Ley de sometimiento bajo fuego amigo: choque entre Montealegre y Patiño

El debate sobre el proyecto de ley de sometimiento y paz total cobró un nuevo capítulo de confrontación institucional. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, arremetió este lunes contra el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, luego de que este cuestionara públicamente el alcance y el proceso de elaboración del proyecto, el cual fue radicado ante el Congreso.

“Es inconcebible que Otty Patiño se vuelva y se convierta en un francotirador de la paz“, afirmó el ministro, avivando el fuego cruzado dentro del mismo Ejecutivo.

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Por su parte, Patiño señaló que la iniciativa gubernamental “corre el riesgo de fracasar” al no haber sido producto de un acuerdo interpartidista, ni contar con respaldo político ni social suficiente. Aunque aclaró que sus críticas se refieren más a la forma de tramitar el proyecto que al fondo de su contenido.

Asimismo, negó que sus observaciones respondan a una actitud obstruccionista. “Eso no es cierto. Nuestra oficina había advertido desde mayo que el proyecto no debía presentarse sin acuerdos amplios”, señaló. 

Por otra parte, explicó su distanciamiento con los exparamilitares que han sido designados como gestores de paz, aclarando que el Gobierno, y no él personalmente, decidió limitar su protagonismo debido al incumplimiento de compromisos relacionados con verdad, reparación y entrega de bienes.

El proyecto de sometimiento contempla beneficios penales para facilitar la desmovilización y reintegración de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Según Montealegre, los miembros de estructuras armadas enfrentarían penas de entre cinco y ocho años de prisión, mientras que los integrantes del crimen organizado podrían acceder a rebajas de hasta el 60 % de sus condenas. Los jóvenes judicializados por su participación en la primera línea recibirían un beneficio del 70 % de descuento en sus penas.

El ministro defendió el enfoque de justicia premial como parte de una estrategia contra el narcotráfico. “La primera llave la abre el Gobierno, al identificar qué grupos entran a negociación; la segunda, la Fiscalía, cuando se concreta el acuerdo y se establece el plan para el desmonte de la estructura”, precisó.

Este cruce entre dos voces clave del proceso de paz deja en evidencia las fracturas internas que enfrenta el Ejecutivo en la implementación de una política tan compleja como ambiciosa.

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