¿Quién era Maricarmen? La mujer de 87 años que vivió 70 de alquiler y murió tras ser desalojada por orden judicial

María del Carmen Abascal Martín, la mujer de 87 años cuyo desahucio de la vivienda madrileña en la que había pasado siete décadas desencadenó protestas en España y aceleró medidas del Gobierno sobre alquileres y desalojos, murió este miércoles 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada desde que fue obligada a abandonar su casa el pasado 23 de septiembre.

Maricarmen, como era conocida por sus vecinos y por las organizaciones que la acompañaron durante su disputa judicial, murió sin alcanzar a regresar al piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, pese a que después del desahucio se había alcanzado un acuerdo con la empresa propietaria para permitirle volver.

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Su historia había dejado de ser un litigio entre una inquilina y el propietario de una vivienda para convertirse en uno de los casos que marcaron el debate sobre los alquileres y los desahucios en España.

Las imágenes de la mujer saliendo de su casa en camilla provocaron movilizaciones, concentraciones y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

El caso también fue utilizado como referencia en el debate político que llevó al Gobierno español a impulsar medidas extraordinarias en materia de vivienda.

Maricarmen había llegado a ese piso el 3 de septiembre de 1956. Tenía 17 años. Su padre alquiló la vivienda y se trasladó allí con su esposa y sus dos hijos. Desde entonces, el apartamento se convirtió en el centro de la vida familiar.

Su padre murió en 1960, a los 51 años. Su madre permaneció en la vivienda y falleció allí en 2005. Maricarmen también vivió con su hermano y conservó durante décadas fotografías, pinturas, porcelanas, objetos de colección y otros recuerdos familiares.

El alquiler que pagó durante buena parte de su vida estaba muy por debajo del precio que décadas después alcanzaron viviendas similares en esa zona de Madrid. La explicación estaba en el origen del contrato: se trataba de un arrendamiento de renta antigua firmado en 1956.

El contrato estaba inicialmente a nombre de su padre. Tras su muerte, la madre de Maricarmen se subrogó en el arrendamiento. Cuando ella falleció en 2005, Maricarmen pasó a ocupar la posición contractual.

Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 había limitado la duración de determinadas segundas subrogaciones de los antiguos contratos.

La Audiencia Provincial de Madrid determinó posteriormente que el contrato de Maricarmen debía considerarse extinguido en 2007.

Eso no significó que abandonara entonces la vivienda. Maricarmen continuó allí y siguió pagando la renta.

Los tribunales consideraron que la relación arrendaticia se había ido renovando tácitamente año tras año.

Durante ese periodo continuó pagando una cantidad muy inferior a los precios que alcanzó posteriormente el mercado inmobiliario del barrio.

En los últimos años, entre alquiler y otros conceptos vinculados a la vivienda, desembolsaba alrededor de 500 euros mensuales.

La diferencia con el mercado se convirtió en uno de los puntos centrales del conflicto.

En 2018, Renta Corporación, entonces propietaria del piso, comunicó a Maricarmen su intención de venderlo a Urbagestión por 247.000 euros y le notificó la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo, que le permitía adquirirlo en las condiciones comunicadas antes de que la operación se cerrara con un tercero.

Maricarmen sostuvo posteriormente que no disponía de ese dinero y que, por su edad, tampoco tenía posibilidades de obtener financiación bancaria para comprar el apartamento. Finalmente, Urbagestión adquirió la vivienda.

La nueva situación abrió una disputa que terminó prolongándose durante años. Maricarmen mantuvo que quería permanecer en la que consideraba su casa de toda la vida, mientras la propiedad sostuvo que el antiguo contrato había terminado y reclamó la recuperación del inmueble.

Las cifras del nuevo alquiler también fueron objeto de controversia. Maricarmen aseguró que inicialmente se planteó una renta próxima a los 2.500 euros y posteriormente una cantidad de alrededor de 1.650 euros.

La propiedad sostuvo que esta última cifra suponía una reducción respecto del precio de mercado que calculaba para la vivienda.

En los días anteriores al desahucio también se manejó una cifra de hasta 2.650 euros mensuales. En cualquier caso, cualquiera de esas cantidades superaba los ingresos mensuales que Maricarmen declaraba recibir como pensionista.

La mujer había explicado que su pensión se situaba alrededor de los 1.400 o 1.450 euros mensuales.

El bajo alquiler que había pagado durante décadas, por tanto, no surgió de una rebaja concedida recientemente por la empresa que terminó siendo propietaria del apartamento.

Procedía fundamentalmente del régimen de renta antigua del contrato familiar iniciado en 1956 y de la continuidad posterior de la relación arrendaticia.

Un antiguo propietario y vecino de Maricarmen ofreció después del desahucio una versión distinta sobre esa relación.

Aseguró públicamente que su familia había mantenido durante años unas condiciones económicas favorables para la inquilina y sostuvo que los ingresos procedentes de la renta eran insuficientes para cubrir determinados gastos del inmueble.

