Gobierno Petro prorrogará emergencia económica para asegurar $16,3 billones

El Gobierno nacional se prepara para prorrogar la emergencia económica que fue declarada a finales de 2025, con el objetivo de enfrentar el déficit de recaudo generado por la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la ley de financiamiento.

Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien aseguró que se están ultimando los decretos necesarios para garantizar los recursos faltantes y dar continuidad a las medidas extraordinarias adoptadas hasta ahora.

Ya se agotaron los primeros 30 días de la emergencia económica y, para darle continuidad, es necesario expedir previamente una declaratoria de prórroga o, en su defecto, una nueva emergencia”, señaló el jefe de la cartera, quien recordó que el Gobierno cuenta con un margen de hasta 90 días para mantener vigentes estas medidas mientras encuentra salidas estructurales al hueco fiscal.

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La decisión ocurre en medio de crecientes cuestionamientos políticos y jurídicos, dado que la actual declaratoria de emergencia está siendo revisada por la Corte Constitucional.

No obstante, el ministro Ávila dejó claro que el Ejecutivo cuenta con alternativas en caso de que el alto tribunal anule los decretos.

“En varias ocasiones nos han preguntado cuál es el plan B, y normalmente preferimos no hablar de un plan B cuando aún estamos ejecutando el plan A. Pero, como ocurrió con la ley de financiamiento, si hay una decisión política que no responde a criterios técnicos, contaremos con opciones alternativas”, puntualizó.

$4 billones todavía en el aire

De los $16,3 billones que se esperaba recaudar con la ley de financiamiento anulada, el Gobierno ha asegurado hasta ahora cerca de $12 billones a través de los decretos emitidos en el marco de la emergencia económica. Aún queda un faltante de aproximadamente $4 billones, por lo que el Ministerio de Hacienda evalúa nuevas medidas para cubrir ese hueco.

“El faltante que no se logre garantizar mediante nuevos ingresos tributarios implicaría necesariamente una reducción del presupuesto”, advirtió Ávila, dejando abierta la posibilidad de ajustes fiscales o nuevos tributos que se sumarían a los ya establecidos.

Durante la vigencia inicial de la emergencia económica, el Gobierno ya implementó una serie de cambios tributarios que han tenido impacto en sectores estratégicos del consumo.

Uno de los más importantes fue la modificación al impuesto al patrimonio, reduciendo el umbral mínimo de 72.000 UVT a 40.000 UVT —unos $2.000 millones—, lo que amplió el universo de personas naturales y jurídicas obligadas a declarar y pagar este tributo.

Asimismo, se aumentaron los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas y tabaco. Vinos, aguardientes y otros licores pasaron de tener una tarifa preferencial del 5% a la tarifa general del IVA del 19%, mientras que el impuesto a los cigarrillos por cajetilla se elevó de $4.000 a más de $10.000, según información del sector.

A esto se suman nuevas cargas fiscales sobre productos con impacto ambiental y sanitario. Desde enero, rige el impuesto a plásticos de un solo uso y a productos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas. Según informó la Dian, estos nuevos tributos se liquidan con una periodicidad bimestral.

En juego: recorte presupuestal o más impuestos

Aunque la emergencia busca evitar un desfinanciamiento generalizado del presupuesto nacional de 2026, las implicaciones políticas, jurídicas y sociales son de amplio alcance. 

En caso de que no se logre asegurar el faltante de $4 billones mediante medidas tributarias, el Gobierno tendría que revisar sus partidas de gasto, lo que podría afectar sectores sensibles como inversión social, educación o infraestructura.

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