Juicio contra Álvaro Uribe: alegatos finales de la defensa esta semana, trámite y argumentos de las partes

Después de más de cuatro años de investigaciones, audiencias preparatorias, acusaciones cruzadas y una extensa controversia política y judicial, el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal ha entrado en su etapa decisiva.

Durante las últimas semanas, las partes intervinientes —Fiscalía, víctimas, defensa y Procuraduría— presentaron ante la jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Heredia, sus alegatos de conclusión.

Cada uno de estos alegatos constituyó una reconstrucción de lo que las partes consideran probado a lo largo del juicio, y ofrecieron una interpretación opuesta sobre los hechos, las pruebas practicadas y las responsabilidades penales.

Mientras que la Fiscalía solicitó condena, la defensa pidió la absolución y denunció una persecución política. La Procuraduría, por su parte, se alineó con los planteamientos exculpatorios. Las víctimas directas del proceso insisten en que los hechos constituyen una maniobra deliberada para engañar a la administración de justicia.

Un proceso penal que se originó en una denuncia interpuesta por el propio Álvaro Uribe Vélez en 2012 contra el entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de haber manipulado a exparamilitares para que declararan en su contra.

La Corte Suprema, sin embargo, decidió no abrir investigación contra Cepeda y, en su lugar, abrió una indagación formal contra Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

En 2020, Uribe renunció al Senado, lo que ocasionó un cambio de jurisdicción y el paso del proceso a la justicia ordinaria.

La Fiscalía de Francisco Barbosa intentó cerrar el caso en varias ocasiones, pero las solicitudes de preclusión fueron rechazadas por diferentes jueces. Finalmente, en abril de 2024, la Fiscalía decidió acusarlo formalmente y llevar el caso a juicio.

La Fiscalía: determinación delictiva desde la sombra

Durante sus alegatos finales, la fiscal Marlene Orjuela presentó una línea argumentativa orientada a demostrar que Álvaro Uribe Vélez fue el determinador —es decir, quien dio la orden o promovió la conducta delictiva— en los actos de soborno a testigos que ejecutó su entonces abogado Diego Cadena.

Según la Fiscalía, Uribe habría influido directa e indirectamente en el ofrecimiento de beneficios jurídicos y pagos a exparamilitares con el propósito de que modificaran sus declaraciones o mintieran a favor del expresidente ante la Corte Suprema.

Entre las pruebas consideradas clave por la Fiscalía figuran interceptaciones telefónicas autorizadas por la Corte en las que se evidenciaría que Uribe conocía las gestiones que realizaba Cadena.

Lea también: (Duque responde a Petro tras críticas al FMI: “¡Les quedó grande gobernar!”)

La Fiscalía considera que dichos audios, sumados a declaraciones de testigos y registros documentales, permiten inferir con alto grado de probabilidad la existencia del dolo por parte del acusado.

“El doctor Uribe utilizó su influencia para encubrir una estrategia que buscaba inducir en error a la administración de justicia mediante testimonios fabricados”, sostuvo la fiscal Orjuela durante su intervención, en la que solicitó condena por ambos delitos imputados.

Las víctimas: una estrategia concertada para burlar la justicia

El abogado Miguel Ángel del Río, quien actúa como representante de las víctimas reconocidas en el proceso, entre ellas el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, reforzó la tesis de la Fiscalía al calificar los hechos como un plan sistemático para engañar a la justicia mediante la alteración de declaraciones.

Según su exposición, no se trató de acciones aisladas, sino de una “construcción criminal deliberada”, cuyo objetivo era neutralizar testimonios que afectaban la imagen y la responsabilidad penal de Uribe en casos vinculados con paramilitarismo.

Del Río insistió en que los pagos y beneficios ofrecidos no pueden interpretarse como gestos humanitarios ni como una estrategia de defensa legítima, ya que estaban dirigidos a condicionar el contenido de los testimonios.

“El poder del acusado no le otorga licencia para manipular la verdad ni para instrumentalizar el aparato judicial”, afirmó el abogado, quien también cuestionó el respaldo institucional que ha recibido Uribe por parte de sectores del Ministerio Público.

La Procuraduría: insuficiencia probatoria para una condena

En contraste con la postura de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegado Javier Sarmiento, solicitó a la jueza una sentencia absolutoria.

Para el Ministerio Público, no se logró demostrar, más allá de toda duda razonable, que el expresidente hubiera tenido conocimiento directo ni participación activa en las supuestas presiones a testigos.

La Procuraduría argumentó que no se puede responsabilizar penalmente a Uribe por los actos de su abogado defensor si no existen pruebas directas que vinculen su voluntad con los hechos.

En particular, el Ministerio Público cuestionó la validez interpretativa de las interceptaciones, así como la supuesta “subjetividad” de los testigos, que —a su juicio— fueron influenciados por sesgos ideológicos y conflictos de intereses.

La defensa: persecución política y ausencia de dolo

Los abogados defensores Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya,  quienes durante esta semana tendrán un amplio espacio, entre este martes al viernes, para presentar sus alegatos en conclusión han planteado diversos argumentos jurídicos centrales para que no se condene al exmandatario de Colombia.

En concreto,  una tesis centrada en la presunción de inocencia y la falta de tipicidad penal. Según Granados, no existe prueba concluyente de que Álvaro Uribe haya instruido o autorizado a Diego Cadena para ofrecer prebendas o inducir declaraciones falsas.

A lo largo del caso, los defensores ha insistido en que las gestiones de Cadena ante exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez fueron parte de una estrategia de defensa técnica y legal, y que los ofrecimientos económicos respondieron a “ayudas humanitarias” frente a condiciones carcelarias precarias.

Asimismo, sostuvo que el proceso ha sido objeto de lo que denominó un “lawfare” o persecución judicial motivada por intereses políticos, en la que se ha distorsionado la conducta del expresidente con fines mediáticos. “Mi defendido ha comparecido a cada diligencia, ha colaborado con las autoridades y no ha intentado evadir la justicia. Exigimos que se respete su derecho a un juicio justo, libre de prejuicios ideológicos”, ha dicho Granados.

Estos y otros argumentos de fondo serán expuestos durante los cuatro días que la juez dispuso para la defensa.

Tras escuchar los alegatos de las partes, la jueza Sandra Heredia se apresta a emitir una sentencia par la que tiene plazo por términos hasta el mes de octubre.

Otras noticias