Ese mismo antiguo vecino cuestionó también la convivencia con Maricarmen. La describió como una “mala vecina” y aseguró que existían quejas frecuentes relacionadas con la calefacción, el ascensor y el ruido producido por sus hijos cuando eran pequeños.

Se trata de la versión de ese antiguo propietario y vecino, no de un hecho establecido judicialmente. Otros vecinos, activistas y personas que acompañaron a Maricarmen durante los intentos de desalojo ofrecieron públicamente una imagen distinta y participaron en las concentraciones organizadas para impedir que fuera expulsada del inmueble.

Durante los últimos meses, cientos de personas llegaron a concentrarse frente al edificio. Para quienes respaldaron su permanencia, el conflicto no se reducía al precio del alquiler, sino a la situación de una mujer de 87 años, con movilidad reducida, que llevaba prácticamente toda su vida vinculada a la misma vivienda.

Maricarmen tampoco había pasado su vida únicamente dentro de aquel apartamento. Estudió taquimecanografía y secretariado y desarrolló una prolongada trayectoria laboral.

Las informaciones disponibles sobre su vida profesional indican que trabajó durante 34 años como secretaria del consejo de administración de una empresa farmacéutica y que se jubiló en 1998. Otras referencias señalan que acumuló hasta 49 años de actividad como auxiliar administrativa.

Después del desahucio circularon versiones según las cuales había sido funcionaria pública e incluso se difundieron documentos oficiales correspondientes a una mujer con un nombre similar.

Las comprobaciones realizadas no permiten confirmar esa afirmación. Uno de los documentos difundidos correspondía a María del Carmen Abascal González y no a María del Carmen Abascal Martín.

Tras jubilarse, continuó viviendo en el mismo barrio. Entre sus actividades habituales estaban caminar por la zona, hacer sus compras y cuidar los objetos y recuerdos acumulados durante décadas en su vivienda.

También se difundieron afirmaciones según las cuales había residido permanentemente en otra localidad. La información disponible muestra que estuvo empadronada durante unos meses de 2001 en Collado Mediano por motivos laborales, pero regresó posteriormente al piso madrileño.

Su estado de salud adquirió una importancia central en el procedimiento.
La documentación judicial recoge que en 2018 Maricarmen comunicó que llevaba una prótesis en la cadera izquierda que le provocaba limitaciones de movimiento y que padecía bradicardia, una alteración caracterizada por una frecuencia cardiaca inferior a la habitual.

Posteriormente aportó documentación médica relacionada con su grado de discapacidad. La cuestión resultaba jurídicamente relevante porque la Ley de Arrendamientos Urbanos contemplaba una excepción para determinadas personas con una discapacidad igual o superior al 65 % en el momento de producirse la subrogación.

La Audiencia Provincial concluyó que no estaba acreditado en los términos legalmente exigidos que Maricarmen tuviera ese grado de discapacidad cuando murió su madre en 2005. Años después, la propia Maricarmen manifestó públicamente que tenía reconocida una discapacidad del 50 %.

En sus últimos meses su movilidad se redujo de forma considerable. Terminó utilizando silla de ruedas y necesitaba ayuda para realizar tareas cotidianas. También había perdido masa muscular, presentaba dificultades para alimentarse y había manifestado que el prolongado conflicto por la vivienda había afectado su estado físico.

No existe, hasta ahora, información oficial que permita atribuir su muerte a una enfermedad concreta ni establecer una relación médica causal entre el desahucio y su fallecimiento.

Lo confirmado es que tenía problemas de movilidad y antecedentes de bradicardia y prótesis de cadera, que su estado físico se había deteriorado y que permaneció hospitalizada desde el día del desalojo hasta su muerte.

El 23 de septiembre se ejecutó finalmente la orden de desahucio después de varios intentos anteriores. Maricarmen salió del edificio recostada en una camilla y fue trasladada en ambulancia al Hospital Gregorio Marañón.

Las imágenes tuvieron repercusión nacional. Miles de personas participaron posteriormente en movilizaciones por el derecho a la vivienda y cientos instalaron tiendas de campaña en la Puerta del Sol.

El nombre de Maricarmen comenzó a utilizarse para identificar las medidas reclamadas para proteger a inquilinos vulnerables frente a los desalojos.

Mientras continuaba ingresada, Maricarmen siguió enviando mensajes a quienes participaban en las protestas y pidió que mantuvieran la movilización.

Cinco días después del desahucio, el 28 de septiembre, representantes de Maricarmen y de Urbagestión alcanzaron un acuerdo que abría la posibilidad de que regresara al apartamento mediante un nuevo contrato.

Su abogada comenzó las gestiones necesarias para formalizarlo y Maricarmen recibió desde el hospital la noticia de que podría volver a la casa de la que había sido expulsada.

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