Gobierno Petro y disidencias de la Segunda Marquetalia reanudan diálogos de paz tras crisis en la mesa

El Gobierno nacional y una de las estructuras disidentes de las antiguas Farc anunciaron la reactivación de la mesa de diálogos de paz, luego de un periodo de tensión que llevó a las partes a declarar el proceso en una situación crítica.

La decisión se formalizó tras una reunión extraordinaria desarrollada en Bogotá los días 26 y 27 de marzo de 2026, en la que se revisaron los avances, obstáculos y condiciones necesarias para continuar con el séptimo ciclo de conversaciones.

De acuerdo con el acta suscrita al término del encuentro, el Ejecutivo y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), facción vinculada a la Segunda Marquetalia, acordaron retomar las actividades del proceso y fijaron nuevas acciones orientadas a sostener la negociación.

Entre los compromisos adoptados se encuentra la implementación de una Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo, así como la reanudación formal del séptimo ciclo de diálogos, prevista para los días 12 y 13 de abril.

El reinicio de las conversaciones se produce en un contexto marcado por hechos que alteraron el curso del proceso.

A mediados de marzo fue asesinado Alexander Rondón, delegado de la CNEB ante la mesa de negociación, situación que motivó la declaratoria de “estado crítico” y obligó a suspender temporalmente las actividades.

En el documento conjunto, las delegaciones manifestaron su rechazo frente a ese homicidio y expresaron condolencias a los familiares del representante insurgente.

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En la misma comunicación, las partes también hicieron referencia al accidente aéreo de un avión Hércules C-130 ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó un saldo de 69 personas fallecidas y 57 heridas.

Las delegaciones transmitieron un mensaje de solidaridad dirigido a las Fuerzas Militares y a los afectados por el siniestro.

Como parte de la hoja de ruta acordada, el funcionamiento de la ZUT en Putumayo dependerá de las condiciones logísticas y de infraestructura necesarias para su instalación.

Este espacio ha sido concebido como un mecanismo para concentrar a integrantes del grupo armado y facilitar procesos de transición en territorios con presencia de economías ilícitas y estructuras armadas.

El acta precisa que el traslado de los miembros de la CNEB hacia dicha zona se realizará una vez se completen las labores de adecuación del terreno destinado para su ubicación.

En ese sentido, las delegaciones indicaron que la puesta en marcha de la ZUT está sujeta al cumplimiento de estas condiciones previas, consideradas indispensables para su operación.

Dentro del cronograma establecido, también se contempla una visita conjunta el 11 de abril a la región de la Laguna de Chimbuza, en zona rural del municipio de Roberto Payán, en el departamento de Nariño.

En esta actividad participarán representantes de ambas delegaciones, funcionarios de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y observadores internacionales.

El objetivo será verificar el estado de los programas de erradicación y sustitución voluntaria de cultivos, así como evaluar su implementación en terreno.

El proceso de reactivación no ha estado exento de controversias. Uno de los puntos que generó mayor discusión durante las consultas fue la situación de Geovanny Andrés Rojas, conocido como alias Araña.

Según fuentes cercanas al proceso, la CNEB cuestionó el incumplimiento de un compromiso relacionado con su eventual traslado a la ZUT en Putumayo.

En etapas previas de la negociación, el Gobierno habría manifestado disposición para permitir dicho traslado una vez la zona estuviera en funcionamiento.

No obstante, en las discusiones más recientes se planteó que no existen condiciones para ejecutar esa decisión en el corto plazo.

Este cambio de posición generó inconformidad dentro de la delegación insurgente.

La definición sobre el futuro de Rojas, incluida la posibilidad de su traslado a la ZUT o una eventual extradición a Estados Unidos, quedó en manos del presidente de la República, Gustavo Petro, conforme a lo consignado en el acta firmada el 27 de marzo en Bogotá.

Los compromisos alcanzados fueron formalizados por el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa García, y el representante de la disidencia, Andrés Guerrero, quienes suscribieron el documento que recoge las conclusiones de la reunión extraordinaria.

La participación de países garantes y de entidades técnicas como la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos ha sido señalada como un elemento de respaldo al proceso, tanto en términos de verificación como de acompañamiento institucional.

No obstante, los documentos recientes también evidencian dificultades internas en el desarrollo de las negociaciones.

Entre ellas se encuentra la ausencia de Walter Mendoza, jefe de la delegación de la disidencia, durante la reunión extraordinaria en Bogotá.

Asimismo, se han identificado tensiones relacionadas con el control territorial y el cumplimiento de compromisos por parte de los actores involucrados.

Otro de los aspectos abordados en las consultas fue la eventual incorporación de estructuras conocidas como Comandos de Frontera a la ZUT en el Valle del Guamuez.

Aunque se registraron avances en esta materia, su implementación depende de decisiones posteriores del Ejecutivo, particularmente en lo que respecta a la situación jurídica de determinados líderes.

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