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Disidente de las Farc se fugó de cárcel de máxima seguridad de Itagüí el Día de las Velitas
Alias el Zorro escapó de prisión pese a condena de 35 años y nueva imputación por asesinato.
En la noche del lunes 8 de diciembre, coincidiendo con la celebración del Día de las Velitas, un interno logró escapar del centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Itagüí, Antioquia.
El recluso fue identificado como Darío Arcadio Zapata Mazo, también conocido con los alias de “el Zorro” o “el Flaco”, señalado como disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y capturado anteriormente en el municipio de Valdivia, al norte del departamento.
La información fue divulgada inicialmente por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien ejerció como fiscal especializada en investigaciones contra estructuras criminales.
De acuerdo con su testimonio, el recluso habría aprovechado un ambiente de relajación en el penal, donde se desarrollaban celebraciones informales entre algunos internos, para ejecutar su fuga sin que las autoridades penitenciarias lo impidieran.
Carrasquilla afirmó públicamente que, mientras se desarrollaban actividades como encendido de velas, consumo de licor y música dentro de las instalaciones, Zapata Mazo logró acceder a una escalera y escalar varios muros hasta abandonar el recinto.
Zapata Mazo cumplía una condena de 35 años de prisión por delitos como concierto para delinquir, secuestro extorsivo y desplazamiento forzado.
Sin embargo, se conoció que la Fiscalía General de la Nación tenía previsto imputarle nuevos cargos relacionados con un hecho múltiple de violencia que habría dejado ocho víctimas mortales, entre ellas un menor de edad que se encuentra desaparecido.
Este proceso judicial en curso habría sido un factor determinante en su decisión de fugarse.
La concejal Carrasquilla expresó preocupación por la aparente falta de controles en el establecimiento carcelario, al que calificó como un espacio donde las personas privadas de la libertad circulan con libertad inusual para una prisión de alta seguridad.
Según sus declaraciones, en el lugar no se realizan conteos regulares de internos, las puertas permanecen abiertas entre distintos niveles de la cárcel y hay sectores que no están estrictamente destinados a alojamiento, como salones de clase, donde algunos internos pernoctan sin restricciones.
Uno de los aspectos más delicados denunciados por la exfiscal tiene que ver con el presunto funcionamiento deficiente del sistema de videovigilancia.
De acuerdo con su relato, las cámaras de seguridad no estarían operativas y no se cuenta con mecanismos de control eficaces.
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Zapata Mazo habría salido por las oficinas donde se atienden citas con abogados, sin generar ninguna alerta. La forma en que logró superar los muros del penal refuerza las versiones sobre una infraestructura vulnerable a este tipo de incidentes.
La exfuncionaria judicial solicitó que se inicien investigaciones formales sobre lo ocurrido, no solo por la fuga del interno sino por lo que considera una situación generalizada de irregularidades dentro de ese penal.
En sus declaraciones, también aludió a ciertos internos reconocidos como líderes de estructuras ilegales, entre ellos alias “Douglas”, “Carlos Pesebre” y “Lindolfo”, quienes actualmente participan en espacios de diálogo con el Gobierno nacional en el marco de la denominada mesa sociojurídica del Valle de Aburrá.
Según la concejal, estos internos tendrían acceso a condiciones diferenciadas y privilegios que deberían ser objeto de revisión por parte de los órganos de control.
El caso ha despertado inquietud en distintos sectores institucionales, ya que pone en cuestión los estándares de seguridad y vigilancia en uno de los recintos penitenciarios con mayor nivel de custodia en el país.
La evasión de un interno con antecedentes graves, y con una nueva acusación pendiente por delitos de alto impacto, ocurre en un contexto sensible por los diálogos de paz y negociaciones con organizaciones armadas, donde varios actores recluidos cumplen un rol en escenarios de construcción de acuerdos con el Ejecutivo.
Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) no ha entregado un pronunciamiento detallado sobre los hechos.
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