Corte Constitucional se abstuvo de definir quién debe investigar a Álvaro Uribe por masacre de La Granja y el Aro

La Corte Constitucional se abstuvo de definir si las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez deben continuar en la Fiscalía General de la Nación o pasar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria de la Sala Plena, que estudió el conflicto de competencias planteado entre la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación, ambas autoridades enfrentadas por la competencia para adelantar las investigaciones.

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Según el alto tribunal, no se cumplieron dos de los presupuestos jurídicos exigidos para resolver este tipo de controversias: el objetivo y el normativo. Por esa razón, se declaró inhibido y no entró a analizar de fondo cuál entidad debe asumir el expediente.

De acuerdo con la Corte, para que exista un conflicto de jurisdicciones o competencias susceptible de resolución deben cumplirse tres requisitos. 

El primero, denominado subjetivo, exige que participen autoridades facultadas para administrar justicia y promover el conflicto. El segundo, conocido como objetivo, requiere que exista una causa judicial concreta sobre la cual recaiga la disputa. Finalmente, el presupuesto normativo exige que las autoridades expongan de manera clara los fundamentos constitucionales o legales por los cuales consideran que deben asumir o rechazar el conocimiento del proceso.

Tras revisar el caso, la Sala Plena concluyó que no estaban plenamente acreditados los presupuestos objetivo y normativo, lo que impidió emitir una decisión de fondo.

La controversia surge por la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, relacionada con presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, en hechos vinculados con la actuación de estructuras paramilitares en Antioquia.

Entre los episodios que hacen parte de las indagaciones está las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas en el municipio de Ituango, así como el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.

El debate jurídico se centra en determinar si los hechos investigados corresponden al periodo en que Álvaro Uribe Vélez se desempeñó como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, o si tuvieron una prolongación posterior que alcanzó años en los que ya ejercía la Presidencia de la República.

La Fiscalía sostiene que parte de las conductas investigadas se remontan a la etapa en la que Uribe era gobernador, mientras que la Comisión de Investigación y Acusación considera que algunos hechos habrían tenido continuidad hasta 2003, cuando ya era mandatario.

Precisamente, esa diferencia de interpretación es la que llevó al Congreso a reclamar el conocimiento del expediente, bajo el argumento de que el fuero presidencial tendría incidencia en la autoridad competente para investigar esos hechos.

No obstante, la decisión de la Corte Constitucional no resolvió ninguno de esos planteamientos. 

Tampoco se pronunció sobre la responsabilidad penal del expresidente, ni sobre la existencia de los delitos que son materia de investigación.

La determinación simplemente implica que el tribunal consideró que no estaban reunidas las condiciones jurídicas necesarias para pronunciarse sobre el conflicto de competencias.

Con esta determinación, el proceso continuará, por ahora, en la Fiscalía General de la Nación, organismo que venía recopilando el material probatorio y adelantando las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades del exmandatario.

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