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De La Espriella ordena desactivar las SIM usadas desde prisiones y restringir conexiones satelitales ilegales

El presidente sostuvo que la responsabilidad es compartida entre operadores, entidades y Fuerza Pública, y advirtió que quien incumpla deberá responder ante la ley.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
Por Agencia Periodismo Investigativo | Dom, 22/11/2026 - 17:29 Créditos: Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo De La Espriella informó que dio instrucciones para utilizar las herramientas legales y tecnológicas necesarias para impedir que las personas recluidas sigan delinquiendo mediante comunicaciones desde los centros penitenciarios. El anuncio lo hizo en su cuenta de X, luego de que la Presidencia divulgara, el 21 de noviembre, los cargos formulados por el MinTIC. 

El mandatario pidió que toda tarjeta SIM utilizada de manera ilegal desde una prisión sea desactivada y que toda conexión satelital no autorizada sea restringida. Con esas dos medidas, el Gobierno busca cortar los canales de comunicación que, según sus autoridades, usan los internos fuera de los controles del Inpec.

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De La Espriella insistió en que la responsabilidad es compartida. Mencionó a los operadores de telecomunicaciones, al Ministerio de las TIC, al Inpec, al Ministerio de Justicia y a la Fuerza Pública, y advirtió que cualquiera que incumpla sus obligaciones deberá responder ante la ley.

Resumió su posición en una idea: que las cárceles son para cumplir condenas y no para dirigir el crimen. El mensaje se produjo en medio de las acciones que el Ejecutivo adelanta para controlar las comunicaciones no autorizadas desde los penales.

La instrucción presidencial se apoya en la actuación del MinTIC, que abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Starlink Colombia y cuatro operadores. En La Picota fueron hallados 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems, y se verificaron conexiones de Starlink en otras tres cárceles.

La obligación de restringir las señales en los penales está en el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014, que exige a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones atenuar las señales que cubren los establecimientos. Si se comprueban los incumplimientos, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos mensuales, suspensión temporal de hasta dos meses o cancelación de licencias, según el caso.

El MinTIC recordó que las comunicaciones no autorizadas desde las cárceles pueden facilitar la coordinación de extorsiones y otras actividades delictivas, uno de los argumentos con los que el Gobierno justifica la ofensiva. 

Hasta ahora, el presidente no ha precisado plazos ni el procedimiento para desactivar las tarjetas SIM y restringir las conexiones satelitales, medidas que dependen de los operadores y de las autoridades de telecomunicaciones. Los cargos del MinTIC no constituyen sanciones, y en los reportes consultados no hay pronunciamientos de las empresas investigadas.

 

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