MinVivienda admite que no ha entregado subsidios a damnificados del terremoto del 10 de agosto

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reconoció que no ha asignado subsidios familiares de vivienda a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectó a cientos de miles de personas en diferentes regiones del país. La confirmación se produjo tres meses después de la emergencia, mediante una respuesta oficial enviada al representante a la Cámara Alejandro Toro, del Pacto Histórico.

La cartera, dirigida por Jaime Andrés Beltrán Martínez, explicó que las soluciones habitacionales destinadas a las familias afectadas todavía se encuentran en etapa de estructuración, por lo que no se han concretado las asignaciones de subsidios correspondientes a los programas de reconstrucción consultados.

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La información está contenida en un documento de 16 páginas, fechado el 10 de noviembre de 2026, mediante el cual el Ministerio respondió un derecho de petición presentado por el congresista para conocer el estado de los programas de atención y recuperación de viviendas afectadas por el movimiento sísmico.

En su respuesta, la entidad manifestó que “no se han asignado subsidios familiares de vivienda” debido a que las alternativas de atención permanecen en fase de estructuración.

El Ministerio precisó que todavía deben establecerse las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, operativas y territoriales necesarias para determinar la viabilidad de los proyectos destinados a los hogares damnificados.

La respuesta también señala que los programas de reconstrucción habitacional objeto de la consulta no registran recursos ejecutados, proyectos en ejecución, hogares beneficiarios ni avances físicos. Esta información aparece en la página 12 del documento remitido al representante Toro.

En consecuencia, los programas examinados por el congresista no presentan asignaciones efectivas de subsidios ni ejecución de obras de reconstrucción de vivienda, según los datos suministrados por el Ministerio.

La entidad también explicó que los indicadores de resultado e impacto asociados al proceso de reconstrucción no se encuentran dentro de sus competencias directas, sino que corresponden a las responsabilidades asignadas al Consejo Directivo del Fondo Milagro.

El Fondo Milagro fue creado por el Gobierno nacional mediante el Decreto Legislativo 1379 del 9 de septiembre de 2026, expedido en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado después del terremoto.

La disposición estableció un patrimonio autónomo destinado a financiar actividades de asistencia humanitaria, recuperación, rehabilitación, reconstrucción, reactivación económica y reducción del riesgo en los territorios afectados.

Entre las funciones previstas para el Fondo se encuentran la identificación, evaluación, priorización y aprobación de intervenciones, así como la estructuración de proyectos, contratación de estudios, diseños y obras necesarias para atender las consecuencias del desastre.

El decreto también contempla la financiación de soluciones temporales o definitivas de vivienda, recuperación de infraestructura pública y restablecimiento de servicios esenciales.

La norma dispone mecanismos de administración, seguimiento y evaluación de los recursos destinados a la atención de la emergencia, incluidos los proyectos, contratos, beneficiarios y resultados de las intervenciones.

El terremoto del 10 de agosto alcanzó una magnitud de 7,4 y ocasionó daños en viviendas, infraestructura pública, establecimientos educativos, centros de salud y vías de diferentes departamentos.

De acuerdo con el Registro Único de Damnificados, con corte al 3 de noviembre de 2026, la emergencia dejó 776.119 personas afectadas, correspondientes a 363.791 familias.

Los registros también identificaron 104.049 viviendas inhabitables, 19.149 destruidas y otras 119.748 con daños, cifras que muestran la dimensión de las afectaciones habitacionales ocasionadas por el movimiento sísmico.

La Defensoría del Pueblo presentó estos datos en su seguimiento a las condiciones de las comunidades afectadas y a las medidas institucionales adoptadas durante los tres meses posteriores al terremoto.

El organismo también informó que el Plan de Acción Específico para atender la emergencia tiene un costo estimado de 58,29 billones de pesos, mientras que los recursos inicialmente identificados ascienden a 8,21 billones.

La diferencia entre el presupuesto estimado y los recursos identificados alcanza los 50,08 billones de pesos.

Adicionalmente, la Defensoría reportó dificultades relacionadas con el Registro Único de Damnificados, particularmente en la incorporación de nuevos afectados, la corrección de inconsistencias y la inclusión de daños identificados después del cierre de los registros iniciales.

El reporte de la Defensoría también registró 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas, según la información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte al 27 de octubre.

