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Redes de seguridad ciudadana: piden incluir zonas rurales e incentivos al comercio, ¿retorno de las Convivir?
Juan Pablo Agudelo, líder de los frentes de seguridad de Acacías, Meta, presentó seis propuestas de modificación al proyecto de ley 161 de 2025, que busca crear las Redes de Seguridad Ciudadana en Colombia.
Una propuesta ciudadana para modificar el proyecto de ley 161 de 2025, mediante el cual se pretende crear las Redes de Seguridad Ciudadana en Colombia, fue radicada ante la Cámara de Representantes por Juan Pablo Agudelo, líder de los frentes de seguridad del municipio de Acacías, en el departamento del Meta.
El documento, fechado el 18 de noviembre de 2026 y dirigido a los congresistas encargados de estudiar la iniciativa, contiene seis propuestas destinadas a fortalecer la participación comunitaria, ampliar los mecanismos de vigilancia preventiva y establecer condiciones para la vinculación del sector privado a las estrategias de seguridad.
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La comunicación fue remitida al senador Óscar Leonardo Villamizar Meneses, coautor del proyecto, y a los representantes Jonathan Eduardo Pineda López, Juan Manuel Londoño Jaramillo y Maritza Álvarez Barrera, identificados como ponentes para el segundo debate. También fue dirigida al secretario general de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Sánchez Vásquez.
El asunto genera polémica en diversos sectores por que recuerda las Las Convivir que fueron servicios especiales y cooperativas de vigilancia y seguridad privada creadas en Colombia en 1994 mediante el Decreto Ley 356 y reglamentadas en 1995. Su propósito inicial era facilitar la cooperación de la ciudadanía, especialmente en zonas rurales, con la Fuerza Pública frente a grupos armados ilegales.
De hecho, en el municipio de Acacias, como conoció la Agencia de Periodismo Investigativo, API, se viene usando este mecanismo con financiación privada y pagos con bonos.
a iniciativa legislativa, cuyo texto de referencia fue publicado en la Gaceta del Congreso número 487 de 2026, contempla la creación de redes comunitarias que permitan articular a los ciudadanos, las autoridades territoriales y la Policía Nacional mediante sistemas de vigilancia, alarmas, cámaras y otros dispositivos tecnológicos.
Agudelo manifestó su respaldo al propósito general del proyecto, pero advirtió que algunas disposiciones requieren ajustes para garantizar su aplicación en municipios intermedios y territorios rurales, donde existen dificultades de conectividad, limitaciones presupuestales y condiciones diferentes a las de los centros urbanos.
El dirigente comunitario sustentó sus observaciones en la experiencia de los frentes de seguridad que funcionan en Acacías, municipio que, según las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) citadas en el documento, tendría 105.704 habitantes en 2026.
En esa localidad, los vecinos y comerciantes han participado en la conformación de mecanismos de seguridad mediante aportes económicos destinados a la adquisición de cámaras, reflectores, alarmas y dispositivos de conectividad que posteriormente son entregados a las juntas de acción comunal.
De acuerdo con Agudelo, esta experiencia constituye un antecedente de cooperación entre ciudadanos y comerciantes que podría servir como referencia para implementar el proyecto en otras regiones del país.
La primera modificación propuesta consiste en ampliar expresamente el alcance territorial de las Redes de Seguridad Ciudadana. Aunque el articulado contempla su conformación en distritos, municipios y barrios, el documento solicita que también se mencionen las veredas, los corregimientos y las inspecciones de policía.
El objetivo es garantizar que las comunidades rurales queden incluidas en los mecanismos previstos por la nueva legislación y puedan organizar redes de prevención y comunicación con las autoridades.
La segunda propuesta está relacionada con las dificultades tecnológicas que enfrentan numerosas comunidades rurales. El proyecto contempla la utilización de cámaras, drones, alarmas, botones de pánico y mecanismos de integración con los centros de monitoreo de la Policía Nacional.
Sin embargo, Agudelo señaló que parte de estas herramientas depende de una conectividad que no está disponible de manera estable en distintos sectores del territorio nacional.
Por esta razón, solicitó que en las zonas rurales sin conectividad estable se prioricen sistemas de alerta mediante radiofrecuencia, alarmas sonoras y botones de pánico conectados a la estación de policía más cercana.
La modificación busca permitir que las comunidades puedan transmitir alertas oportunamente sin depender exclusivamente de conexiones a internet o plataformas digitales.
Una tercera observación plantea incorporar mecanismos de evaluación de resultados. Según el documento, el artículo 7 del proyecto establece disposiciones relacionadas con la auditoría y el seguimiento de los recursos, pero no contempla una medición específica del impacto de las redes sobre la respuesta institucional.
La propuesta consiste en que cada Red de Seguridad Ciudadana reporte semestralmente a la Policía Nacional y a la Secretaría de Seguridad correspondiente el número de alertas emitidas y atendidas.
Con esa información, las autoridades podrían consolidar los tiempos de respuesta y evaluar el comportamiento de los delitos en las zonas donde operen estos mecanismos.
Agudelo propuso que los resultados verificables sean considerados entre los criterios para la asignación de recursos públicos, con el propósito de evitar que las redes nuevas o rurales queden excluidas de los mecanismos de financiación.
Otra modificación solicita establecer estándares técnicos para los equipos adquiridos mediante recursos públicos o aportes de particulares.
El documento plantea que las cámaras, alarmas y demás herramientas utilizadas por las redes cumplan las condiciones técnicas que establezca la Policía Nacional, especialmente cuando deban integrarse con los centros de monitoreo y control.
