Fiscalía imputará a Roberto Prieto, hombre clave de Juan Manuel Santos

La Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de imputación al exgerente de la campaña presidencial de reelección de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto Uribe, dentro de una investigación relacionada con presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht a la campaña electoral de 2014.

El ente acusador le atribuirá, de manera preliminar, los delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal, al considerar que un pago por un millón de dólares destinado a la realización de una encuesta política no fue reportado ante las autoridades electorales, pese a que la campaña posteriormente obtuvo recursos estatales por concepto de reposición de votos.

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La actuación judicial reabre uno de los capítulos que permanecían pendientes dentro del escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia. Prieto ya había enfrentado un proceso penal diferente, por el que fue condenado a cinco años de prisión tras aceptar haber utilizado su influencia ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para favorecer intereses relacionados con el proyecto vial Ruta del Sol.

Ahora, la Fiscalía concentra su atención en la financiación de la campaña presidencial de 2014 y en la forma como fueron registradas sus cuentas oficiales.
Según la investigación, el origen de esta nueva imputación se encuentra en información recopilada durante las pesquisas sobre los pagos irregulares realizados por Odebrecht en distintos países de América Latina.

La documentación fue consolidada por el Grupo de Análisis para el Caso Odebrecht (Graco), cuyo informe, fechado el 2 de agosto de 2023, fue retomado por un grupo especial de fiscales que decidió reactivar el expediente y compulsar copias para avanzar en la investigación.

El caso también ha despertado interés de las autoridades estadounidenses, que desde hace varios meses han solicitado información a Colombia sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la multinacional brasileña, protagonista de uno de los mayores escándalos internacionales de sobornos y corrupción empresarial.

De acuerdo con el documento de imputación, la Fiscalía sostiene que, durante la campaña presidencial de 2014, se habría recibido un aporte económico equivalente a un millón de dólares proveniente de la Constructora Norberto Odebrecht.

Ese dinero habría sido utilizado para financiar estudios de opinión y seguimiento de la candidatura presidencial, sin que el ingreso fuera reportado al Consejo Nacional Electoral (CNE), como exigen las normas que regulan la financiación de campañas políticas.

El ente investigador señala que los recursos ingresaron los días 26 de marzo y 28 de abril de 2014 y correspondían a un servicio de investigación destinado a medir la evolución de la candidatura presidencial y la percepción ciudadana sobre el entonces candidato Juan Manuel Santos durante la contienda electoral.

La Fiscalía sostiene que ese aporte tenía un valor económico determinado y debía formar parte de la contabilidad oficial de la campaña, independientemente de que hubiera sido entregado mediante la contratación directa de un servicio y no mediante una transferencia de dinero a las cuentas oficiales.

Las investigaciones indican que el estudio de opinión conocido posteriormente como "la encuesta del millón de dólares" habría sido contratado mediante la firma Paddington Ventures y financiado por la denominada División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, considerada por diferentes investigaciones internacionales como la dependencia encargada de ejecutar pagos clandestinos y sobornos en diversos países.

Según los hallazgos recopilados durante las investigaciones internacionales, los desembolsos fueron canalizados mediante sociedades constituidas en jurisdicciones extranjeras. Entre ellas aparecen Kleinfeld Limited e Innovation Research Engineering and Development, compañías registradas en Antigua que, de acuerdo con los expedientes judiciales, fueron utilizadas para realizar operaciones financieras destinadas a dificultar el rastreo del origen de los recursos.

La Fiscalía considera que el supuesto aporte nunca fue registrado en los informes oficiales de ingresos y gastos entregados al Consejo Nacional Electoral tanto para la primera como para la segunda vuelta presidencial.

Esa omisión, según la hipótesis del ente acusador, habría permitido ocultar que la campaña superó los límites máximos de financiación establecidos mediante la Resolución 289 de 2014 expedida por la autoridad electoral.