En cuanto a la infraestructura social, la entidad identificó afectaciones en 406 centros de salud, 4.438 establecimientos educativos y 6.087 centros comunitarios, además de daños en vías, puentes y sistemas de acueducto

Antes de conocerse la respuesta al congresista, el Ministerio de Vivienda había anunciado diferentes medidas para atender la reconstrucción de los inmuebles afectados por el terremoto.

El 2 de septiembre, el ministro Jaime Andrés Beltrán presentó ante la Comisión Séptima del Senado el Plan Milagro de Reconstrucción Todos Ponen, diseñado para atender municipios de 16 departamentos afectados por el desastre.

Durante esa intervención, el funcionario explicó que el programa estaba organizado en tres fases y aseguró que la etapa de recuperación ya se encontraba en marcha. También solicitó respaldo del Congreso para ampliar a cuatro billones de pesos el presupuesto del Ministerio correspondiente a 2027, con el propósito de cofinanciar las intervenciones previstas.

Posteriormente, el 30 de septiembre, el Gobierno anunció la habilitación de más de 350.000 millones de pesos provenientes de las cajas de compensación familiar para contribuir a la atención de los damnificados.

La medida quedó contemplada en el Decreto Ley 1422 de 2026, que autorizó la utilización de esos recursos para subsidios de arrendamiento temporal, mejoramiento de vivienda y adquisición de inmuebles.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio, las cajas de compensación podrían destinar hasta 2028 entre el 7,5 % y el 10 % de los recursos mensuales del Fondo de Vivienda de Interés Social a la atención de las regiones afectadas.

El mecanismo contempla la participación de las cajas de compensación, gobernaciones, alcaldías y otras entidades públicas para financiar soluciones habitacionales dirigidas a los hogares inscritos en el Registro Único de Damnificados.

El 7 de octubre, el ministro Beltrán encabezó una mesa técnica con gobernadores y alcaldes de las zonas afectadas, en la que también participó el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe.

Durante ese encuentro, el funcionario informó que la reconstrucción del sector vivienda podría requerir inversiones de entre 19 y 23 billones de pesos.

La reunión contó con representantes de Caldas, Chocó, Quindío y Risaralda, así como autoridades de Armenia, Cali, Manizales, Pereira y Quibdó.

El 30 de octubre, el Ministerio anunció una inversión inicial estimada en 1,7 billones de pesos para la recuperación habitacional y presentó la meta de entregar hasta 5.000 viviendas nuevas a familias damnificadas.

La estrategia contempla la adquisición de viviendas terminadas que forman parte del inventario disponible de las empresas constructoras, con el propósito de atender a hogares que perdieron sus inmuebles durante el terremoto.

En esa oportunidad, Beltrán también anunció la preparación de un nuevo esquema de subsidios denominado Mi Casa Milagro, que comenzaría en los territorios afectados por el desastre y posteriormente se extendería a otras regiones del país.

“Los subsidios van a volver, la oportunidad de tener vivienda nueva va a volver. Ya no se llamará Mi Casa Ya, sino Mi Casa Milagro”, manifestó el ministro durante la presentación de la iniciativa.

Por otra parte, la UNGRD ha desarrollado un programa de apoyo económico temporal para los hogares cuyas viviendas quedaron destruidas o fueron declaradas inhabitables.

La entidad reportó recursos por 124.123 millones de pesos entre las dos fases del programa. De esa suma, 42.754 millones corresponden a recursos transferidos a los territorios durante la primera fase y 81.369 millones a recursos presupuestados para la segunda.

Los apoyos se han dirigido a familias de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Cauca, de acuerdo con los registros y procedimientos establecidos para la emergencia.

La UNGRD también informó sobre el inicio de pagos de ayudas temporales a hogares damnificados en Chocó y sobre la destinación de recursos para familias afectadas en Caldas. Estas transferencias corresponden a mecanismos de atención provisional y son diferentes de los subsidios familiares destinados a soluciones definitivas de vivienda.

Tras recibir la respuesta del Ministerio, el representante Alejandro Toro anunció que citará al ministro Jaime Andrés Beltrán a un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

El congresista manifestó su inconformidad por la ausencia de asignaciones de subsidios familiares de vivienda después de tres meses del terremoto y señaló que solicitará explicaciones sobre los programas de reconstrucción.

Toro también indicó que acudió a una acción de tutela para obtener información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Ministerio de Vivienda relacionada con las medidas adoptadas para atender a los damnificados.

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