Más de 80 desplazados en Tarazá, Antioquia, por enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo

El municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, ha sido escenario en los últimos días de enfrentamientos armados entre miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo. Como resultado de estos combates, al menos 28 familias, que suman cerca de 89 personas, fueron obligadas a abandonar sus viviendas en la vereda Doradas Altas.

El desplazamiento forzado fue confirmado por autoridades locales y por el Ejército Nacional. Las personas afectadas fueron evacuadas hacia los cascos urbanos de Tarazá y Cáceres, donde reciben atención bajo los lineamientos establecidos por los protocolos de respuesta humanitaria.

La operación de evacuación contó con el respaldo de tropas del Ejército, que permanecen en la zona para garantizar condiciones mínimas de seguridad a la población civil.

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El alcalde de Tarazá, Yomer Fabián Álvarez, instó al Gobierno nacional a reforzar su presencia institucional en esta área del departamento y solicitó mayor inversión social como una medida estructural frente a la violencia persistente.

En su pronunciamiento, destacó la necesidad urgente de presencia estatal que vaya más allá del componente militar.

Desde el alto mando de las Fuerzas Militares, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, comandante encargado del Ejército Nacional, confirmó el despliegue de unidades en diferentes sectores del Bajo Cauca y en el sur de Bolívar.

Según explicó, la Brigada 11 y la Fuerza de Despliegue Rápido actúan actualmente en Tarazá, mientras que en el caso del sur de Bolívar las operaciones están a cargo de la Brigada 19.

Rodríguez indicó que esta situación obedece a una confrontación territorial entre estructuras armadas que buscan controlar actividades ilícitas, en particular aquellas relacionadas con la extracción ilegal de oro.

En ese sentido, señaló que el conflicto armado en esta región responde a una lógica de control de las llamadas economías ilícitas.

El Ejército ha identificado un corredor estratégico que se extiende desde el sur del departamento de Bolívar hasta zonas del Bajo Cauca antioqueño, incluyendo municipios como San Pablo, Cáceres, Tarazá y El Bagre.

Esta franja territorial, conocida informalmente como el “cinturón aurífero”, se ha convertido en una de las principales fuentes de tensión entre el ELN y el Clan del Golfo debido a su riqueza minera y a la debilidad institucional en muchos de estos territorios.

Las autoridades han expresado preocupación por el impacto de estas disputas sobre las comunidades rurales. Además del desplazamiento forzado, se han documentado afectaciones indirectas a la economía campesina, restricciones a la movilidad de la población y temor generalizado en las veredas donde se reportan las confrontaciones.

El fenómeno no es nuevo en esta subregión de Antioquia. Durante los últimos años, el Bajo Cauca ha sido uno de los epicentros del conflicto armado, con una presencia sostenida de actores ilegales que disputan el control de rutas de narcotráfico, minería ilegal y otras rentas ilícitas.

En múltiples ocasiones, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el riesgo que enfrentan los líderes sociales y los habitantes de zonas rurales alejadas, particularmente en contextos donde la presencia del Estado es intermitente o inexistente.

El Gobierno nacional ha reiterado su compromiso con el proceso de paz total y ha avanzado en mesas de diálogo con algunos grupos armados, incluido el ELN. Sin embargo, la coexistencia de estos procesos con enfrentamientos armados en terreno ha evidenciado la fragilidad del cese al fuego bilateral, así como las dificultades logísticas y políticas para lograr una desescalada real del conflicto en zonas donde hay superposición de intereses criminales.

En tanto se mantengan las condiciones de inseguridad, las autoridades civiles y militares continúan con la atención de emergencia a las personas desplazadas, mientras se evalúan los pasos a seguir en materia de retorno o reubicación.

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