La investigación sostiene que la ausencia de ese registro habría inducido en error a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, quienes aprobaron las cuentas oficiales de la campaña y autorizaron el reconocimiento del derecho a la reposición estatal de votos, beneficio económico previsto para las campañas que cumplen las exigencias legales en materia de financiación y rendición de cuentas.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la aprobación de esas cuentas permitió que posteriormente la Registraduría Nacional del Estado Civil efectuara los pagos correspondientes a la reposición de gastos electorales.

El documento conocido dentro de la investigación establece que para la primera vuelta presidencial fueron reconocidos 6.576 millones de pesos y para la segunda vuelta 9.468 millones de pesos, recursos que suman aproximadamente 16.045 millones de pesos. El desembolso fue realizado el 26 de diciembre de 2014.

La Fiscalía sostiene que esos pagos estatales no habrían debido efectuarse si el Consejo Nacional Electoral hubiese conocido la totalidad de los recursos utilizados durante la campaña, pues la inclusión del aporte atribuido a Odebrecht habría implicado, según la hipótesis investigativa, el incumplimiento de las normas sobre topes de financiación electoral.

Este nuevo proceso revive además algunos elementos probatorios que fueron divulgados durante las primeras investigaciones del caso Odebrecht.

Entre ellos aparecen grabaciones de conversaciones sostenidas por Roberto Prieto con personas cercanas al entonces presidente Juan Manuel Santos.

En uno de esos audios, conocido durante el desarrollo de las investigaciones, Prieto reconocía que Odebrecht había financiado la impresión de aproximadamente dos millones de afiches para la campaña presidencial y manifestaba que esos elementos no habían sido reportados oficialmente.

Otra grabación, ampliamente divulgada durante el escándalo, corresponde a una conversación entre Prieto y Enrique Rivera, quien para ese momento se desempeñaba como secretario privado del entonces presidente Santos.

En ese diálogo, Prieto expresaba su intención de asumir responsabilidades políticas para evitar que las investigaciones comprometieran directamente al mandatario.

Aunque esas grabaciones hicieron parte del contexto del escándalo Odebrecht, la nueva imputación anunciada por la Fiscalía se concentra específicamente en el presunto ocultamiento del aporte destinado a financiar la encuesta y en las consecuencias jurídicas que, según el ente acusador, produjo esa omisión frente al reconocimiento de recursos públicos.

La defensa de Roberto Prieto rechazó los señalamientos formulados por la Fiscalía y cuestionó la decisión de reabrir la investigación.

Su abogado, Jesús Albeiro Yepes, sostuvo que los hechos eran conocidos por las autoridades judiciales desde 2017 y afirmó que en ese momento la Fiscalía decidió no formular cargos relacionados con esta conducta.

El defensor calificó como contradictoria la nueva actuación judicial y aseguró que la citación resulta improcedente porque, según su interpretación, los mismos hechos fueron analizados años atrás durante otras investigaciones adelantadas contra su cliente.

La defensa también negó que Prieto hubiera conocido la contratación de la encuesta financiada por Odebrecht o que hubiese participado en acuerdos relacionados con su realización.

Según esa versión, el exgerente de campaña nunca intervino en la contratación del estudio ni tuvo conocimiento de que la constructora brasileña hubiera asumido ese gasto.

El abogado agregó que el costo de esa encuesta nunca fue recibido ni administrado por la gerencia financiera de la campaña y, por esa razón, sostuvo que no podía ser registrado dentro de la contabilidad oficial presentada ante las autoridades electorales.

Asimismo, argumentó que no existe fundamento jurídico para responsabilizar penalmente al gerente de una campaña por actuaciones realizadas directamente por una empresa privada, señalando que los propios directivos de Odebrecht explicaron en sus declaraciones cuál era el propósito de la encuesta y que, según esa versión, nunca la identificaron como un aporte oficial a la campaña presidencial.

Con la audiencia de imputación que deberá programarse en los próximos días, la Fiscalía buscará formalizar la investigación penal contra Roberto Prieto por los delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal.

En esa diligencia no se definirá su responsabilidad penal, sino que se comunicarán oficialmente los cargos que el ente acusador considera sustentados con los elementos probatorios recopilados hasta el momento, mientras el proceso continúa en las siguientes etapas previstas por la legislación penal colombiana.

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