participantes identificados figuran “Timochenko”, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”.

Según el escrito de acusación, el encuentro estuvo relacionado con una deuda que Maduro habría adquirido con la organización guerrillera como consecuencia de una alianza para desarrollar actividades de tráfico de estupefacientes.

Los investigadores estadounidenses sostienen que las conversaciones incluyeron mecanismos para compensar económicamente a las Farc y garantizar la continuidad de las operaciones ilícitas.

Uno de los señalamientos atribuye a Maduro el presunto suministro de armas y minas como parte de las obligaciones pendientes con la guerrilla.

La información divulgada destaca la supuesta negociación de explosivos con “Timochenko” para cubrir compromisos derivados del narcotráfico.

La acusación también incorpora referencias a operaciones petroleras que habrían servido para transferir recursos a la organización insurgente. Según la descripción del expediente divulgada por Semana, Maduro habría aceptado vender ilegalmente petróleo a las Farc como una forma de atender parte de la deuda.

Los fiscales sostienen que el entonces mandatario venezolano conocía que los recursos obtenidos mediante esas operaciones podían ser utilizados para financiar actividades armadas de la guerrilla en Colombia. Las presuntas ventas de petróleo se habrían prolongado aproximadamente hasta 2015.

El documento también señala que Maduro habría facilitado operaciones relacionadas con minas de oro en beneficio de las Farc.

Estos señalamientos amplían las circunstancias descritas por los investigadores sobre los mecanismos económicos que, según la acusación, habrían sostenido las relaciones entre funcionarios venezolanos y dirigentes de la organización guerrillera.

Las referencias a armas, minas y operaciones mineras forman parte de los señalamientos publicados sobre el expediente.

La acusación no permite establecer, por sí sola, que todas las entregas o transacciones mencionadas se hubieran ejecutado efectivamente ni precisar las cantidades de explosivos, armas o recursos involucrados.

El encuentro de 2013 adquiere relevancia dentro del proceso porque la Fiscalía estadounidense identifica a integrantes de la antigua dirección de las Farc y los relaciona con compromisos económicos atribuidos directamente a Maduro.

Sin embargo, la participación de las personas mencionadas y las conductas descritas siguen siendo materia de acusación judicial y no constituyen hechos probados mediante una sentencia.

Las relaciones entre el poder venezolano y las organizaciones guerrilleras colombianas ya habían aparecido en anteriores actuaciones de la Justicia estadounidense.

Los señalamientos relacionados con las Farc figuraban en la acusación de 2020 y fueron retomados en el expediente de enero de 2026. La actualización presentada este jueves incorpora nuevos episodios y amplía la descripción de las presuntas operaciones.

El escrito también menciona al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización con la que Maduro y otros integrantes de su entorno habrían mantenido relaciones vinculadas al narcotráfico y al aprovechamiento de recursos económicos.

En particular, los investigadores atribuyen a Cilia Flores el ofrecimiento de contratos de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) a grupos cercanos al ELN.

Según la acusación, estas relaciones se habrían desarrollado dentro de una estructura en la que funcionarios estatales utilizaron sus posiciones para favorecer a organizaciones vinculadas con actividades ilícitas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que, de acuerdo con la tesis de los fiscales, Maduro, Flores y otros integrantes de su círculo habrían colaborado con organizaciones dedicadas al narcotráfico, entre ellas las Farc, el ELN, el cartel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua.

La Fiscalía sostiene que esas organizaciones participaron en el traslado de cargamentos de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, utilizando puntos de tránsito en el Caribe y Centroamérica.

También señala que determinadas operaciones habrían contado con protección de integrantes de instituciones militares, policiales y judiciales venezolanas.

En el mismo expediente aparece otro episodio relacionado con las Farc: la presunta retención de un militar venezolano en un campamento guerrillero ubicado en territorio colombiano.

Según la acusación, el hombre habría sido trasladado hasta ese lugar en el marco de actuaciones relacionadas con el sistema de persecución y tortura que los investigadores atribuyen a Maduro y su entorno.

Este señalamiento conecta las relaciones con la guerrilla colombiana con otra de las líneas de investigación incorporadas en el nuevo documento: el uso de estructuras armadas y organismos de seguridad para detener, intimidar e interrogar a personas consideradas adversarias del poder venezolano.

La Fiscalía estadounidense presentó un nuevo cargo de conspiración para cometer torturas contra Maduro y Flores, que se suma a los delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conductas relacionadas con armas de fuego y dispositivos destructivos.

