Gobierno Petro prepara nuevas zonas de ubicación temporal para grupos armados

El Gobierno nacional avanza en la creación de nuevas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para varios grupos armados ilegales en el marco de la política de paz total impulsada por el presidente Gustavo Petro. Entre las estructuras que tendrían acceso a estos espacios figuran el Frente 33 de las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’, el Frente Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano y el Clan del Golfo.

La información se conoce en medio de la controversia entre el Gobierno y la Fiscalía General de la Nación por la negativa del ente acusador a suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, requisito que el Ejecutivo considera clave para avanzar en las negociaciones.

De acuerdo con información revelada por Noticias RCN y citada por Infobae, las ZUT ya tendrían ubicaciones definidas en varias regiones del país. En Mallama, Nariño, estaría ubicado el Frente Comuneros del Sur; mientras que en Tibú, Norte de Santander, se instalaría el espacio destinado al Estado Mayor de los Bloques y Frentes o Frente 33 de las disidencias asociadas a alias ‘Calarcá’.

La Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, por su parte, tendría áreas habilitadas en Roberto Payán, en Nariño, y Valle del Guamuez, Putumayo. Entretanto, el Clan del Golfo contaría con zonas en Tierralta, Córdoba, así como en Belén de Bajirá y Unguía, en el Pacífico colombiano.

Según el Gobierno, estos espacios permitirían facilitar los acercamientos y reuniones de los grupos armados sin riesgo de operaciones militares en su contra mientras avanzan las conversaciones de paz.

La estrategia ha generado polémica debido a que varios de los posibles beneficiarios tienen procesos judiciales pendientes e incluso solicitudes de extradición. Entre los nombres mencionados aparecen Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, señalado cabecilla del Clan del Golfo; Javier Velosa, alias ‘John Mechas’, del Frente 33; y Andrés Allende, de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano.

La discusión se intensificó luego de que la Fiscalía ratificara la vigencia de 29 órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo mediante la Resolución 0-142 de 2026. La fiscal general Luz Adriana Camargo sostuvo que las suspensiones solo procederán si se demuestra cumplimiento de compromisos como la entrega de armas, liberación de menores reclutados, colaboración para ubicar desaparecidos y cese de afectaciones a la población civil.

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Desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño, cuestionaron la postura de la Fiscalía y defendieron que la Ley 2272 de 2022 permite este tipo de medidas dentro de los procesos de negociación.

La controversia también involucra decisiones previas del Gobierno frente a solicitudes de extradición. Casos como los de Willington Henao, alias ‘Mocho Olmedo’, y Giovanni Rojas, alias ‘Araña’, habían sido autorizados por la Corte Suprema, pero sus entregas fueron suspendidas temporalmente por decisión presidencial mientras continúan los acercamientos con las estructuras armadas.

El Gobierno sostiene que la instalación de estas zonas es fundamental para mantener abiertos los canales de diálogo y avanzar en la desmovilización de grupos ilegales, mientras sectores políticos y judiciales advierten sobre posibles riesgos de impunidad y debilitamiento de la acción penal del Estado.

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