Productores de frutas y verduras piden tumbar aumento del IVA por inconstitucional

La Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol) solicitó al Congreso de la República eliminar los incrementos del impuesto al valor agregado (IVA) propuestos para las frutas, las verduras y los insumos utilizados en su producción, al considerar que estas medidas podrían vulnerar los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, relacionados con la protección del campesinado y el derecho humano a la alimentación.

La petición fue presentada mediante una comunicación dirigida al Legislativo, en medio de la discusión de la denominada ley de rescate económico. En el documento, la organización que representa los intereses de los productores hortifrutícolas manifestó su oposición a las modificaciones tributarias y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los agricultores y consumidores.

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De acuerdo con los cálculos divulgados por Asohofrucol, la aplicación de mayores impuestos sobre los productos frescos y sobre insumos agrícolas, entre ellos semillas y fertilizantes, podría ocasionar una disminución del consumo de frutas y verduras de entre el 4 % y el 18 %.

Las estimaciones corresponden a las proyecciones del gremio sobre los efectos de la iniciativa tributaria y no a una reducción del consumo que ya se haya registrado.

La organización sostiene que el incremento de los impuestos afectaría tanto los costos de producción como el precio de venta de los alimentos. Su pronunciamiento comprende dos componentes de la actividad hortifrutícola: la comercialización de los productos destinados al consumo y la adquisición de los materiales necesarios para su cultivo.

En su comunicación, Asohofrucol señaló que las disposiciones propuestas deben examinarse teniendo en cuenta las garantías constitucionales relacionadas con el acceso a los alimentos y la protección de quienes desarrollan actividades agrícolas.

El gremio considera que un incremento tributario que encarezca las frutas y verduras podría dificultar su adquisición, particularmente para los hogares que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos.

La reclamación también incluye los costos que deben asumir los productores para mantener sus cultivos. Entre los insumos mencionados se encuentran las semillas y los fertilizantes, utilizados en distintas etapas de la producción agrícola y cuya tributación forma parte de las preocupaciones expresadas por la asociación.

El argumento constitucional de Asohofrucol se fundamenta en dos disposiciones que fueron modificadas mediante reformas aprobadas por el Congreso durante el gobierno de Gustavo Petro.

La primera corresponde al artículo 64 de la Constitución Política, modificado mediante el Acto Legislativo 01 del 5 de julio de 2023, que reconoció al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional.

Esta reforma incorporó expresamente el reconocimiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y territoriales de la población campesina, así como su relación con la tierra y la producción de alimentos.

El texto constitucional establece que el Estado debe promover el acceso progresivo del campesinado a la propiedad de la tierra y garantizar la protección de sus derechos individuales y colectivos. También contempla aspectos relacionados con el acceso a semillas, recursos naturales, asistencia técnica, infraestructura rural y mecanismos de comercialización de los productos agrícolas.

La segunda disposición invocada por la asociación es el artículo 65, modificado mediante el Acto Legislativo 01 de 2025, que incorporó el reconocimiento expreso del derecho humano a la alimentación adecuada.

Esta modificación establece que el Estado garantizará progresivamente ese derecho y la protección contra el hambre y las distintas formas de malnutrición. Además, contempla la promoción de condiciones de seguridad, soberanía y autonomía alimentarias en el territorio nacional.

La disposición también establece una protección especial para la producción y el acceso a los alimentos, con prioridad para el desarrollo de actividades agrícolas, agroalimentarias, agroindustriales, pecuarias, pesqueras y campesinas.

Estas normas forman parte de los fundamentos jurídicos utilizados por Asohofrucol para solicitar que las disposiciones tributarias cuestionadas sean retiradas del proyecto de ley.

La asociación sostiene que gravar los alimentos frescos y aumentar los impuestos sobre los insumos necesarios para producirlos podría entrar en conflicto con las garantías incorporadas a la Constitución mediante las reformas de 2023 y 2025.

La solicitud presentada al Congreso no constituye una declaración judicial de inconstitucionalidad. Se trata de un cuestionamiento formulado por el gremio durante la discusión legislativa de la iniciativa.

La controversia se produce después de que el Gobierno nacional radicara, el 29 de octubre de 2026, el Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara, denominado Ley de Rescate Económico, mediante el cual plantea modificaciones al sistema tributario, reducción del gasto público y nuevas medidas de recaudo.

El Ministerio de Hacienda presentó la iniciativa como parte de una estrategia para estabilizar las finanzas públicas, modificar las fuentes de ingresos del Estado y establecer mecanismos de devolución del IVA para sectores de menores ingresos.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la reorganización de los bienes y servicios excluidos y exentos del impuesto sobre las ventas, así como la eliminación de la tarifa diferencial del 5 %.

El articulado contempla cambios en el tratamiento tributario de distintos productos agropecuarios. En el caso de frutas y hortalizas frescas, la eliminación de su condición de bienes excluidos implicaría su incorporación a la tarifa general del IVA del 19 %, según las disposiciones previstas para entrar en vigor el 1 de enero de 2028.

Entre los productos comprendidos en las modificaciones se encuentran frutas como banano, mango, aguacate y cítricos, además de hortalizas como tomate, cebolla, zanahoria y lechuga.

La propuesta también contempla cambios tributarios para semillas destinadas a la siembra, fertilizantes, maquinaria y determinados servicios utilizados en la actividad agropecuaria.

Los artículos 42, 45 y 46 del proyecto modifican las disposiciones del Estatuto Tributario relacionadas con bienes y servicios excluidos y exentos del IVA. A su vez, el artículo 106 incluye la derogatoria de las normas que establecen la tarifa diferencial del 5 %, con aplicación prevista desde 2028.

En paralelo, el Gobierno propuso un mecanismo denominado EfectIVA, orientado a devolver el impuesto pagado por personas de menores ingresos.

Según informó el Ministerio de Hacienda el 29 de octubre, la iniciativa contempla beneficiar a aproximadamente 19 millones de colombianos mediante un sistema de devolución del IVA. El Gobierno estimó que los hogares beneficiarios podrían recibir, en promedio, 213.000 pesos mensuales.

Posteriormente, el 4 de noviembre, la cartera de Hacienda explicó que el mecanismo permitiría efectuar devoluciones mediante transferencias bancarias o giros postales, incluso para determinados beneficiarios que no dispongan de factura electrónica.

El viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancurt, señaló que el Departamento para la Prosperidad Social participaría en la administración de las transferencias destinadas a las personas de menores ingresos.

El Gobierno ha presentado este mecanismo como parte de las medidas destinadas a compensar la ampliación del IVA. Por su parte, Asohofrucol mantiene su solicitud de retirar los incrementos aplicables a frutas, verduras e insumos agrícolas.

Además de pedir la eliminación de las disposiciones tributarias, la asociación solicitó convocar una Mesa Técnica Nacional con participación de los gremios agropecuarios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las organizaciones de productores.

La propuesta del gremio busca reunir a representantes del sector agropecuario y de las entidades responsables de la política tributaria para abordar las modificaciones planteadas en el proyecto.

La solicitud fue formulada mientras el Congreso adelanta el trámite de la Ley de Rescate Económico, cuyas disposiciones todavía requieren aprobación legislativa para convertirse en normas vigentes.

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