Fenalco y Andi critican solicitudes de la SIC por control a precios en Colombia

En medio de un contexto marcado por el aumento del salario mínimo legal en un 23,7 % y una inflación que sigue siendo objeto de seguimiento institucional, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emprendió una acción masiva de recolección de información a empresas del país con el objetivo de analizar los métodos y estructuras que definen los precios de venta al consumidor.

La medida fue interpretada por diversos sectores empresariales como una intromisión directa en la actividad privada y un riesgo para la estabilidad del mercado.

La solicitud enviada por la SIC incluye siete requerimientos técnicos que abarcan desde los algoritmos y fórmulas utilizadas para definir precios hasta los costos de importación, transporte y el impacto de las variaciones cambiarias en la comercialización de productos.

También se demanda el desglose de los márgenes de ganancia y la justificación de descuentos aplicados por sectores como comercio al por menor, textiles, alimentos y artículos de primera necesidad.

La entidad ha señalado que la medida se enmarca dentro de sus funciones legales de protección al consumidor y vigilancia del mercado.

El paquete de preguntas fue recibido con inquietud por asociaciones como la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y el Consejo Gremial Nacional.

Para estos gremios, el requerimiento no constituye una simple actividad de supervisión sectorial, sino que se asemeja a un proceso de fiscalización de las decisiones empresariales, lo que podría representar una transgresión al derecho a la libertad económica consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política.

Desde Fenalco, su presidente Jaime Alberto Cabal denunció que la solicitud de información transforma la función legal de la SIC y la convierte en una entidad reguladora de precios, sin que exista un mandato legal para tal fin.

En declaraciones públicas, Cabal comparó la actuación con modelos de control económico aplicados en regímenes autoritarios, y citó expresamente el caso venezolano como ejemplo de los efectos que, a su juicio, puede tener una política de intervención en los márgenes de ganancia empresarial.

Cabal enfatizó que exigir información sobre la estructura de precios de más de 40.000 referencias comerciales resulta inviable, y que resulta inaplicable pedirle a un comerciante justificar cambios de precios diarios en frutas, verduras o pescados, cuyos valores fluctúan en los centros de abastecimiento mayorista.

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Añadió que la variación en los precios también responde a factores estacionales, excesos de inventario y estrategias comerciales legítimas, por lo que hacer requerimientos genéricos puede resultar en sanciones arbitrarias.

Por su parte, la Andi manifestó que la solicitud podría vulnerar derechos como el secreto industrial, la reserva estratégica y la confidencialidad de los modelos de negocio.

A juicio del gremio, la SIC no tiene competencia para intervenir de manera directa en las decisiones comerciales individuales, y alertó que, si bien existe un deber estatal de protección al consumidor, este no puede ejercerse mediante mecanismos que impliquen la desnaturalización de la economía de mercado.

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, se sumó al rechazo argumentando que la función de vigilancia estatal no puede traducirse en acciones preventivas que partan del supuesto de culpabilidad de las empresas.

Para la dirigente, las investigaciones deben iniciarse solo cuando exista una presunción razonable de prácticas anticompetitivas o conductas abusivas, y no como parte de una estrategia generalizada de supervisión a priori.

El debate generado refleja una tensión estructural entre las facultades de vigilancia económica del Estado y el marco constitucional de libertad empresarial.

Mientras que la SIC sostiene que busca establecer si existen prácticas que estén elevando los precios de manera desproporcionada en perjuicio de los consumidores, los gremios consideran que se ha cruzado el umbral de lo permitido y se estaría promoviendo, de facto, una política de intervención indirecta en los precios.

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