Los $4.500 millones que recibió Sondra Macollins para su campaña presidencial: investigan millonarios gastos

La campaña presidencial de Sondra Macollins Garvin recibió un anticipo estatal de $4.500 millones a diez días de la primera vuelta de 2026 y posteriormente reportó pagos por $3.261 millones a dos organizaciones estrechamente vinculadas con la excandidata y con familiares de su esposo, Moisés Garvín, según una investigación publicada por La Silla Vacía.

El manejo de esos recursos todavía deberá pasar por la revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), autoridad encargada de determinar si los gastos fueron debidamente acreditados y si procede o no la devolución de dinero al Estado.

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La existencia y el monto del anticipo no dependen únicamente de la investigación periodística. Transparencia por Colombia estableció durante el seguimiento a la financiación de las campañas presidenciales que, entre el 20 y el 21 de mayo de 2026, el CNE aprobó y ordenó anticipos para cinco candidaturas.

Sondra Macollins recibió $4.500 millones. La organización precisó que los anticipos concedidos a Claudia López, Santiago Botero, Sergio Fajardo, Macollins y Mauricio Lizcano sumaron $21.567,28 millones.

Macollins participó en las elecciones del 31 de mayo como candidata del grupo significativo de ciudadanos “Sondra Macollins, la Abogada de Hierro”.

La Registraduría Nacional confirmó su inscripción junto con Leonardo Karam Helo como fórmula vicepresidencial, mientras que el CNE expidió resoluciones para acreditar los testigos electorales de esa agrupación.

La investigación de La Silla Vacía, estableció que la campaña recibió los $4.500 millones el 21 de mayo, cuando faltaban diez días para la votación. Macollins terminó obteniendo 19.987 votos, equivalentes aproximadamente al 0,1 % de los sufragios, según las cifras citadas por el medio.

El punto central de la investigación está en el destino de una parte considerable de esos recursos. De acuerdo con la reconstrucción realizada por La Silla Vacía a partir de las cuentas de campaña y registros empresariales, $3.261 millones terminaron facturados a nombre de la Corporación Partido Digital Colombiano y de Integral Servicios Profesionales, ISP.

La primera organización tiene una relación directa con Macollins. Según la investigación, la Corporación Partido Digital Colombiano fue creada en 2020 por Moisés Hernández, hoy conocido como Moisés Garvín, esposo de la excandidata. Macollins ingresó formalmente a esa organización en abril de 2024 y figura como asociada, directora y presidenta.

El medio encontró que durante los años anteriores la corporación había manejado ingresos anuales reducidos en comparación con las cifras de la campaña y que el 21 de mayo de 2026, precisamente el día en que ingresaron los recursos públicos, fue modificado su objeto social para incorporar actividades relacionadas con publicidad, producción audiovisual, plataformas digitales, páginas web y otros servicios que podían ser contratados por una campaña electoral.

Seis días después, el 27 de mayo, la campaña registró pagos por $1.770 millones a la Corporación Partido Digital Colombiano. Según los documentos revisados por La Silla Vacía, $1.726 millones correspondieron a producción y difusión de propaganda electoral y otros $44 millones a actividades culturales relacionadas con propaganda.

La segunda empresa señalada es Integral Servicios Profesionales, ISP. Sus vínculos familiares también forman parte de los hallazgos del medio: entre sus propietarios aparecen hijos de Moisés Garvín, mientras Sebastián David Hernández figura como socio, representante legal y gerente. El mismo Hernández aparece, además, como tesorero de la Corporación Partido Digital Colombiano.

La campaña reportó facturas de ISP por $1.491 millones. Dentro de ese monto, según la investigación, se incluyeron $1.099 millones relacionados con transporte para difusión de propaganda electoral mediante vehículos y $392 millones por soporte e infraestructura digital, incluido alojamiento web.

