Candidatos investigados por corrupción se postulan al Congreso en Colombia para elecciones en 2026

Varios aspirantes al Congreso de la República formalizaron sus inscripciones para participar en las elecciones legislativas pese a estar bajo investigación judicial por hechos relacionados con presunta corrupción, desvío de recursos y otras conductas irregulares.

En este grupo figuran actuales miembros del Legislativo, exsenadores y dirigentes de distintos partidos políticos, incluidos el Conservador, Liberal, de la U, Alianza Social Independiente (ASI), Pacto Histórico y Mais.

La información generó reacciones tanto en el ámbito institucional como en la opinión pública, en medio de llamados a fortalecer la integridad del proceso electoral y el escrutinio sobre los antecedentes judiciales de quienes aspiran a integrar el Congreso.

El fenómeno no se circunscribe a una sola colectividad ni se limita a una región del país. Los registros de inscripción incluyen aspirantes que actualmente ostentan curules y otros que buscan regresar al Capitolio.

El proceso de inscripción no impide que ciudadanos investigados penalmente participen en las elecciones, siempre que no exista una condena penal en firme que determine una inhabilidad.

Sin embargo, la presencia de candidatos señalados por la justicia ha suscitado críticas, especialmente por el momento político que atraviesa el país y los recientes escándalos de corrupción en entidades públicas.

Uno de los pronunciamientos más visibles provino del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien expresó su rechazo frente a la postulación de cuatro congresistas implicados en la presunta desviación de recursos en esa entidad.

Carrillo aludió a Elías Chagüi (Partido de la U), Martha Peralta (Mais), Wadith Manzur (Conservador) y Berenice Bedoya (ASI), quienes han sido mencionados en indagaciones relacionadas con contratos y programas operados por la UNGRD.

La situación ocurre en un contexto marcado por investigaciones de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia sobre el manejo de recursos públicos.

Wadith Manzur, actual representante a la Cámara y aspirante al Senado, es investigado por la Corte Suprema debido a su presunta participación en un caso de presión a una exfuncionaria del Ministerio de Hacienda para direccionar contratos.

En respuesta a estas acusaciones, Manzur sostuvo que su actuación ha sido legal y que se respalda en el principio constitucional de presunción de inocencia.

Negó haber incurrido en apropiación de recursos públicos y cuestionó la veracidad de los testimonios que lo señalan.

Martha Peralta, senadora de Mais, también fue mencionada por posibles gestiones indebidas en la asignación de maquinaria y ayudas a través de la UNGRD.

En respuesta, indicó que no teme las investigaciones y que su conducta ha sido transparente. En sus declaraciones señaló que incluso el propio director de la UNGRD ha sido mencionado en declaraciones de personas involucradas en los hechos.

Berenice Bedoya, por su parte, negó tener investigaciones en curso y afirmó que los señalamientos carecen de fundamento jurídico.

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Atribuyó las acusaciones a intereses que buscan desviar la atención de otros asuntos. Ratificó su decisión de continuar con su aspiración al Senado.

Elías Chagüi, vinculado al partido de la U, fue relacionado con una supuesta intermediación en contratos asignados por la UNGRD. 
En respuesta, cuestionó el papel de Carrillo y sostuvo que las acusaciones en su contra no provienen de una autoridad judicial competente.

En el Partido Conservador, David Barguil encabeza la lista al Senado mientras enfrenta una investigación en la Corte Suprema por presuntas gestiones irregulares ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), con el fin de favorecer contratos en el municipio de Galeras, Sucre.

Su abogado, Darío Bazzani, explicó que la etapa de investigación ya concluyó y que la defensa ha aportado elementos probatorios para desvirtuar los cargos.

Señaló que la inscripción del exsenador no contraviene la ley, dado que no existe ninguna condena.

En el caso de John Besaile, senador del Partido de la U, la investigación gira en torno a presunta falsedad ideológica y alteración de documentos durante su paso por la Secretaría del Interior de Córdoba, así como a una intervención en un cuerpo de agua presuntamente orientada al beneficio personal.

Según su defensa, liderada por Carlos Gómez Pavajeau, el proceso no ha generado una sentencia condenatoria ni una medida restrictiva de sus derechos políticos.

El abogado agregó que se han presentado pruebas de descargo y que se espera una decisión favorable.

Wilmer Carrillo, senador por el Partido Conservador, es objeto de investigación por supuestamente solicitar sobornos relacionados con contratos del hospital del municipio de Ábrego, Norte de Santander.

Su abogado, Oswaldo Medina, indicó que el caso sigue en etapa preliminar y que no existe una vinculación formal con otros hechos de corrupción en los que su nombre ha sido mencionado.

También figura Pedro Flórez, del Pacto Histórico, quien fue citado por la Corte Suprema para rendir versión libre en relación con una investigación sobre presunta financiación irregular de su campaña electoral.

Flórez afirmó no tener impedimentos legales para postularse y señaló que no ha sido objeto de imputación, formulación de cargos o fallo judicial en ningún proceso penal.

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