JEP señala que Luis Pérez estaba “plenamente informado” de operaciones militares en la Comuna 13 de Medellín

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que el exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez estaba “plenamente informado” sobre lo que ocurría en la Comuna 13 durante las operaciones militares y policiales desarrolladas entre 2001 y 2004. La jurisdicción compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que evalúen posibles responsabilidades del exmandatario por los hechos investigados.

El señalamiento fue realizado por el magistrado Gustavo Salazar Arbeláez durante la presentación de la decisión correspondiente al subcaso Antioquia 1 del Caso 08, relacionado con los crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en asociación con estructuras paramilitares en Medellín y sectores aledaños.

Según explicó el magistrado, Pérez Gutiérrez recibía información de las autoridades militares y policiales que intervenían en la ciudad, particularmente de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Le va a interesar (Licencia de conducción por puntos en Colombia: así podrían quitarle el pase por cometer infracciones)

La JEP examinó la participación del entonces alcalde en los consejos de seguridad y de gobierno, así como su intervención en el diseño de las políticas de seguridad y convivencia durante su administración, que se extendió entre 2001 y 2003.

Salazar Arbeláez manifestó que las pruebas recopiladas por la jurisdicción permitieron establecer que el exmandatario tenía conocimiento de los acontecimientos relacionados con las intervenciones de la Fuerza Pública en esa zona de Medellín.

Durante su testimonio, Pérez Gutiérrez sostuvo que desconocía detalles de algunas operaciones o que recibía información después de su ejecución. Sin embargo, el magistrado indicó que esa versión fue puesta en duda a partir de las reuniones institucionales y las declaraciones de otros comparecientes.

De acuerdo con la explicación del magistrado, varias de las personas escuchadas durante la investigación señalaron que el alcalde había recibido información sobre las actuaciones de las autoridades militares y policiales.

La determinación de remitir copias a los organismos de control y de investigación no constituye una condena contra Pérez Gutiérrez ni equivale a una imputación penal en su contra. La decisión comunicada por la JEP corresponde al traslado de información para que las autoridades competentes examinen los hechos dentro de sus respectivas funciones.

El pronunciamiento sobre el exalcalde se produjo en el marco de la decisión anunciada el 30 de octubre de 2026, mediante la cual la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a doce antiguos integrantes de la Fuerza Pública, ocho del Ejército Nacional y cuatro de la Policía, por hechos ocurridos en la Comuna 13 y sectores vecinos.

Entre los oficiales señalados figuran el general retirado Mario Montoya Uribe, quien comandó la Cuarta Brigada del Ejército, y el general retirado José Leonardo Gallego Castrillón, antiguo comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. La jurisdicción les atribuyó responsabilidad por omisión frente a los crímenes investigados.

La Sala estableció que entre 2001 y 2004 se desarrolló un patrón macrocriminal que involucró a integrantes de instituciones estatales y estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara, organización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que estuvo bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como “Don Berna”.

De acuerdo con la investigación judicial, ese patrón incluyó la identificación de habitantes de la Comuna 13 como presuntos integrantes o colaboradores de las milicias urbanas, así como acuerdos de colaboración y no agresión entre miembros de la Fuerza Pública y organizaciones paramilitares.

Le sugerimos leer (Yeison López, campeón y récord mundial en arranque en el Mundial de Pesas de China)

La JEP determinó que estas actuaciones estuvieron relacionadas con homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecución contra la población civil.

Entre los elementos examinados se encuentran las operaciones Mariscal y Orión, ejecutadas durante 2002, cuando la Comuna 13 era escenario de enfrentamientos entre la Fuerza Pública, milicias urbanas de organizaciones guerrilleras y estructuras paramilitares que buscaban controlar el territorio.

La Operación Mariscal se desarrolló el 21 de mayo de 2002. Según la JEP, durante esa intervención murieron nueve personas, entre ellas cuatro menores de edad, y más de treinta civiles resultaron heridos.

La jurisdicción también documentó 41 capturas durante esa operación, de las cuales solamente cuatro derivaron en procesos judiciales, mientras que las otras 37 personas recuperaron la libertad.

La Operación Orión comenzó el 16 de octubre de 2002 y contó con la participación de unidades militares y policiales. La investigación de la JEP estableció que durante su desarrollo se cometieron violaciones a los derechos humanos y que, después de la intervención, el Bloque Cacique Nutibara consolidó su presencia en distintos sectores de la Comuna 13.