La revisión encontró otra circunstancia sobre este último servicio. De acuerdo con los registros mercantiles examinados, ISP modificó su objeto social el 1 de junio, un día después de la primera vuelta, para incluir expresamente servicios de infraestructura digital y alojamiento.

Es decir, la modificación formal se produjo después de que la campaña hubiera registrado el pago por ese concepto. Macollins respondió al medio que la sociedad podía realizar cualquier actividad comercial o civil lícita y defendió la legalidad de la contratación.

La investigación también contrastó esos gastos con la presencia pública de las compañías. ISP no tenía una actividad digital que permitiera identificar experiencia en este tipo de campañas y su página permanecía en construcción.

En el caso de la Corporación Partido Digital Colombiano, el portal relacionado con la organización no permitía comprobar una operación equivalente a los servicios contratados.

El manejo del anticipo debe analizarse además bajo las reglas especiales de financiación presidencial. Transparencia por Colombia recordó que la Ley 996 de 2005 y su reglamentación establecen requisitos para acceder a esos recursos y que, en la distribución del anticipo, el 68 % debe destinarse a propaganda electoral y el 32 % a otros gastos de campaña.

Para los $4.500 millones asignados a Macollins, la distribución correspondía a cerca de $3.088 millones para propaganda y $1.411 millones para los demás conceptos autorizados.

Antes de las elecciones ya existían alertas sobre el reporte de los recursos. El segundo informe de Transparencia por Colombia, con información de Cuentas Claras cortada al 28 de mayo, indicó que las 14 candidaturas habían empezado a registrar sus movimientos, pero los anticipos aprobados para cinco campañas todavía debían aparecer incorporados como ingresos en el aplicativo.

Para ese momento, la campaña de Macollins tenía registrados $782,6 millones en ingresos y $647,2 millones en gastos, antes de que quedara consolidada la información correspondiente al anticipo.

La Silla Vacía señaló además que una primera presentación de las cuentas de Macollins generó interrogantes por los montos destinados a propaganda electoral.

Posteriormente, la campaña modificó la clasificación de algunos gastos y trasladó los $392 millones pagados a ISP por infraestructura digital al rubro de otros gastos de campaña.

Macollins rechazó que las relaciones familiares entre los proveedores y su entorno implicaran una prohibición para contratar.

En respuesta al medio aseguró que el anticipo fue utilizado conforme a la ley y sostuvo que no existe una restricción que impida contratar servicios con compañías pertenecientes a familiares.

También afirmó que su campaña habría podido solicitar un anticipo superior, pero la cobertura de la póliza limitó el monto finalmente recibido.

La controversia ocurre mientras el nombre de Moisés Garvín también aparece en otra actuación de las autoridades, independiente de las cuentas electorales de Macollins.

La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó priorizar una investigación sobre un posible esquema de coordinación en contratación estatal relacionado con Aldesarrollo, Red Summa y Kluster Latam.

La actuación comprende más de 300 procesos por cerca de $2 billones y la hipótesis divulgada por la SIC menciona a Moisés Hernández, también identificado como Moisés Garvín.

Ese procedimiento se encuentra en etapa investigativa y los señalamientos no equivalen a una declaración de responsabilidad. Garvín ha rechazado las acusaciones y sostiene que no participa en las organizaciones señaladas en los términos planteados por la investigación.

Aldesarrollo, por su parte, afirmó que Hernández no tiene relación con la entidad desde 2023 y anunció que atenderá los requerimientos de las autoridades. Red Summa también ha negado vínculos con Garvín y reclamado respeto por el debido proceso.

En cuanto a los $4.500 millones entregados a la campaña presidencial, la decisión definitiva está pendiente. Según el CNE todavía no había iniciado la revisión de fondo de las cuentas de Macollins al momento de publicarse la investigación.

Esa evaluación será la que permita establecer oficialmente si los recursos fueron ejecutados dentro de las reglas de financiación electoral y si existe alguna suma que deba ser reintegrada.

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