Laura Sarabia niega haber enviado hojas de vida para interventores de salud y dice que Petro fue desinformado

La controversia por la llegada de interventores a entidades del sistema de salud volvió a escalar esta semana, en medio de un cruce de señalamientos entre el presidente Gustavo Petro, el exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal y la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia.

La hoy diplomática sostuvo que nunca entregó hojas de vida para esos nombramientos y planteó que el jefe de Estado también habría recibido información equivocada sobre el origen de esas postulaciones.

El pronunciamiento se conoció en Caracol Radio, en una conversación centrada en el proceso de intervención de EPS, la cadena de decisiones que llevó a designaciones cuestionadas y la discusión interna que se abrió en el Ejecutivo por las responsabilidades políticas y administrativas del caso.

Días antes, Sarabia había presentado cartas credenciales ante el rey Carlos III en el Palacio de St. James, en Londres, con lo que quedó formalmente acreditada como embajadora. Ese hito protocolario coincidió con el aumento de la presión política en Colombia por el expediente de los interventores.

Sarabia reiteró que no entregó hojas de vida ni designó interventores para el entonces superintendente Luis Carlos Leal.

En su versión, el presidente Petro también habría sido inducido a conclusiones erróneas sobre quién movió esos perfiles. El argumento central de la embajadora fue que el debate se ha alimentado de información incompleta o incorrecta y que su participación en la selección no existió.

En ese contexto, Sarabia trasladó parte del foco hacia los controles que, a su juicio, debían operar dentro de la Superintendencia: sostuvo que quien ejerce funciones de supervisión y nombramiento debe verificar requisitos, trayectoria y procedencia de los candidatos, y responder por las decisiones adoptadas en el marco de sus competencias.

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La disputa se reactivó tras declaraciones públicas del presidente Petro en las que sostuvo que Sarabia habría llevado hojas de vida a la Superintendencia y que, según su relato, el entonces superintendente se dejó “engañar”.

En esas intervenciones, el mandatario afirmó que los interventores terminaron realizando “business” y que él los retiró después, pero que el episodio impactó la agenda del Gobierno en materia de intervención y reforma del sistema.

Después de esas afirmaciones, la defensa de Sarabia formalizó solicitudes ante la Fiscalía para que el presidente rinda una declaración jurada dentro de la investigación relacionada con la presunta manipulación de hojas de vida.

El oficio tiene fecha 29 de enero de 2026 y fue dirigido a despachos de la Fiscalía y a la Corte Suprema, con el propósito de establecer quién suministró al jefe de Estado información que la defensa considera falsa sobre la supuesta intervención de Sarabia en los nombramientos.

La misma solicitud pidió asegurar material de cámaras de seguridad del Palacio, correspondiente al 30 de octubre de 2024, fecha que ha sido mencionada como clave para establecer quién ingresó y con qué propósito en el marco de reuniones sobre el tema.

En paralelo, el exsuperintendente Luis Carlos Leal afirmó que las hojas de vida le fueron entregadas por Jaime Ramírez Cobo, quien —según su relato— habría llegado presentándose como enlace de Presidencia y de Sarabia, y habría indicado que existía aval de alto nivel para proceder.

También se conoció que Leal señaló a Ramírez Cobo como la persona que le entregó los perfiles, en medio del pulso público que se abrió entre Bogotá y Londres por el tema.

En ese mismo contexto, el medio reportó la referencia a una reunión del 30 de octubre de 2024 en la que se habrían solicitado explicaciones sobre esas hojas de vida, con presencia de funcionarios del alto gobierno.

Sarabia, por su parte, marcó distancia frente a la defensa de su exasesor: sostuvo que no es su vocera y que él ejerce su derecho a controvertir señalamientos en los escenarios correspondientes.

Insistió en que la investigación debe determinar responsables y esclarecer la trazabilidad de los nombres que circularon para interventorías, así como los filtros que se aplicaron antes de que se produjeran designaciones.

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