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Gustavo Petro se retractó por llamar a periodistas “muñecas de la mafia”
El presidente cumplió una orden de la Corte Constitucional y ofreció excusas públicas por las declaraciones que hizo en 2024 contra mujeres periodistas durante un acto oficial.
El presidente Gustavo Petro se retractó públicamente este martes de las declaraciones que realizó en agosto de 2024 contra periodistas del país, cuando utilizó expresiones como “las periodistas del poder” y “las muñecas de la mafia”, palabras que desataron una fuerte controversia y críticas de organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
La retractación se produjo durante la transmisión del consejo de ministros, escenario que el mandatario aprovechó para cumplir con la orden emitida por la Corte Constitucional, tribunal que concluyó que sus afirmaciones vulneraron derechos fundamentales de las mujeres periodistas.
Antes de leer el mensaje de excusas, Petro aseguró que sus declaraciones no estaban dirigidas a todas las periodistas. “No hablé de todas sino de una, que después fue candidata presidencial”, afirmó. También señaló que, aunque el fallo establecía que la retractación debía hacerse mediante una alocución presidencial, existían restricciones legales frente a ese formato.
“Acatamos, eso no significa no criticar”, expresó el jefe de Estado durante su intervención.
Posteriormente, leyó el mensaje ordenado por el alto tribunal: “Retiro formalmente de mi voz pública esas afirmaciones, las mujeres periodistas no son muñecas de la mafia, son ciudadanas autónomas, les ofrezco mis excusas”.
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La polémica se originó el 30 de agosto de 2024 durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, evento en el que el mandatario lanzó las expresiones que posteriormente fueron cuestionadas por distintos sectores.
En la sentencia, la Corte Constitucional concluyó que las declaraciones excedieron los límites de la libertad de expresión al haber sido emitidas desde un escenario institucional y por parte de un funcionario con alta visibilidad pública. Además, advirtió que los señalamientos contribuyeron a reforzar estereotipos y formas de violencia de género contra las mujeres periodistas, especialmente en entornos digitales.
El fallo también recordó que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad especial sobre el impacto de sus discursos, particularmente cuando estos pueden afectar derechos fundamentales o poner en riesgo el ejercicio periodístico.
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