La acusación sostiene que ambos habrían participado en un sistema de represión que utilizó instituciones del Estado venezolano, organismos de inteligencia, unidades militares, colectivos y grupos armados para perseguir a opositores y personas consideradas una amenaza para su permanencia en el poder.

Entre las entidades mencionadas se encuentra la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo de inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Según los fiscales, integrantes de esa institución habrían intervenido en detenciones arbitrarias, interrogatorios y procedimientos de tortura.

El Departamento de Justicia estadounidense señala que las prácticas investigadas incluyeron descargas eléctricas, asfixia, simulacros de ahogamiento, violaciones, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos y amenazas contra familiares de las personas detenidas.

Algunos de los episodios descritos incluyen amenazas de asesinar a familiares o agredir sexualmente a los hijos de los detenidos.

La Fiscalía sostiene que estos métodos habrían sido utilizados para obtener información, forzar confesiones o intimidar a quienes eran considerados contrarios al Gobierno venezolano.

El expediente atribuye a Maduro actuaciones directas en determinados casos. Según los investigadores, habría autorizado detenciones y métodos de tortura, solicitado información sobre el estado de algunos prisioneros y observado una grabación que contenía una confesión obtenida mediante coacción.

También se le atribuye haber utilizado amenazas contra familiares de detenidos como mecanismo de presión psicológica. La acusación describe episodios en los que altos funcionarios venezolanos habrían participado personalmente en decisiones relacionadas con interrogatorios y castigos.

En cuanto a Cilia Flores, el documento sostiene que habría intervenido en la organización y funcionamiento de ese sistema. Uno de los señalamientos se refiere a hechos ocurridos en 2014, cuando presuntamente aceptó el secuestro de militares venezolanos para someterlos a interrogatorios bajo tortura.

Los investigadores también le atribuyen haber ordenado actos de tortura para encubrir actividades ilegales relacionadas con integrantes de su familia.

La Fiscalía estadounidense sostiene que algunas de las víctimas fueron ciudadanos de Estados Unidos detenidos en Venezuela. Entre las conductas denunciadas aparecen golpizas reiteradas, descargas eléctricas, privación de agua y alimentos, inyecciones forzadas y agresiones sexuales.

En uno de los casos descritos oficialmente, un ciudadano estadounidense habría sido sometido a simulacros de ahogamiento, golpes y descargas eléctricas en los testículos. También se mencionan episodios en los que detenidos fueron amenazados con armas de fuego y sufrieron lesiones durante los interrogatorios.

La acusación incluye a funcionarios venezolanos identificados mediante códigos, cuyas actuaciones habrían sido determinantes en la ejecución de estas prácticas. Uno de ellos habría ordenado asesinatos y supervisado torturas, mientras otro habría desarrollado métodos de interrogatorio que posteriormente presentó a Maduro para su aprobación.

Otro funcionario señalado por los fiscales habría participado directamente en torturas contra civiles y militares, incluidos ciudadanos estadounidenses.
El nuevo cargo de conspiración para cometer torturas contempla una pena máxima de 20 años de prisión.

En cuanto al narcoterrorismo, la legislación estadounidense establece una pena mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua.

La conspiración para importar cocaína contempla una pena mínima de 10 años, mientras que uno de los cargos relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos durante actividades de narcotráfico establece una pena mínima obligatoria de 30 años. Otros delitos relacionados con armas también pueden conllevar cadena perpetua.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York está a cargo del proceso, con participación de organismos federales como el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El fiscal federal Jamie McDonald señaló, al presentar la acusación, que el caso comprende presuntas conductas de narcotráfico, corrupción y tortura cometidas mediante el aprovechamiento de instituciones estatales venezolanas.

El Departamento de Justicia precisó que los cargos contenidos en el documento son acusaciones y que Maduro y Flores conservan la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad.

El expediente incorpora así nuevos detalles sobre las presuntas relaciones entre Maduro y antiguos dirigentes de las Farc, particularmente la reunión de 2013 con “Timochenko”, “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”, los compromisos derivados del narcotráfico y los supuestos mecanismos de pago mediante armamento, petróleo y actividades mineras.

Al mismo tiempo, amplía los señalamientos contra Cilia Flores por sus presuntas relaciones con sectores cercanos al ELN y su participación en el sistema de detenciones y torturas investigado por la Justicia estadounidense.

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