Juliana Guerrero usó avión y helicóptero de la Policía para reunión de la UPC, ministro Benedetti opina otra cosa

Nuevos datos sobre el desplazamiento de Juliana Guerrero Jiménez, coordinadora de gabinete del Ministerio del Interior, revelan que su viaje a territorio del Cesar, realizado los días 19 y 20 de junio de 2025, involucró no solo un avión de la Policía Nacional, sino también un helicóptero Bell 212 con matrícula PNC-0495, utilizado para llegar al municipio de Aguachica.

La información, divulgada por una investigación de la revista Cambio, indica que Guerrero Jiménez y su hermana, Verónica Guerrero, participaron durante siete horas en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) en esa localidad, con el fin de gestionar una modificación de los estatutos de la institución.

El itinerario comenzó el 19 de junio, cuando Guerrero Jiménez arribó a Valledupar en un avión oficial de matrícula PNC-0242. Al día siguiente, la funcionaria y un grupo de acompañantes fueron trasladados en helicóptero desde Valledupar hasta el Batallón Andrés María Rosillo, en Aguachica.

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Entre los integrantes de la comitiva estuvieron René Segundo Hernández, director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, y José Carlos Pérez Yancy, representante de los egresados en el Consejo Superior de la UPC. Ambos mantienen vínculos con sectores políticos de la región, incluyendo el grupo conocido como la casa Gnecco.

De acuerdo con documentos internos de la universidad y testimonios recopilados por Cambio, la presencia de las hermanas Guerrero coincidió con una sesión clave del Consejo Superior en la que se impulsaron cambios en los estatutos para eliminar la prohibición de reelección inmediata del rector, norma vigente desde 2004.

El rector actual, Rober Romero, tiene trayectoria en el Partido Liberal Colombiano, aunque en los últimos años ha consolidado alianzas con líderes conservadores del denominado “Equipo Azul”, entre ellos el representante Ape Cuello y el senador Didier Lobo.

La participación de Verónica Guerrero no cuenta con soporte oficial, dado que ella no ocupa cargo ni representación gubernamental en el Consejo Superior de la UPC. No obstante, según las actas y los testimonios, intervino en las discusiones sobre la reforma.

La gestión de la modificación estatutaria había comenzado el 11 de abril, poco después del ingreso de Juliana Guerrero al Consejo, y enfrentó múltiples aplazamientos en sesiones posteriores ante la falta de consensos.

En las reuniones del 22 de mayo, 31 de mayo y 5 de junio, los votos necesarios no se aseguraron y, en algunos casos, los delegados abandonaron los encuentros antes de abordar el tema, citando presuntas órdenes del presidente Gustavo Petro, sin que estas fueran confirmadas.

El desplazamiento del 20 de junio tuvo como objetivo, según fuentes consultadas por el medio, consolidar apoyos para lograr la aprobación de la reforma.

La UPC administra un presupuesto anual cercano a 170.890 millones de pesos, cifra que, según actores locales, le otorga un peso político y financiero equiparable al de una gobernación departamental, razón por la cual los cargos directivos son objeto de disputas entre grupos políticos.

El costo del traslado, calculado únicamente en combustible para las dos aeronaves, asciende a 126 millones de pesos, según la investigación.

Las actas del Consejo reflejan que la participación de Juliana Guerrero podía haberse realizado de forma virtual, como en ocasiones previas, y que la universidad suele cubrir los gastos de transporte y viáticos de los consejeros cuando las sesiones ocurren fuera de Valledupar, lo que genera cuestionamientos sobre el uso de recursos institucionales de la Policía Nacional.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió inicialmente la legalidad del traslado, argumentando que se trataba de un convenio interinstitucional autorizado por él mismo como parte de una misión de seguridad y orden público.

Sin embargo, tras la publicación de los documentos que vinculan el viaje con la reunión universitaria, Benedetti admitió desconocer el propósito real de la visita.

En declaraciones a Cambio, sostuvo: “No joda, ella me había dicho que el viaje era para una misión encomendada y secreta para un asunto de seguridad nacional. Juliana nunca me informó que ese traslado era para asistir a una reunión en una universidad. No sé si habrá hecho las dos cosas, pero tendré que averiguar”. El ministro aseguró, además, que Juliana Guerrero no está habilitada para solicitar helicópteros y aviones a discreción.

La investigación añade que, ante la resistencia a la reelección del rector Romero, el grupo de aliados de las hermanas Guerrero evalúa promover a René Hernández como candidato a la rectoría, con lo cual evitarían las restricciones vigentes sin necesidad de la reforma estatutaria.

Crédito: Cambio

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