Manuel Grau, español amigo de Verónica Alcocer, enfrenta denuncia por presunta estafa de $4.900 millones

El empresario catalán Manuel Grau fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por una presunta estafa que, según la querella presentada por el abogado Carlos Soler en representación de varios empresarios colombianos, estaría relacionada con la entrega de dinero y bienes valorados en aproximadamente $4.900 millones entre noviembre de 2023 y junio de 2025.

Los denunciantes sostienen que los recursos fueron entregados bajo el compromiso de que serían devueltos con un rendimiento del 10%, obligación que, aseguran, nunca fue cumplida.

La actuación judicial marca un nuevo capítulo en las controversias que rodean al empresario europeo, conocido públicamente por su cercanía con distintos sectores políticos y por haber sido visto en varias oportunidades junto a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, durante actividades privadas y viajes al exterior.

No obstante, la denuncia presentada ante las autoridades se centra exclusivamente en las operaciones económicas que, según los querellantes, habrían dado origen al presunto fraude.

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De acuerdo con el escrito radicado ante la Fiscalía, los hechos comenzaron hacia finales de 2023, cuando Manuel Grau habría buscado recursos económicos entre empresarios colombianos argumentando que necesitaba liquidez para diferentes operaciones.

Según la versión expuesta por el abogado Soler, el empresario ofrecía devolver el capital recibido junto con un interés equivalente al 10%, en un plazo relativamente corto.

Los denunciantes afirman que esa propuesta generó confianza entre quienes decidieron entregar dinero en efectivo, realizar transferencias bancarias, girar cheques e incluso ceder bienes de alto valor económico.

Las entregas, según la documentación anexada al expediente, no se realizaron en una sola operación, sino mediante múltiples desembolsos efectuados durante cerca de 18 meses.

La denuncia sostiene que parte de esos recursos no fueron entregados directamente a Manuel Grau, sino a personas que, presuntamente, actuaban como intermediarios o emisarios designados por él para recibir el dinero.

Esa modalidad, según la defensa de las presuntas víctimas, hizo parte del mecanismo utilizado durante el desarrollo de las operaciones económicas ahora objeto de investigación.

En el documento entregado al ente acusador se señala que las transacciones ocurrieron entre el 15 de noviembre de 2023 y el 1 de junio de 2025, periodo durante el cual se efectuaron entregas sucesivas de efectivo, pagos mediante cheques, consignaciones bancarias y la transferencia de un vehículo de alta gama.

Según la relación consolidada presentada por los denunciantes, el mayor componente de los recursos corresponde a dinero en efectivo. En total, la querella indica que fueron entregados aproximadamente $3.910 millones distribuidos en diferentes jornadas y fechas.

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A esa cifra se sumarían pagos mediante cheques cuyo valor acumulado asciende a $280 millones. Asimismo, el expediente registra una transferencia bancaria por $60 millones realizada el 29 de mayo de 2024.

Además del dinero, la denuncia señala que una de las presuntas víctimas entregó un vehículo Toyota Sequoia, cuyo valor fue estimado en $650 millones.

De acuerdo con la documentación aportada, la entrega del automotor se habría efectuado el 23 de mayo de 2024.

Al consolidar cada uno de esos movimientos financieros y patrimoniales, el abogado Carlos Soler concluye que el monto total reclamado alcanza los $4.900 millones, suma cuya restitución solicita dentro del proceso penal.

En el escrito también se explica que cada una de las operaciones estaría respaldada por documentos que incluyen comprobantes de consignaciones, registros bancarios, copias de cheques, soportes de propiedad del vehículo y demás evidencias relacionadas con las fechas, modalidades de entrega y valores involucrados.

La denuncia sostiene igualmente que el valor de los bienes entregados en especie fue determinado con base en la documentación correspondiente a su propiedad, tradición y entrega material, razón por la cual dichos activos fueron incorporados dentro del cálculo económico presentado a la Fiscalía.

Como parte del material probatorio entregado a las autoridades, el abogado Soler informó que anexó un audio en el que, según su versión, Manuel Grau se refiere al negocio que motivó las entregas de dinero.

Ese registro sonoro haría parte del conjunto de evidencias cuya autenticidad y alcance deberán ser verificados durante la investigación penal.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Soler a medios de comunicación, el propósito de la denuncia es que la Fiscalía establezca si existió una conducta constitutiva de delito y determine las responsabilidades correspondientes, además de procurar la recuperación de los recursos entregados por sus representados.

El caso también pone nuevamente bajo el escrutinio público las actividades empresariales desarrolladas por Grau en Colombia. Aunque la investigación recién inicia y el empresario conserva la presunción de inocencia, la denuncia revive cuestionamientos formulados previamente por otros inversionistas relacionados con distintos proyectos inmobiliarios.

Uno de esos antecedentes corresponde al proyecto residencial Torre Barcelona, ubicado en el centro de Bogotá. En febrero de 2026 trascendió que un grupo de propietarios e inversionistas preparaba acciones penales por presuntas irregularidades asociadas con la administración y rentabilidad del complejo.

Ese desarrollo inmobiliario fue promovido inicialmente como una alternativa de inversión mediante la adquisición de unidades habitacionales destinadas al alquiler.

Según información conocida durante ese proceso, Manuel Grau participó en la estructuración comercial del proyecto a través de sociedades vinculadas a su entorno empresarial.

La construcción del edificio estuvo a cargo del Grupo Solerium, mientras que las empresas relacionadas con Grau asumieron la comercialización de los apartamentos ofrecidos a inversionistas desde aproximadamente 2016.

Posteriormente, el edificio fue entregado para su funcionamiento en 2020 bajo un esquema en el que la administración quedó en manos de una empresa operadora vinculada al mismo entorno empresarial.

Paralelamente se constituyó un fideicomiso encargado de recibir los ingresos generados por la operación del inmueble y distribuir las utilidades entre los propietarios.

Con el paso de los años comenzaron a surgir diferencias entre algunos inversionistas y los administradores del proyecto respecto al comportamiento financiero de la inversión.

Los propietarios manifestaron inconformidad por los rendimientos obtenidos y por el acceso a la información relacionada con el manejo económico del edificio.

Según representantes de la firma Defensa Inmobiliaria, que agrupa a propietarios de más de 220 unidades, la rentabilidad obtenida habría sido considerablemente inferior a la proyectada al momento de comercializar el proyecto.

Mientras las proyecciones iniciales hablaban de un rendimiento anual promedio cercano al 7,92% durante 10 años, los inversionistas sostienen que los resultados reales habrían rondado el 3%.

Voceros de esa organización también afirmaron que las ventas anuales del edificio habrían alcanzado cifras cercanas a los $10.000 millones, aunque consideran que los ingresos distribuidos entre los copropietarios no reflejaron esos resultados financieros.

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