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Fracasa imputación contra Juliana Guerrero: no se conectó y Fiscalía retiró medida de aseguramiento
Es procesada por fraude procesal y falsedad en caso de diplomas adulterados. Ayer estuvo en elección de rector de Universidad del Cesar.
La audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, investigada por presuntas irregularidades en la obtención de su título universitario, volvió a enfrentar contratiempos este martes 10.
La diligencia judicial, convocada por la Fiscalía General de la Nación, registró un retraso de más de una hora luego de que la procesada no se conectara a la sesión virtual y solicitara su reprogramación argumentando que aún no ha contratado un abogado defensor de confianza.
Durante la diligencia, el ente acusador tenía previsto formular imputación por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, en un caso que involucra la expedición irregular de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.
Sin embargo, ante la ausencia de la procesada y su petición de aplazamiento, la audiencia no pudo avanzar en los términos previstos.
En ese contexto, la Fiscalía anunció que retiró la solicitud de medida de aseguramiento que inicialmente contemplaba dentro del proceso.
La diligencia judicial constituye el segundo intento de imputación dentro de este caso, que se convirtió en uno de los escándalos políticos y académicos más comentados del último año por su conexión con el Gobierno nacional y con presuntas irregularidades en la obtención de credenciales académicas.
El origen del caso: un título universitario bajo sospecha
La investigación de la Fiscalía se originó tras conocerse presuntas inconsistencias en el título de contadora pública que Guerrero presentó como parte de su hoja de vida. Según la investigación penal, el diploma habría sido expedido por la Fundación Universitaria San José sin que se cumplieran los requisitos legales para obtener el grado.
Uno de los puntos centrales del proceso es la no presentación del examen estatal Saber Pro, requisito obligatorio en Colombia para graduarse de un programa profesional. Registros del Icfes indicaron que Guerrero no había presentado la prueba al momento de recibir el título, lo que abrió la investigación sobre la validez del diploma.
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La Fiscalía también incluyó en la investigación a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la institución educativa, quien habría tenido participación en la expedición irregular de los títulos.
En medio de la controversia, la propia Fundación San José anunció que iniciaría el proceso para anular el título de Guerrero tras determinar que no se habían cumplido todos los requisitos académicos exigidos para el grado.
La polémica hoja de vida que detonó el escándalo
El caso se hizo público cuando la hoja de vida de Guerrero fue publicada en los portales oficiales del Gobierno como parte del proceso para su eventual designación como viceministra de Juventudes. El documento señalaba que era profesional en contaduría pública, lo que generó cuestionamientos sobre la autenticidad del título.
La primera denuncia pública sobre el caso fue impulsada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien cuestionó la legalidad del diploma y pidió investigar la expedición del título. Según la congresista, las evidencias apuntaban a que el documento académico no cumplía con los requisitos exigidos por la ley para obtener un grado profesional.
Juliana Guerrero se convirtió en una figura conocida en el entorno del poder durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, con quien ha mantenido cercanía política desde el movimiento estudiantil. Su ascenso dentro de la administración pública fue rápido y generó controversia en distintos sectores.
Además de su aspiración al Viceministerio de Juventudes, Guerrero tuvo vínculos con el Ministerio del Interior y fue identificada como una de las jóvenes con mayor influencia política dentro del entorno presidencial.
Su influencia quedó en evidencia este lunes 9 de marzo cuando movió sus fichas en la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar, donde fungía como delegada del Ejecutivo.
El caso de Guerrero se convirtió en la punta de lanza de una investigación más amplia sobre la expedición irregular de diplomas en la Fundación San José.
Informes y denuncias de congresistas indicaron que al menos 24 funcionarios y contratistas del Estado habrían obtenido títulos académicos en condiciones similares, algunos de los cuales habrían sido utilizados para acceder a cargos públicos.
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