También propone incorporar garantías para el tratamiento de imágenes y otros datos personales captados por los dispositivos de vigilancia, de conformidad con las disposiciones de la Ley 1581 de 2012.
El planteamiento busca que las imágenes de ciudadanos registradas por las cámaras comunitarias cuenten con mecanismos de protección y que la información recopilada sea utilizada conforme a la legislación vigente.
Una de las propuestas centrales del documento está dirigida a los comerciantes y empresarios que contribuyen económicamente al sostenimiento de los frentes de seguridad.
Agudelo solicitó incluir un artículo que reconozca la figura del “Comercio Aliado de la Seguridad”, destinada a identificar a las personas naturales y jurídicas que entreguen dinero, equipos u otros bienes para fortalecer las redes comunitarias.
La iniciativa contempla cuatro componentes relacionados con el reconocimiento de los aportantes, los posibles beneficios tributarios y la transparencia en el manejo de los recursos.
El primero plantea precisar la aplicación del descuento tributario previsto en el artículo 257 del Estatuto Tributario, cuando los aportes cumplan los requisitos legales y se destinen a entidades territoriales u organismos de acción comunal que administren equipos de seguridad.
El documento aclara que no se propone crear un beneficio tributario nuevo, sino reconocer la aplicación de una disposición existente dentro de los requisitos y límites establecidos por la legislación.
El segundo componente propone crear un distintivo denominado “Comercio Aliado de la Seguridad”, que pueda ser exhibido por los establecimientos participantes y utilizado en su publicidad.
Según el texto presentado, este reconocimiento sería otorgado por la entidad territorial correspondiente y no por la Policía Nacional, con el propósito de preservar la neutralidad institucional frente a los particulares.
El tercer componente busca reafirmar la facultad de los concejos municipales y distritales para establecer, dentro de su autonomía tributaria y los límites legales, incentivos relacionados con el impuesto de industria y comercio para quienes realicen aportes.
La propuesta no establece directamente descuentos en ese impuesto, sino que plantea reconocer la competencia de las corporaciones territoriales para estudiar y aprobar eventuales incentivos.
El cuarto componente contempla la creación de un inventario público de los aportes recibidos y de su destinación, como mecanismo de transparencia y seguimiento a los recursos entregados por comerciantes y ciudadanos.
El documento establece expresamente que los reconocimientos otorgados a los aportantes no podrán traducirse en atención preferencial por parte de la Policía Nacional ni permitirles acceder a información recopilada mediante los dispositivos de vigilancia.
La sexta modificación propone restringir la publicación de la ubicación exacta de cámaras, alarmas, botones de pánico y otros mecanismos de seguridad instalados en las comunidades.
Agudelo manifestó que divulgar las direcciones específicas de estos equipos podría facilitar su evasión o daño.
En consecuencia, solicitó que los informes públicos contengan el número y tipo de dispositivos instalados por barrio, vereda o sector, mientras que su ubicación exacta tenga carácter reservado por razones de seguridad pública, de acuerdo con los requisitos legales.
La propuesta invoca disposiciones constitucionales relacionadas con la reserva legal de información y el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, que contempla excepciones al acceso a información pública en determinadas circunstancias.
Además de las seis modificaciones, el dirigente comunitario presentó cuatro peticiones concretas al Congreso de la República.
La primera consiste en solicitar a los ponentes que estudien las observaciones y, si las consideran procedentes, las incorporen mediante proposiciones durante el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
También pidió que la Secretaría General incorpore la comunicación al expediente del proyecto de ley 161 de 2025, la remita a los congresistas responsables y disponga su publicación en la Gaceta del Congreso o en el sitio web correspondiente.
Una tercera petición busca que, cuando la iniciativa llegue al Senado, se promueva una audiencia pública con participación de los frentes de seguridad de Acacías, representantes de la Policía Nacional, comerciantes y autoridades locales.
Finalmente, solicitó recibir una respuesta formal dentro de los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.
El documento fue remitido con copia a los representantes a la Cámara por el Meta Darwin Castellanos Romero, Milton Carreño Sánchez y María del Carmen Mayusa Cruz.
Agudelo sustentó su intervención en los artículos 2, 23, 40 y 160 de la Constitución Política, así como en las disposiciones de la Ley 5.ª de 1992 que permiten a los ciudadanos presentar observaciones escritas sobre proyectos de ley en trámite.
También recordó que el proyecto fue radicado durante la legislatura 2025-2026 y sostuvo que su trámite legislativo debe concluir, conforme a los términos constitucionales que cita, a más tardar el 20 de junio de 2027.
Por esa razón, pidió que las modificaciones sean estudiadas durante el segundo debate en la Cámara de Representantes, antes de que la iniciativa continúe su trámite en el Senado.
Las observaciones fueron acompañadas de un anexo que contiene la redacción propuesta para modificar los artículos 4, 6 y 7 del proyecto, además de incorporar un artículo relacionado con la participación del comercio.
La comunicación quedó radicada en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el 18 de noviembre de 2026, según el sello de recepción que aparece en la primera página del documento.
Las seis propuestas constituyen observaciones ciudadanas y no modificaciones aprobadas al proyecto de ley. Su eventual incorporación dependerá de las decisiones que adopten los congresistas durante el trámite legislativo.
Con esta solicitud, los frentes de seguridad de Acacías buscan que la futura regulación contemple las necesidades de las comunidades rurales, establezca mecanismos para medir la efectividad de las redes y reconozca la participación económica de los comerciantes en las estrategias locales de prevención del delito.
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