La Sala documentó que integrantes de organizaciones paramilitares participaron como informantes y guías de unidades oficiales durante algunas operaciones. También encontró mecanismos de intercambio de información sobre personas señaladas de pertenecer o colaborar con grupos insurgentes.

Entre los antiguos integrantes de estructuras paramilitares identificados por la investigación aparece Joaquín Javier Tuberquia Valle, conocido como “El Indio”, quien reconoció haber participado como guía durante cinco días en la Operación Orión por instrucciones de sus superiores.

La investigación judicial también identificó la participación de otros informantes vinculados con estructuras paramilitares, entre ellos Marlon Andrés Castañeda Higuita, conocido como “El Gomelo”, y Euries Arturo Roldán Peláez, alias “Tilín”.

La JEP estableció que el intercambio de información entre integrantes de la Fuerza Pública y organizaciones paramilitares permitió identificar personas que posteriormente fueron víctimas de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento.

La Sala de Reconocimiento estableció un universo provisional de 951 hechos victimizantes que afectaron a 891 personas entre 2001 y 2004. Dentro de esos registros identificó 87 víctimas de desaparición forzada, 80 de homicidio, 289 de desplazamiento forzado, 74 hechos de lesiones personales, 34 de tortura, siete de violencia sexual y 380 víctimas de privaciones graves de la libertad. Algunas personas sufrieron más de una conducta criminal.

Para reconstruir los acontecimientos, la JEP realizó 150 diligencias judiciales, entre ellas 79 versiones voluntarias de integrantes de la Fuerza Pública y 71 testimonios de víctimas, antiguos integrantes de organizaciones paramilitares y funcionarios públicos.

También inspeccionó 200 expedientes relacionados con homicidios y desapariciones forzadas, además de archivos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

La investigación incluyó documentos de Metroseguridad, entidad vinculada con la administración municipal durante el gobierno de Pérez Gutiérrez. La JEP examinó información sobre convenios de seguridad, recursos públicos, fuentes humanas, gastos reservados y pagos de recompensas.

Dentro de los asuntos relacionados con la actuación del exalcalde, la decisión judicial también examinó las circunstancias en las que se realizaron pagos a informantes vinculados con organizaciones paramilitares, así como el manejo de recursos destinados a las actividades de seguridad.

Otro de los hechos abordados corresponde a las desapariciones forzadas y al hallazgo de cuerpos en el corregimiento de San Cristóbal. La jurisdicción examinó actuaciones institucionales relacionadas con el manejo de restos humanos y la información disponible sobre personas desaparecidas durante los años investigados.

La JEP también cuestionó la ausencia de actuaciones del entonces alcalde frente a los hechos documentados durante la Operación Mariscal, particularmente por las víctimas civiles y las denuncias relacionadas con la intervención de las autoridades.

En relación con la Operación Orión, la investigación incorporó declaraciones de antiguos oficiales que señalaron que Pérez Gutiérrez había recibido información sobre las intervenciones previstas en la Comuna 13.

Entre esas versiones figura la del general retirado José Leonardo Gallego Castrillón, quien manifestó ante la jurisdicción que el alcalde tenía conocimiento de las actuaciones de la Fuerza Pública y había solicitado intervenciones de las autoridades en esa zona de Medellín.

La JEP también examinó las declaraciones del coronel retirado Juan Armando René Cadena Montenegro sobre la participación de autoridades municipales en reuniones relacionadas con las operaciones de seguridad.

La investigación determinó, además, que después de la Operación Orión continuaron los homicidios, las desapariciones forzadas y los desplazamientos en sectores donde el Bloque Cacique Nutibara consolidó su control territorial.

En materia de desapariciones, la jurisdicción identificó un sistema de inhumación clandestina que comprendía lugares como La Escombrera, El Cebollal, Cerro Doce Apóstoles y La Palomera, utilizados por estructuras paramilitares para ocultar los cuerpos de sus víctimas.

La Sala reunió información sobre al menos 38 víctimas de desaparición forzada cuyos cuerpos habrían sido ocultados en ese sistema de lugares durante 2002 y 2003. De ellas, 28 estaban plenamente identificadas en los registros de la investigación y diez permanecían pendientes de identificación.

La JEP también documentó la desaparición de Arles Edison Guzmán Medina, ocurrida el 30 de noviembre de 2002 en el barrio 20 de Julio, después de que fuera retenido por integrantes del Bloque Cacique Nutibara. Este caso fue objeto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano.

Otras noticias