Jennifer Pedraza cuestiona a Petro por continuidad de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza le pidió al presidente Gustavo Petro pronunciarse sobre la permanencia de Juliana Guerrero como representante del Gobierno en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, tras conocerse que la Fiscalía General de la Nación le imputará cargos por presuntas irregularidades en la obtención de títulos académicos.

El pronunciamiento de la congresista se dio luego de que el ente acusador anunciara que imputará a Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un caso que se remonta a una denuncia presentada por Pedraza en noviembre de 2025. En esa ocasión, la parlamentaria alertó sobre la expedición de títulos por parte de la Fundación Universitaria San José a personas que no habrían cumplido los requisitos legales para graduarse.

Tweet: https://twitter.com/jenniferpedraz/status/2020996543025905769?s=48&t=NI3W3BMsK5wuhSz-IwO4bA

Para Pedraza, la decisión del Gobierno frente a la continuidad de Guerrero en ese cargo es clave en un país marcado por la impunidad. La congresista cuestionó que, pese a las investigaciones en curso, la delegada del Ejecutivo siga vinculada al máximo órgano directivo de la universidad pública en el Cesar, y aseguró que este caso refleja un problema estructural más amplio.

De acuerdo con la información revelada en la investigación, Guerrero habría obtenido el título de Contaduría Pública sin asistir a clases y sin presentar la prueba Saber Pro, un requisito obligatorio establecido por el Ministerio de Educación. En el mismo proceso judicial también será imputado Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, quien habría avalado la expedición del título.

Lea también: (Colombia Humana respalda a Gloria Flórez y niega maniobra para excluir a Iván Cepeda de la consulta de la izquierda)

Pedraza sostuvo que las responsabilidades no se limitan a dos personas y pidió a la Fiscalía ampliar la investigación a los directivos de la institución educativa. Según la denuncia, al menos 779 títulos habrían sido expedidos de manera irregular en los últimos meses, lo que sugiere una práctica sistemática.

La representante también cuestionó una comunicación reciente de la Presidencia, en la que se argumenta que no existe vulneración a la moralidad pública que justifique la salida de Guerrero del Consejo Superior de la Unicesar. Para la congresista, ese mensaje contradice el discurso anticorrupción del Gobierno y envía una señal equivocada frente a la gravedad de los hechos investigados.

Otras noticias